Open de Tenis, M-30, CRM y otros tantos: los posibles casos de corrupción madrileña que la justicia se niega a investigar

El caso Open de Tenis, que les valió a Sánchez Mato y Celia Mayer un proceso judicial que ha durado cinco años, es uno más de las posibles tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid que la justicia se ha negado a investigar

“La Fiscalía Anticorrupción dijo simplemente que no veía caso”, lamenta Carlos Sánchez Mato sobre las posibles irregularidades cometidas en torno a la celebración del Open de Tenis. “Al final no se juzgó el Open, por desgracia se nos juzgó a nosotros”, añade. 

El exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena fue juzgado, junto a la entonces presidenta de Madrid Destino, Celia Mayer, y la directora de la mismo área, Ana Varela, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. ¿Su delito? Investigar si los convenios en torno al torneo de tenis entraban o no en la legalidad. Tenían buenas razones para pensar que no: cada año, el torneo costaba —y sigue costando— a la ciudad 15 millones de euros mientras en otras ciudades, como Roma, se celebra sin coste público. En varias transferencias —algunas por millones de euros— a la empresa organizadora, MTP, se repetían los conceptos; y ni siquiera se contaba con ninguna prueba que acreditara a esta empresa como propietaria de los derechos para celebrar el torneo por los que pagaba el Ayuntamiento. 

Su intento de destapar lo que podría ser un robo al erario público fue respondido con amenazas, su anulación como figura política, un intento de chantaje por parte del excomisario Villarejo para que se retiraran de la causa de la Tándem y un proceso judicial que, tras cinco años, ha acabado dándoles la razón a ellos

A pesar de ello, su intento de destapar lo que podría ser un robo al erario público fue respondido, según explica, con amenazas —“te vamos a arruinar la vida”, afirma que le advirtió un excargo del PP actualmente portavoz madrileño de Vox—, su anulación como figura política, un intento de chantaje por parte del excomisario Villarejo para que se retiraran de la causa de la Tándem —en la que están personados Izquierda Unida y Podemos— a cambio de retirar los cargos, y un proceso judicial que, tras cinco años, ha acabado dándoles la razón a ellos. “No se ha probado que las acusadas y el acusado, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, subraya la sentencia.

En el caso del Open de Tenis, Sánchez Mato recuerda que ya venían “mosqueados de casa”. Explica que antes de las elecciones municipales que llevaron a Carmena a la alcaldía ya habían escrito y hablado “acerca de lo oscuro de esas maniobras de convenios realizados sin que fueran conocidos los detalles por la opinión pública y que suponían hasta un 70% del presupuesto en deportes en la ciudad”. “Luego, cuando Celia es presidenta de Madrid Destino además de concejal, y yo vicepresidente además de concejal de Hacienda, vemos la documentación, pedimos información y el expediente está incompleto, sin datos esenciales. Una factura de cinco millones de euros, pues no sé si habrá gente acostumbrada a pagarla sin mirar, pero a nosotros desde luego nos daba pánico el que se pudiera realizar una acción que coadyuvara al quebranto del patrimonio público y preguntamos, para empezar, a la asesoría jurídica [del Ayuntamiento] y a la propia empresa, que no tenía la información que soportaba eso. Tenía el convenio con modificaciones muy importantes entre un año y el siguiente, sin que hubiera justificación alguna ni memoria económica que lo acreditara”.

“Veníamos mosqueados de casa, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando entras y ves lo que hay, descubres que es todavía mucho peor que lo que te imaginabas desde fuera de la institución”, reconoce Carlos Sánchez Mato

El exconcejal subraya que, además de los pagos por parte del Ayuntamiento a la empresa, esta última gozaba de la cesión de las instalaciones de manera prácticamente gratuita. “Veníamos mosqueados de casa, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando entras y ves lo que hay, descubres que es todavía mucho peor que lo que te imaginabas desde fuera de la institución”, sentencia.

