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Sánchez da un paso atrás en la derogación de la reforma laboral: Nueva agenda, reconstruir en vez de derogar, ¿se juega su credibilidad?

Paso atrás. Pedro Sánchez quiere ahora solo cambiar «algunas cosas» de la reforma laboral que el Gobierno del PP hizo mal en 2012. y se aleja de una derogación completa, postura defendida por parte de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de su Gobierno y líder de Unidas Podemos.

Así se ha referido Pedro Sánchez a la negociación de esta norma, al término de la cumbre del G20 en Roma, a dos días de la reunión que mantendrá con Díaz y Calviño. El presidente del Gobierno se posiciona claramente del lado de la socialista y evita hablar de derogación de la reforma laboral, donde ha añadido que lo importante es «ganar la batalla al futuro».

Sánchez ha interpelado a patronal y sindicatos, a los que ha pedido «responsabilidad de país» para lograr un acuerdo antes de final de año sobre la reforma laboral, que espera que se haga «con el máximo consenso de agentes sociales y el mayor de los diálogos».

«Que tengamos a empresarios y sindicatos en ese diálogo y que podamos llegar a un acuerdo con ellos será fundamental para lograr la actualización de nuestro modelo de relaciones laborales», ha señalado el presidente en declaraciones a los medios.

La mentira de Sánchez

El presidente del Gobierno había afirmado que asumió este compromiso en el acuerdo de investidura que alcanzó con varias fuerzas parlamentarias, en el pacto del Gobierno de coalición con Unidas Podemos y también ante la Unión Europea al enviar las reformas planteadas por el Ejecutivo.

Sánchez lo acordó en 2019 con los partidos que apoyaron su investidura: «Derogaremos la reforma laboral», incluyó en el documento programático que firmó con Pablo Iglesias hace casi dos años. En diciembre de 2020 el Ejecutivo remitió a Bruselas el componente 23, un paquete de medidas que comprendía la reforma del mercado laboral.

«Somos un Gobierno que cumple, que va a cumplir con sus compromiso de investidura, de coalición y ante Bruselas», dijo Sánchez hace tan solo 4 días, tras la cumbre bilateral hispano-lusa celebrada en Trujillo.

El camino Calviño

La vicepresidenta Nadia Calviño fijó este sábado cuatro puntos que ella considera fundamentales en esta negociación y evitar así la derogación, tal y como pide Yolanda Díaz. Insistió en la necesidad de hablar con una sola voz en el Gobierno.

A juicio de Podemos, la oposición del PSOE a muchas de las normas que han provocado roces entre socios habría conseguido que los socialistas apenas hayan logrado «capitalizar» muchas de estas reformas. El conflicto de la reforma laboral supone el primer paso de un cambio de rumbo del PSOE que podría cambiar las relaciones de los dos partidos que componen el Ejecutivo.

Fuente: Javier F. Ferrero en contrainformación.es

LA MONCLOA

El regalo no solicitado de Sánchez a Díaz:
una nueva agenda para la reforma laboral

Tras las polémicas de las últimas semanas sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores, Díaz estrena este martes una nueva agenda de reuniones con Calviño y las patronales.

El inicio de la semana tras la festividad de Todos los Santos trae de nuevo la discusión en el seno del Gobierno sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Tras el cuestionamiento de Sánchez sobre el liderazgo de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición encara una agenda de reuniones de coordinación en hasta tres instancias distintas -aparte del consejo de ministros- para ponerse de acuerdo sobre qué propuesta de reforma se lleva a la mesa de diálogo social.

La agenda de reuniones fue difundida el jueves por la secretaría de Estado de Comunicación y supone un paso atrás con respecto al anuncio de Díaz de un acuerdo sobre la reforma laboral no consensuado con las organizaciones empresariales. Así, representantes de Trabajo, Economía y Seguridad Social se reunirán todos los martes para preparar la mesa de diálogo social con los llamados agentes sociales, que se celebra los miércoles por la mañana. Pero el texto difundido por el Gobierno también prevé otra instancia más “para facilitar la coordinación de agendas” en las que Díaz tendrá que sentarse con cualquier miembro del Gobierno “cuando sea necesario por la importancia o complejidad política de los asuntos”, y que se celebrarán antes o después de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Además, a estas dos instancias se le añade la reunión extraordinaria este mismo martes 2 convocada por el presidente Pedro Sánchez con las vicepresidentas primera (Nadia Calviño) y segunda (Díaz) y los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Educación y FP.

