En algunos gobiernos autonómicos su incompetencia va aparejada a su ideología en todo lo que sea ningunear los servicios públicos.
La pandemia del Covid-19 ha comportado muchos cambios en la vida cotidiana de la ciudadanía y en las prioridades de la sociedad. Nunca como hasta ahora hemos visto la importancia de la sanidad pública, a pesar de que algunos dirigentes de CCAA parecen ignorarlo todavía. Y ahora en el momento de la “vuelta al cole” se pone en evidencia la importancia de la educación.
Todos hemos podido contemplar con estupor como desde el final, quizás precipitado por razones políticas, del estado de alarma el deseo por parte de muchas autonomías ha sido normalizar la situación para aprovechar la temporada turística lo que ha derivado en lo contrario: rebrotes generalizados y pérdida de lo que se quería aprovechar ante la no venida cuando no huida del turismo. No hace falta decir que en muchos casos la gestión por parte de los gobiernos autonómicos ha sido negativa cuando no incompetente. Sólo hay que observar la no previsión de la situación de trabajo, de vivienda y de movilidad de los temporeros agrarios en Cataluña, Aragón e incluso Andalucía, así como la carencia a la hora de fortalecer los servicios de prevención primaria, de control de los rebrotes y de los rastreos que ha sido casi nula por parte de administraciones como la de Cataluña o Madrid, precisamente las que más se quejaron del mando único del estado de alarma.
Ahora nos encontramos con algo similar a la hora de afrontar el retorno de los alumnos a las escuelas. A pesar de que se ha tenido tiempo más que suficiente cuando nos encontramos a menos de tres semanas para el inicio del curso podemos decir que en la mayoría de las comunidades “la gestión brilla por su ausencia”. Es increíble que en estos momentos la mayoría de las familias y de los propios enseñantes no sepan cómo se producirá el retorno a las aulas.
La mayoría de las CCAA todavía tienen que establecer y hacer públicos los protocolos y las que los han hecho están en muchos casos cargados de deficiencias y no han sido ni consensuados ni contrastados con la comunidad educativa.
En casos como el de Cataluña, no se ha planteado ningún cambio en las escuelas, ni en las ratios por aula ni en las normas básicas más allá de que los alumnos tengan que llevar mascarillas. Esta posición, en cuanto al mantenimiento de los actuales ratios de 25 a 35 alumnos ha sido contestada incluso desde la Consellería de Sanidad de la Generalitat. En casos como Madrid y Aragón se plantea desde un inicio que parte de la enseñanza no sea presencial. En definitiva, un verdadero caos y carencia de claridad.
Nos tememos que cuando se reúnan la próxima vez los Ministros de Sanidad y Educación con las CCAA sea un poco tarde para establecer posiciones razonables y unificadas.
Los sindicatos del sector de la enseñanza y muchas APA’s consideran que el inicio del próximo curso tiene que comportar algunas condiciones básicas a partir de considerar necesario el carácter presencial de la educación, puesto que ésta no se limita a dar una serie de materias sino que comporta un elemento de socialización e igualdad que no se da en la virtual.
Las necesidades son bastante claras y evidentes para poder asegurar de inicio el carácter presencial de la enseñanza. Hacen falta más espacios habilitados para aulas; hace falta la adecuación de éstas y su mobiliario; hacen falta más maestros, personal de limpieza y establecer controles sanitarios; hay que regular las formas de entrada y salida y los tiempos de recreo en los patios; hay que regular los comedores y los transportes escolares entre otras cosas. Y para hacerlo las CCAA disponen de 2.000 millones de euros de Fondos no reembolsables del Estado, más los que las propias comunidades tienen que destinar de sus presupuestos. Esto y el diálogo con los miembros de las comunidades educativas, profesores y padres, es lo que se debería haber hecho y no se ha hecho con la excepción de la Comunidad Valenciana.
Las CCAA con la pandemia y en el campo de la educación y antes en el de la sanidad están haciendo un flaco favor a la concepción autonómica del Estado
Las CCAA con la pandemia y en el campo de la educación y antes en el de la sanidad están haciendo un flaco favor a la concepción autonómica del Estado, porque su gestión en general ha sido ineficiente cuando no directamente incompetente. Durante el Estado de Alarma ha habido múltiples reclamaciones acerca de la necesidad de restituir competencias y cuando las tienen todas parecen incapaces de gestionarlas bien.
Hay que decir que la situación que se da ahora con las escuelas se ha dado anteriormente en la sanidad. Algunas autonomías han sido incapaces de gestionar con la celeridad necesaria los recursos sanitarios, todavía más en algunos casos en los que han despilfarrado el uso de los recursos que el Estado ha dado a las autonomías, más de 9.000 millones no reembolsables, destinados a gasto sanitario para reforzar las plantillas con el objetivo de actuar de forma adecuada ante la posibilidad de la aparición de nuevos brotes de coronavirus. Algunas lo han aprovechado pero otras no lo han hecho e incluso los han derrochado. ¿Cómo puede ser que a estas alturas en la Comunidad de Madrid no se hayan reforzado los equipos de atención primaria y no tenga la cantidad necesaria de rastreadores, mientras dedica 50 millones de euros en un “nuevo hospital de pandemias” que nadie aconseja?. ¿Cómo puede ser que la Generalitat de Cataluña haya actuado tarde y mal, que haya tenido sin cubrir tres de los principales cargos de la Sanidad Pública, y que incluso haya invertido 18 millones de los fondos a cubrir el déficit de TV3 en lugar de dedicarlos al refuerzo de los servicios primarios?.
Estas actuaciones son las que denominamos como de mala gestión autonómica de los fondos. Creemos que el Estado hace bien en que no sean reembolsables pero haría falta que fueran justificables.
No es casual que sean comunidades gobernadas por el PP y sus aliados de la derecha o por los antiguos convergentes, ahora JxC, las que tengan una actuación más reticente hacia el fortalecimiento de la sanidad o la educación pública. Hay que recordar que desde la anterior recesión económica los gobiernos del PP y de CiU han sido los que han llevado a cabo fuertes recortes en todos los servicios públicos y especialmente los que han favorecido privatizaciones sanitarias y potenciado las escuelas concertadas en detrimento de la sanidad y la escuela pública. Hay que dejar claro que su incompetencia va aparejada a su ideología en todo lo que sea ningunear los servicios públicos. Fuente: Manel Garcia Biel en nuevatribuna.es
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