La historia de la Caja Mágica, recinto que alberga el torneo, ya presentaba prácticas más que dudosas. Frente a su presupuesto inicial de 128,6 millones de euros, el coste de su construcción pasó a 294 millones. “Por Ley de contratos, no puedes tener una desviación de ese cariz, de ese tamaño. Porque todas esas desviaciones la práctica nos ha demostrado que no se producen porque sí: alguien se lleva algo por eso, aparte de la empresa que, lógicamente, factura más. Luego aparecen unos papeles de Bárcenas, con donaciones de FCC, ACS o similares y se preguntan por qué donarían al PP. Con perdón… ¿no te jode? Pero ni siquiera eso fue objeto de nuestra denuncia en Fiscalía. Lo que nosotros denunciamos no era la construcción de la Caja Mágica, aunque seguro que sería otra cosa claramente irregular”, señala Sánchez Mato.

En marzo de 2017, Mayer, Varela y Sánchez Mato presentaron denuncia sobre el Open de Tenis ante la Fiscalía Anticorrupción, pero la institución hizo oídos sordos. “No mereció más que nos dijeran que fuéramos con más material probatorio, y fuimos con dos dictámenes de despachos de abogados [los mismos que le valieron el proceso judicial ahora superado]”. Ellos sí fueron a juicio, y el torneo siguió celebrándose, con una última renovación del convenio para este año, en septiembre pasado, de la mano de José Luis Martínez-Almeida, para compensar el certamen que no se celebró por la pandemia de covid.

—¿Crees que volverán a renovar el convenio con MTP?
—Sí, sí, con toda seguridad, y por desgracia. La Fiscalía Anticorrupción no entró en detalle, por decirlo de una manera sobrevoló el asunto, y sin que se haya aclarado, estos ya han considerado que el hecho ha sido dado como bueno por la fiscalía y por la Justicia. No es cierto. Como tantos y tantos casos de irregularidades en la contratación pública, no ha entrado la justicia a ver si realmente se han hecho las cosas de manera adecuada. 

Darse de cabezazos contra una pared

El tema del Open de Tenis no fue el único que olía mal que se encontró Mato a su llegada al Ayuntamiento. La construcción de la M-30, la faraónica obra considerada como la mayor obra civil llevada a cabo en el Estado, también estaba llena de grises, como su mantenimiento posterior. La obra corrió a cargo de una empresa mixta público-privada creada ad hoc por el entonces alcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón. Fue una obra que se aprobó con un presupuesto de 3.600 millones de euros y cuyo coste finalmente ascendió a 9.400 millones.

En la M-30 “hablamos de mil millones de euros de diferencias entre certificaciones y lo que se pagó con dinero público, lo de las mascarillas me parece una broma comparado con todo esto”, denuncia Sánchez Mato

“Tengo 18.000 folios entregados a la Fiscalía con certificaciones [equivalente a albaranes] en la construcción de la M-30 que no coinciden con las transferencias que tampoco merecieron ningún tipo de investigación. Y hablamos de mil millones de euros de diferencias entre certificaciones y lo que se pagó con dinero público, lo de las mascarillas me parece una broma comparado con todo esto”, denuncia Sánchez Mato.

Tras la construcción, en tareas de mantenimiento continuaron las irregularidades. Según publicaba El Salto en 2017, desde el Ayuntamiento en 2012 se avisaba con semanas de antelación a FCC, encargada de la construcción y mantenimiento de la infraestructura, de los tramos que iban a ser objeto de auditorías, una manera de mantener por debajo del 5% la tasa de incumplimiento de los pliegos técnicos del contrato y así evitar una rebaja en lo que cobraba la empresa constructora.

Una comisión de investigación de la M-30 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en 2017 concluyó “la ilegalidad de las obras realizadas” y el quebranto que había resultado para las arcas públicas, cifrado en al menos 2.012 millones de euros, el modelo de gestión indirecta elegido para la M-30 por parte del gobierno de Gallardón. Dos años más tarde, en julio de 2019, desde Izquierda Unida presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pero, como con el Open de Tenis, no hubo respuesta.

Tampoco la hubo cuando, en 2018, desde Izquierda Unida denunciaron los contratos a dedo en la sanidad madrileña. Según detalla la denuncia, a la que ha tenido acceso El Salto, solo entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 la Comunidad de Madrid firmó cerca de 1,3 millones de contratos menores, que en el periodo analizado podían tener un importe máximo de 50.000 y 18.000 euros para obras y servicios respectivamente y se realizan sin concurso público. “Hay empresas que acumulan más de 27.000 contratos menores adjudicados en únicamente dos años y medio”. Pero a la Fiscalía Anticorrupción tampoco le mereció ninguna actuación de investigación. Un año después, desde Audita Sanidad denunciaron el mismo tema ante la Fiscalía y, meses después, ante el Tribunal de Cuentas, sin más suerte.