De esta multiplicación de reuniones, y del acuerdo consensuado o no con la CEOE en el marco del diálogo social, debe salir una nueva propuesta para la Comisión Europea antes de que termine el año. Sobre la naturaleza y el carácter de la tensión en el Gobierno en torno a la reforma laboral, se han propuesto dos interpretaciones: la de que se trata de una mera batalla por el relato (quién se lleva el gato al agua por sacar el titular, con las vistas puestas en un probable adelanto electoral) y la de que sí hay diferencias de fondo notables sobre el contenido del acuerdo.

Del primer lado se apuntan diferentes indicios de peso: la existencia de un consenso tanto dentro como fuera del Gobierno sobre qué aspectos de la reforma laboral del año 2012 se consideran derogables, consenso del que forman parte tanto el texto del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos, como algunas líneas de la propuesta elaborada en 2017 por la Fundación Fide con representantes del mundo jurídico y académico, los grandes despachos empresariales de abogados y personalidades del mundo sindical (resumidas en este artículo de Desiderio Martín Corral). A esto se suman las propuestas no aplicadas debido a los adelantos electorales de la anterior titular de Trabajo, Magadalena Valerio, sobre el retorno de la primacia del convenio sectorial sobre el de empresa, la limitación de la subcontratación o la ultraactividad de los convenios, cuya vigencia más allá de su fecha de “caducidad” fue eliminada por el PP en 2012.

A esta línea de entendimiento deben añadirse los aspectos que nunca han estado sobre la mesa por parte del Gobierno, como el establecimiento de medidas más fuertes de protección del trabajador frente al despido, caso del restablecimiento de los llamados salarios de tramitación o el aumento de indemnización por despido improcedente. En declaraciones al Huffington Post, el propio secretario general de CC OO, Unai Sordo, reconocía que “hay que ser mucho más taxativos a la hora de poner restricción al despido en España, cosa que el Ejecutivo no está defendiendo ahora en la mesa”.

Del lado de la existencia de desacuerdos más estructurales no hay un respaldo suficiente más allá del uso del lenguaje: la reforma del ET practicada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha pasado de ser “derogada” (al menos en “sus aspectos más lesivos”, según la terminología del acuerdo de investidura), a ser “desmontada” y “reconstruida”. Pero la referencia concreta siempre vuelven a ser los convenios y el límite a la temporalidad, terreno común del acuerdo de investidura.

Un posible motivo de divergencia: aunque la hipótesis de Pablo Casado (PP) de un ultimátum secreto de la Comisión Europea al Gobierno español está descartada, el visto bueno europeo al texto enviado hasta ahora por el Gobierno español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incide en la puesta en marcha de medidas de flexiseguridad, un viejo lema de las instituciones europeas que ha encontrado acomodo en la conversación española sobre la reforma laboral a través del mecanismo estrella del ministerio de Díaz: los ERTE.

Díaz ha insistido por su parte -en obvia respuesta al envite de Sánchez sobre la “coordinación de agendas”-  en que las divergencias no se deben a problemas de “metodología”, esto es, a quién, cuándo, cómo y con quién se decide la reforma del Estatuto de los Trabajadores, sino a cuestiones de fondo. La posibilidad de que la revisión de los ERTE contenga para el ministerio de Calviño más elementos “flexi” que de seguridad es hasta ahora pura especulación, pero ofrece al menos una interpretación plausible sobre los desencuentros más allá de la lucha por los titulares.

El último en dar titulares ha sido precisamente Sánchez en la rueda de prensa celebrada en Roma por su asistencia al encuentro del G20. Ante la insistencia de los periodistas, que buscaban unas declaraciones más contundentes acerca de la ministra Díaz, Sánchez se limitó a insistir en tres ideas: lo que sea que se acuerde mirará “al futuro”, lo que sea que se acuerde se limitará a “reconstruir” algunas cosas que “se hicieron mal” en 2012, y lo que sea que se acuerde será con el consenso de los llamados agentes sociales. Próximo episodio, en unas horas.

Fuente: elsaltodiario.com

El PSOE se juega su credibilidad

Derogar la reforma laboral significa limitar
la capacidad omnipresente de la parte empresarial

Con el tema de la Reforma Laboral el PSOE se juega su credibilidad como fuerza de izquierdas.

No se trata de juegos de palabras se trata de  derogar o no  la Reforma la Laboral y/o sus aspectos más lesivos. De lo que se trata es de volver a unas reglas de juego laborales que fueron quebradas por la “Contrarreforma Laboral del PP” que se efectuó de forma unilateral, sin consenso social y significó una quiebra de los equilibrios entre patronal y sindicatos en favor de los primeros.

Cabe añadir que el PP llevó a cabo su actuación a principios del 2012 justo dos semanas después de que los interlocutores sociales establecieran el “II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva” del que el Gobierno de Rajoy hizo caso omiso.

