¿Por qué Campamento sí y Chamartín no?

En el discurso sobre el Estado de la nación, el presidente del Gobierno de España acaba de anunciar “el desbloqueo inmediato de la Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, 60% de las cuales serán viviendas públicas”. Magnífica noticia que no debe ser empañada ni por el retraso en haber tomado la decisión ni por el hecho de su comparación con otra operación, la de Chamartín, que me propongo hacer en las siguientes líneas. En mi opinión, lo que debe hacer la administración pública con el suelo de su propiedad es, exactamente, lo que acaba de anunciar Pedro Sánchez.

¿Por qué una misma administración, con un mismo gobierno, opera de manera distinta en dos casos iguales?

La prensa, hay que imaginar que con información procedente del gobierno, ha ampliado la noticia hablando del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Defensa, propietario del suelo, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ex Ministerio de Fomento y ex Ministerio de Obras Públicas) para que este último, por medio de la empresa pública SEPES, sea quien desarrolle esa operación urbanística que, desde 2005, lleva dando vueltas por las mesas de las administraciones central, autonómica y local. Solo queda, al parecer, fijar el precio de la transacción entre ministerios que, aunque suene raro, hay una obligación legal para hacerlo, más ahora que al Ministerio de Defensa le hace falta dinero por aquello del 2%. Es decir, el gobierno ha decidido ejecutar esa operación desde el sector público y, aunque las noticias son todavía confusas, si la ejecución se va a hacer así, públicas serán el 100% de las viviendas, aunque luego se enajenen. Voy a imaginar que lo que ha querido decir es que el 60% de esas viviendas serán viviendas sociales, es decir, tendrán algún tipo de protección pública.

Aunque sé que no todos comparten esta opinión, yo creo que es tan legítimo que la administración ponga en uso su suelo por ejecución pública como mediante su enajenación al sector privado bajo un pliego de condiciones que asegure la utilidad social de ese suelo. Lo que no termino de entender es porqué una misma administración, con un mismo gobierno, opera de manera distinta en dos casos iguales: vendiendo el suelo, público, de la Operación Chamartín a un banco, conformándose con un exiguo 10% de vivienda pública (el porcentaje procedente de las cesiones obligatorias) mientras decide que en la Operación Campamento ese porcentaje de viviendas públicas va a ascender hasta el 60% (en realidad, el 100%).

Y lo que es igualmente sorprendente, ¿por qué en la Operación Chamartín las viviendas sociales no representarán más del 20% del total, incumpliendo la ley mediante la artimaña de declarar urbano el suelo del ámbito y en la Operación Campamento podrá llegar al 60% que es más de lo que la ley obliga?

Por eso, me parece pertinente analizar esa diferencia de comportamiento en ambos casos, repito, muy similares: suelo público, en Madrid, que ya no va a tener la utilización prevista cuando fue adquirido por la Administración del Estado y que, por tanto, debe ponerse en uso para incorporarse al continuo urbano de la ciudad. O devolverse a los antiguos propietarios, como prescribía la ley cuando les fue expropiado y bajo cuyas condiciones se hizo dicha expropiación.

¿Por qué, me pregunto, en la Operación Campamento se va a hacer así y en la Operación Chamartín se optó por vender el suelo a un banco? Por falta de experiencia previa no ha podido ser ya que RENFE, y el ministerio de quien dependía, habían hecho un exitoso Pasillo Verde Ferroviario en el mismo Madrid de la Operación Chamartín y lo habían realizado con un consorcio público con el Ayuntamiento de la capital. Y, sin embargo, prefirieron entregar la gestión de la Operación Chamartín al sector privado.

No debería ser una explicación lo del giro a la izquierda atribuida al gobierno. Hay que tener en cuenta que la actual versión de la Operación Chamartín, hija de muchos padres durante sus treinta años de vida, fue adoptada por José Luis Ábalos y Manuela Carmena. Del primero de ellos, por su adscripción socialdemócrata, se podría dudar de la rojez de su sangre, pero no así de Manuela Carmena en cuya izquierda ideológica no hay margen para nada. Y, sin embargo, propició con su actuación administrativa, que esa Operación Chamartín se fuera a convertir en el Pelotazo Chamartín.

