PAH: «El Gobierno se niega a obligar a banca y fondos buitre a ofrecer alquileres sociales para evitar los desahucios»

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se promueve una ley que mantiene los privilegios de los grandes propietarios y deja desprotegidas a las familias vulnerables

Comunicado Plataforma de Afectadas por la Hipoteca

El pasado 22 de septiembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se ha reunido con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, con el objetivo de desatascar las negociaciones para aprobar la Ley de Vivienda. Desde el colectivo salimos de la reunión profundamente decepcionadas ante la negativa del gobierno a aplicar medidas que evitarían los desahucios de familias vulnerables y protegerían el derecho a la vivienda de la población, como en el caso de la obligación, por parte de banca y fondos buitre, de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables antes de desahuciarlas.

Igualmente, se niega a regular, de forma efectiva, el precio de los alquileres. Es más: prefiere seguir transfiriendo dinero público a los bancos y fondos buitre, en la misma línea que otras medidas puntuales, como el bono joven al alquiler.

Esta medida, impulsada por la PAH y otros colectivos, que se está aplicando en Cataluña y ha conseguido detener entre 1.000 y 5.000 lanzamientos al año desde su implementación, ha sido rechazada de plano por parte del gobierno, quien se niega a buscar cualquier regulación que limite los beneficios de los bancos y los fondos de inversión. Sin embargo, desde la Plataforma nos hemos comprometido a hacer llegar al Gobierno una propuesta alternativa para desencallar las negociaciones. 

Asimismo, el gobierno se niega a cambiar su posicionamiento respecto a la Sareb, es decir, no quiere poner a disposición del parque público de vivienda la totalidad del patrimonio de esta sociedad que, recordemos, es de titularidad pública desde este mismo año. Además, también se niega a eliminar los privilegios fiscales de las SOCIMI, las principales responsables de la especulación alrededor de la vivienda en España. Tampoco ha habido lugar para la negociación respecto a la dación en pago, medida clave para acabar con el sobreendeudamiento de las familias. Por último, desde el gobierno rechazan tomar medidas para asegurar los suministros en un contexto de crisis inflacionaria disparada precisamente por los precios desorbitados de la energía, todo ello con el objetivo de no perjudicar los beneficios de las compañías eléctricas. 

Por otra parte, respecto a la propuesta de congelar las revisiones de las cuotas hipotecarias mientras dure la subida descontrolada del Euríbor –que va camino a superar el 3%, según las previsiones-, el secretario general se ha comprometido a trasladar esta iniciativa al gobierno.

Por primera vez en la historia de la democracia, el proyecto Ley de Vivienda podría solucionar un problema endémico en España, el acceso a la vivienda. Sin embargo, y a pesar de los anuncios del gobierno, esta propuesta del gobierno es un texto vacío de contenido, sin ninguna aplicación práctica, ni mucho menos un cambio estructural en el ámbito de la vivienda, que entendemos que debería ser el objetivo principal de la ley. No entendemos que en una Ley de Vivienda no se haga una sola mención a medidas concretas y estructurales para prevenir los desahucios sin alternativa habitacional y el sobreendeudamiento de las familias, garantizando el acceso a la vivienda al conjunto de la sociedad.

Por todo ello, nos oponemos a la aprobación del actual texto del gobierno e instamos a los partidos que se comprometieron con la Iniciativa Ley Vivienda a que no den su apoyo a esta ley, tal y como está redactada a día de hoy. Por nuestra parte, continuaremos con las movilizaciones a pie de calle y seguiremos dispuestas a negociar y trabajar un texto que contenga medidas reales para garantizar un derecho básico.

Fuente: tercerainformacion.es
Foto: Una manifestación en Madrid contra la venta de viviendas públicas a fondos buitre | FRAVM (2018)

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