Derogar la Reforma Laboral sin subterfugios significa superar una situación creada donde el trabajo está en inferioridad frente al capital, donde los sindicatos negocian en condiciones de inferioridad frente a los empresarios. Derogar la Reforma Laboral significa volver a equilibrar el diálogo social entre los interlocutores sociales eliminando las condiciones de prepotencia de que disfrutan los empresarios en la actualidad especialmente en la Negociación Colectiva.

Si se quiere una sociedad menos desigual, más equilibrada, con trabajos más dignos, con menos temporalidad y precariedad es preciso derogar esta  Contrarreforma Laboral del PP eliminando el “dumping” laboral que permite la supremacía del convenio de empresa sobre el convenio de sector y que da lugar a las subcontrataciones abusivas por debajo de las condiciones sectoriales de las llamadas “empresas de multiservicios” que son en realidad prestamistas de trabajadores. De lo que se trata es de que los trabajadores de la empresa principal y de las subcontratadas tengan las mismas condiciones laborales.

El PSOE y Sánchez en este tema se juegan toda la credibilidad de su proyecto político

Derogar es superar la Contrarreforma Laboral del PP y significa acabar con la eliminación de la ultractividad de los convenios que sitúa en una situación de superioridad en la negociación colectiva a la parte empresarial ya que en el caso de la falta de acuerdo no se mantienen las situaciones previas del anterior convenio sino que pueden rebajarlas hasta los mínimos del Estatuto de los Trabajadores. De lo que se trata es de que los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva a su finalización sólo se sustituyan por nuevos acuerdos de las partes.

Derogar significa limitar la capacidad omnipresente de la parte empresarial tanto para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, como para efectuar Expedientes de Regulación de Empleo sin autorización de la autoridad laboral. Es decir evitar el exceso de poder de los empresarios.

El PSOE debe definirse claramente de una vez y plantearse si quiere que las relaciones laborales y su marco normativo sea de equilibrio entre las partes donde prime la negociación o sea como hasta la fecha un campo donde priman los intereses empresariales. Aquí no cabe decir de forma farisaica que se estará a lo que decidan los interlocutores sociales porque se parte de una situación de discriminación, de una Contrarreforma Laboral, la del PP, impuesta sin acuerdo ni negociación de ningún tipo. No puede ser que para devolver el equilibrio entre las partes se pretenda un acuerdo que no se dio en el origen de la situación discriminatoria.

El PSOE debe definir de una vez y de forma clara con quien está. Aquí no hay medias tintas que valgan. O está por una regulación que sitúe en condiciones de equilibrio a las partes o está a favor de mantener el privilegio empresarial.

No es un problema de personalidades entre Yolanda Díaz o Nadia Calviño sino de  posiciones políticas. Es decir se quiere un marco laboral donde se priorice el trabajo estable digno con condiciones laborales y salariales adecuadas o se quiere mantener, como hasta ahora, la prioridad de los intereses empresariales.

El PSOE debe dejar de “marear la perdiz”, no cabe hacer llamadas a la socialdemocracia y defender políticas social-liberales. Los sindicatos y los trabajadores estarán atentos a su proceder en este tema y actuarán en consecuencia. Si nuevamente como ya hizo González  y como Zapatero se vio obligado a hacer se inclina por dar la espalda a las legítimas demandas de mayor ecuanimidad en los marcos de relaciones laborales defraudará nuevamente a una buena parte de sus electores que creyeron en el “nuevo PSOE” renovado de Sánchez que puede dar por prácticamente enterrado su proyecto político sirviendo en bandeja la puerta del poder a la derecha.

Esta apuesta no es de “relatos” aquí se plantean actuaciones de repercusión sobre la vida y el futuro de la clase trabajadora. O sea que aquí no caben dudas ni posiciones intermedias. Que aprendan por una vez de la derecha que tiene claro a quien defiende.

Un PSOE que tanto ha alardeado en su congreso de socialdemócrata no solo debería tener muy claro que para serlo debe derogar de una vez por todas los aspectos más lesivos de la Contrarreforma laboral del PP.

Sólo a partir de esta derogación o si prefieren superación, situando unas condiciones equilibradas entre los interlocutores sociales, se podrá ir más allá hacia la negociación de un Nuevo Estatuto del Siglo XXI. Y en esta futura negociación como ya  planteó la socialdemocracia en muchos países en el pasado siglo debería plantearse ir más allá en el terreno del equilibrio entre las partes en un tema como es el de la participación de la representación de los trabajadores en la gestión de los procesos productivos en las empresas.

El PSOE y Sánchez en este tema se juegan toda la credibilidad de su proyecto político.

Fuente: Manel García Biel en nuevatribuna.es

Foto cabecera: eldiario.es

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