Se ha conocido que tras el saqueo y quita de dinero a la sanidad pública, el negocio está servido para las empresas privadas que lucran con la salud. El gobierno de la Junta de Andalucía pagará 177,96 euros al día por atención a paciente Covid en cama convencional, que asciende a 750 euros día en caso de ingreso UCI. A su vez se trasladarán pacientes no Covid a UCI con un coste diario de 550 euros.
Los precios pactados suponen una diferencia abismal con los acordados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la comunidad de Madrid donde se paga por paciente en cama convencional 734 euros al día, o 2.084 euros por paciente Covid en UCI.
La tercera ola de la pandemia de coronavirus está dejando al Estado español al borde del colapso hospitalario. Con una incidencia acumulada de 760 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el país comienza a llegar a niveles récord de ocupación hospitalaria, por lo que el recurso a la sanidad privada está dejando de ser una hipótesis.
La capacidad asistencial del sistema público se encuentra al límite. Los pacientes covid ocupan ya el 24,18 % de todas las camas hospitalarias y el 44,58 % de las de cuidados intensivos (UCI). Pero algunas regiones superan ampliamente la media, como es el caso de La Rioja, con estos enfermos ocupando el 72,41 % de la capacidad de sus UCI; Melilla, 70,59 %; Comunidad Valenciana, 61,73 %; o Castilla – La Mancha, 56,48 %.
Tras Cataluña, que fue la primera en esta tercera oleada, otras nueve Comunidades Autónomas recurren ya a derivar pacientes a la sanidad privada. Así, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana envían pacientes de coronavirus a hospitales privados, mientras que País Vasco, Castilla y León y Aragón utilizan esos recursos para derivar a pacientes no infectados de SARS-CoV-2.
Desde la Sanidad privada se pide coordinación entre las diferentes regiones para que no se den situaciones como las vividas durante la primera ola, en la que se construyeron nuevas infraestructuras y se levantaron hospitales de campaña cuando el sector puso a disposición de la pública 2.000 camas de UCI libres que no llegaron a utilizarse. Pero ¿a qué precio?
¿Cuánto pagan las Administraciones por la atención hospitalaria a enfermos covid en centros privados?
Todavía no se conocen todos los conciertos de las diferentes Administraciones con el sector privado. En España, la Sanidad es una competencia descentralizada, lo que quiere decir que es gestionada por los Gobiernos de cada una de las 17 Comunidades Autónomas, entre las que se dan notables diferencias.
Cataluña pagará a la privada 43.400 euros por cada alta hospitalaria de UCI
Cataluña ha sido la primera en alcanzar un acuerdo con el sector privado. Este territorio ya aprobó el pasado mes de abril, pocas semanas después de la explosión de la pandemia en el país, las tarifas que abonaría a los centros privados, y esta semana ha publicado la actualización de los precios, que incluye 43.400 euros por cada alta hospitalaria de UCI de pacientes con covid-19 derivados del sistema público o 6.050 euros por una estancia en cuidados intensivos de más de 72 horas.
Además, incluye un concepto nuevo que ha levantado cierta polémica, que es el pago por la reserva de cama. Así, Cataluña pagará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de marzo 418 euros al día por cama de atención hospitalaria y 106,97 por las de sociosanitarios y salud mental.
En el caso de la Comunidad de Madrid, una orden publicada por la Consejería de Sanidad el 27 de enero dispone que se abonarán 734,25 euros por cada día de estancia de un paciente covid en planta y 2.084,89 euros por día si es en UCI.
El contraste se encuentra en otras regiones, como la Comunidad Valenciana, que ha decidido abonar los servicios utilizando los precios públicos en vigor, que son sensiblemente menores que los abonados tanto por Madrid como por Cataluña: 581,58 euros por paciente y día, y 1.365,29 si es en la UCI. Lo mismo sucede con Galicia, que paga de media 102 euros día por la hospitalización en planta y 304,5 euros en UCI.
Sobrecostes y contratos a dedo
Las últimas cifras conocidas sobre la cuantía que se va a abonar a la sanidad privada por sus servicios han levantado las alertas sobre la posibilidad de que se produzcan sobrecostes.
Así, el sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, AMYTS, considera que en esta región se va a pagar a las empresas privadas un sobrecoste del 40 %. Durante la primera ola, el ‘coste’ estimado de una cama pública fue de 557 euros por día y paciente, frente a los 734,25 que recibirá ahora la privada.
Las sospechas sobre gastos desproporcionados sobrevuelan también la gestión de otros territorios.
La otra pata de las dudas se centra en los contratos de emergencia firmados por la Administración. Este tipo de acuerdos evade la gran mayoría de la burocracia existente para fiscalizar el gasto público. Se utilizan en caso de emergencia, como puede ser una catástrofe sobrevenida, y permiten a los gobiernos dirigirse a una empresa determinada para solicitar servicios sin necesidad de convocar un concurso público que demoraría su puesta en marcha.
Estos contratos han sido abundantemente usados desde que en el mes de marzo estalló la pandemia en el país. La encargada de supervisarlos ha sido la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un organismo puesto en marcha recientemente, en 2019, en cumplimiento de una directiva europea.
Su labor se ha visto lastrada por los pocos recursos disponibles –tan solo cinco empleados– y la ingente cantidad de documentación que debía revisar. Hasta el 21 de junio emitió un informe semanal y hasta esa fecha constató que se habían publicado en 2020 en España 11.777 contratos de emergencia por un importe de 2.140 millones de euros. Se trata tan solo de una parte de los adjudicados, puesto que muchas administraciones regionales no han publicado en sus portales de transparencia algunos de ellos, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en los siguientes 15 días.
En el caso de la Comunidad de Madrid, desde marzo a enero el Gobierno regional ha otorgado 4.196 contratos de este tipo por un valor de 816 millones de euros. Este monto comprende todo tipo de gasto, desde la puesta en marcha del ‘hospital de pandemias’ Isabel Zendal, hasta los menús para los niños vulnerables que se quedaron sin comedor con el cierre de los colegios. Aunque otros muchos aún no constan en el Portal de la Contratación Pública del Gobierno madrileño, como es el caso de los aviones fletados desde China durante la primera ola de la pandemia con material de protección, como mascarillas.
Los mayores contratistas con la administración madrileña han sido las grandes empresas de gestión hospitalaria, farmacéuticas y de servicios.
Este tipo de contratos ha servido para externalizar muchos servicios, algo fuertemente criticado por los defensores de la sanidad pública. Así, en Madrid se subcontrató la realización de test para detectar covid-19 por 24,5 millones de euros o el servicio de centralitas de atención al ciudadano por 3 millones, entre otros, servicios que podrían haber sido realizados con los recursos públicos si se hubieran invertido medios en reforzarlo cuando estalló la pandemia, según los críticos.
El hospital Isabel Zendal como paradigma
El hospital Isabel Zendal, denominado por algunos como ‘hospital de pandemias’ y por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ‘hospital milagro’, es uno de los mayores ejemplos del uso de los contratos de emergencia y de la dificultad de fiscalización del gasto de dinero público.
Fuentes:
RT internacional, Insurgente, Rosario, Telefé, Agencias en kaosenlared.net