Señalan un nuevo ataque de Ayuso al sector del taxi a través de la «Ley Omnibus»

La Ley Omnibus favorece a las multinacionales de vehículos VTC frente al servicio público del taxi en la Comunidad de Madrid

En diciembre de 2021, se presentó en la Asamblea de Madrid el “Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid”, también conocida como Ley Ómnibus, tramitado por la vía de urgencia, lo que redujo a siete días hábiles la presentación de alegaciones para una ley.

Desde IU Madrid mostramos nuestro firme rechazo a la misma por lo perjudicial que va a ser para la vida de los y las madrileñas, como ya apuntamos, por ejemplo, en lo que se concierne a la sanidad pública madrileña.

En su Titulo IV (Ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras ), capitulo III (Transportes de Viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor) nos encontramos una serie de medidas que, lejos de garantizar el uso público de este tipo de transporte en base a lo que marca la ley y los acuerdos alcanzados durante años, ayuda y promueve su desregularización y privatización, y por ende, fomenta el uso de las empresas de VTC (Uber, Bolt, Cabify,…) dejando que estas multinacionales impongan sus propias reglas de libre mercado, y en claro agravio comparativo con el sector del taxi (transporte público), que cuenta con mas de 100 años de servicios regulados por las administraciones que los ciudadanos hemos elegido.

Así, la Ley Ómnibus perjudica claramente a quien trabaja en el sector del taxi ya que pretenden equiparar todos los requisitos que se necesitan para ser taxista en la Comunidad de Madrid, como permisos específicos, exámenes, licencias… con una simple autorización y unas mínimas advertencias, poco concretas.

Esta Ley facilita, además, que las multinacionales puedan usurpar los servicios públicos y hacerse con el control de un sector estratégico, como es el de movilidad, porque quién controle este ámbito podrá imponer sus propias condiciones al aquel que fabrica y ofrece productos y servicios, así como a quienes los consumen.

Y de todo esto nos quieren hacer cómplices quienes gobiernan la Comunidad de Madrid, a través de una ley donde manifiestamente se va a precarizar aún más el empleo, ya que de cara al trabajador se les “olvida” comentar las largas jornadas y bajos sueldos que percibirán por parte de las empresas dueñas de las flotas de VTC.

Además, la forma en que esta ley afectará a los usuarios y usuarias es evidente, ya que no detalla de manera específica las tarifas de servicio que se van a aplicar, aprovechándose del uso de aplicaciones, y sus algoritmos, para obtener mayores beneficios económicos.

Mientras tanto, en el taxi hay precios fijos (bajada de bandera o kilómetro recorrido) en los vehículos VTC esto no existe y pueden poner el precio que quieran al servicio que prestan.

La propuesta del Partido Popular y de su presidenta en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es, una vez más, claramente privatizadora, fomenta la desigualdad y facilita la desaparición de un sector público tan importante como el del taxi, con una especie de OPA hostil disfrazada de Ley.

Un sector que, no hay que olvidar, estuvo al pie del cañón en plena pandemia (prestando servicio gratuito a personal sanitario y no sanitario, así como otros trabajadores esenciales). Les movía, de forma mayoritaria, el sentido del servicio público y no el afán recaudatorio y el oportunismo de estas empresas, que no dudaron en poner en riesgo a sus propios trabajadores para obtener beneficios económicos, en esas mismas condiciones, pero cobrando por ello.

Recientemente la presidenta de Ayuso ha apoyado con unas declaraciones al sector del VTC, preocupándose de sus familias, a las que dice, pretende ayudar.

Desde IU Madrid siempre defenderemos a la clase trabajadora y unas condiciones laborales dignas, por eso exigimos que la presidenta de la Comunidad de Madrid no disfrace la realidad, ya que lo que necesitamos los madrileños y madrileñas es que esté por una vez, a la altura de las circunstancias, que no legisle en contra de la ciudadanía, no fomente desigualdades, no favorezca la usurpación de competencias, y sobre todo, garantice una vida digna para quienes vivimos en la Comunidad de Madrid. Eso sí ayudaría.

Fuente: tercerainformacion.es

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