“Es un pozo negro”, lamenta Sánchez Mato, quien recuerda también cómo, en el caso Mercamadrid, iniciado a partir de una denuncia que presentó junto a Marta Higueras en 2015, los juzgados investigaron brevemente la adjudicación de unos terrenos de Mercamadrid a Mercaocio, propiedad de José Domingo Rodríguez Losada, dueño del hotel ilegal El Algarrobico. Una operación que habría costado a las arcas públicas alrededor de 11 millones de euros y en la que estarían implicados la entonces concejal Concepción Dancausa y el hermano de Ignacio González, Pablo González González.

“Ni investigaron a Mercaocio, ni se hizo pericial alguna… Nada”, señala el exconcejal. En 2018, tras la declaración ante el juez de Dancausa como única diligencia de investigación, la fiscalía pidió el archivo de la causa, y el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid obedeció.

“Si no hay separación de poderes, la ciudadanía está indefensa ante los abusos del poder y así lo vemos una y otra vez con el sobreseimiento de los casos que afectan a la corrupción del Partido Popular, casos que, por otro lado, son flagrantes”, señala el investigador Manuel Gabarre

“Si no hay separación de poderes, la ciudadanía está indefensa ante los abusos del poder y así lo vemos una y otra vez con el sobreseimiento de los casos que afectan a la corrupción del Partido Popular, casos que, por otro lado, son flagrantes”, señala a El Salto Manuel Gabarre. Desde el Observatorio CODE, Gabarre ha investigado varios casos en los que hay indicios de comisión de delitos en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos estaba relacionado con sociedades de capital riesgo levantadas por los gobiernos regionales de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre.

La investigación del Observatorio CODE se plasmó en una querella presentada en diciembre de 2018 en los juzgados madrileños y en la Audiencia Nacional en la que se explicaba cómo, durante los años 2006 y 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre habría desviado millones de euros del erario público a empresas privadas a través de las entidades de capital riesgo Inicap y Capital Riesgo Madrid, que estaban gestionadas por Avanza —sociedad creada por Caja Madrid— y Mobius, sociedad de Javier López Madrid. 

En la querella se detallaba el papel ejercido por un centenar de personas implicadas a las que se acusaba de delitos de malversación de fondos, corrupción privada, delitos societarios, prevaricación y asociación ilícita. Entre ellos, Percival Manglano —consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad entre los años 2011 y 2012—, Enrique Matías Ossorio —consejero de Economía y Hacienda entre 2012 y 2015—, Javier López Madrid —yerno de Juan Miguel Villar Mir, y ya condenado por el caso de las Tarjetas Black— y otros cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre. Las pérdidas para la comunidad madrileña alcanzarían los 60 millones de euros que fueron a parar en algunos casos a sociedades con actividad ficticia. 

Gabarre hace números: en España se cuentan alrededor de 3.000 jueces y la Fiscalía es un órgano jerárquico que depende del Ministerio de Justicia. “Si contamos con que el 90% de los jueces, más allá de su ideología, están comprometidos con su trabajo, con controlar a unas 200 personas entre jueces y fiscales, un partido político puede llevar las riendas del régimen. ¿Por qué? Porque estas personas son las que van a ocupar los cargos políticos de la justicia, como son el Consejo General del Poder Judicial que decide los ascensos y, por tanto, las carreras profesionales de los jueces, y por otro lado, las instancias del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera”. “Mientras no se produzca esta separación de poderes, la sociedad española va a estar constantemente sometida a los abusos de los poderosos, a lo que llamamos corrupción generalizada”, reitera Gabarre.

“Perseguir la corrupción te arruina la vida incluso aunque ganes”, concluye Sánchez Mato. Para él, al menos, la reciente sentencia absolutoria en la que se subraya que su denuncia del Open de Tenis fue legítima, le ha servido para algo: para que su madre sepa que su hijo no es un corrupto más. “Siempre hay algún gilipollas que dice que todos somos iguales, que ‘tu hijo es un corrupto’, y que pueda saber que no sí que no tiene precio”.

Fuente: Ter García en elsaltodiario.com

Foto: El sobrecoste en las obras de la M-30 dispararon la deuda de Madrid | David. F. Sabadell

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