Además, este gobierno de la Operación Campamento pública está formado por dos partidos políticos de la izquierda y cuya posición frente a la Operación Chamartín no ha sido siempre favorable. UNIDAS PODEMOS, sin ninguna duda, no solo propuso (cuando formaban parte de la coalición AHORA MADRID) en su programa electoral de 2015 el “impulsar la paralización de la Operación Chamartín”, si no que pidió lo mismo en junio de 2018 en el Congreso de los Diputados (junio de 2018), e interpuso una querella criminal contra todos los responsables de esa Operación en 2019, antes de entrar en el Gobierno de España y no la retiró después de haber entrado.

Y respecto del PSOE, su trayectoria respecto de la Operación Chamartín ha oscilado entre la adjudicación del concurso a un banco, en 1983, cuando gobernaba, al desbloqueo en 2008 y 2018, con sendas revisiones del contrato original por ministros socialistas, pasando por la oposición cuando no gobernaban. Pero incluso, el último episodio, protagonizado por el ministro Ábalos cuando firmó, en 2018, un “contrato de modificación” (nada menos que de modificación) que revisaba por sexta vez la adjudicación del concurso de 1983, lo hizo con la opinión en contra del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y responsabilizando a Manuela Carmena de que tuviera que mantener al BBVA como beneficiario de la misma. O sea, de manera vergonzante.

Tampoco me parece explicativo de la diferencia analizada el hecho de que Ábalos ya no sea el ministro benefactor de los intereses urbanístico-inmobiliarios privados. Conviene recordar que, el mismo Ábalos que confirmaba al BBVA en el negocio de Chamartín, solicitaba ya en 2019 al Ministerio de defensa el suelo de la Operación Campamento para hacer viviendas. Y lo hacía sin el rubor que le podría producir a cualquiera el tener que responder a la pregunta que encabeza estas líneas. Pero, al parecer, parecía pedírselo gratis y eso no podía ser.

Además, en el caso de Chamartín, no hacía falta ningún acuerdo entre ministerios como en el caso de Campamento, ya que el suelo era del mismo ministerio, se llame como se llame, que podía desarrollarlo urbanísticamente. Luego tampoco es ese el problema.

Me quedaría, por último, contemplar la posibilidad de que, estando Campamento en el sur y Chamartín en el norte, eso explicara la diferencia de avidez del sector privado en una u otra geografía. Pero, eso, sería, pensar en que la avidez del sector privado estuviera tan influida por la latitud terrestre.

No, dejemos de dar vueltas al asunto: la diferencia entre ambas operaciones urbanísticas se llama BBVA. Y no porque tenga una concesión administrativa, ya que esta se ha tenido que renovar hasta seis veces con objeto de comprobar si alguna vez la cumple, si no por su propia esencia. Supongamos que, en lugar de ser el BBVA, fuera cualquiera de los múltiples adjudicatarios de concursos públicos a los que se les ha rescindido el contrato por incumplirlo. ¿Qué habría ocurrido? Pues, eso, que se le habría rescindido el contrato. 

Pero no quiero acabar estas, ya extensas líneas, sin una esperanza. La que procede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene que decidir sobre los nueve recursos presentados a la aprobación del planeamiento urbanístico que posibilita el que la Operación Chamartín se pueda convertir en el chollo, y no en el desarrollo urbanístico, más importante de Europa.

Si ese Tribunal diera la razón a algunos de esos recursos, la Operación Chamartín dejaría de ser un chollo económico y podría ocurrir que el presidente del Gobierno, que ha anunciado su intención de ir a por todas, aplicara el “modelo Campamento” a eso que llaman Nuevo Norte pero que, en realidad, es el Viejo Chamartín, algo tan viejo, el enriquecerse al calor de la administración pública como, por lo menos, el estraperlo o, más aún, el corso.

Fuente: Jesús Espelosín
Foto: Archivo

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