Diez residencias privadas se desvinculan del nuevo marco convenio que pide aumentar el personal y los servicios a dar en los centros residenciales. Otras cuatro residencias se han quedado fuera por motivos burocráticos. Los familiares solo han tenido quince días para elegir nuevas plazas sobre un listado que no contempla las residencias públicas. Temen que esto les pase con cada nuevo acuerdo.
“En Correos, cuando un paquete lleva mucho tiempo sin ser reclamado por nadie lo consideran caducado. Me resulta algo parecido a lo que está ocurriendo en las residencias madrileñas. Los tienen como paquetes: cada dos o tres años que cumpla el convenio, los pueden mover. ¿Qué son? ¿Muebles?”. Con esta metáfora Estefanía Fernández trata de que comprendamos la situación que vive su marido y otras 648 personas más que se encuentran en residencias con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Ella y su marido, de 75 años, trabajaron en Correos y eso le facilita expresar la sensación de inhumanidad que viven.
Su marido, cuyo nombre prefiere no decir, empezó con problemas de movilidad, le detectaron hidrocefalia, le pusieron una válvula en la cabeza para extraer el líquido que se le acumulaba en la columna y mejoró. El problema vino con esa válvula que le generó hematomas cerebrales y tras una segunda operación no pudo cuidarlo ella en casa. “El médico me recomendó que ingresara en una residencia y los Servicios Sociales le dieron un nivel tres de dependencia, el mayor”, explica Estefanía. Ella relata que la integración en la primera residencia fue muy complicada. Luego llegó el covid y ella junto a sus tres hijos se organizaron para cuidarlo de nuevo en casa. “Una auxiliar me avisó que lo sacara, que estaba cayendo como moscas”, recuerda muy afectada.
Esta situación fue insostenible en el tiempo y cuando sus hijos tuvieron que volver a trabajar, no tuvo otra opción que retornarlo a la residencia. Su nuevo destino, ahora hace dos años, fue la residencia Sanitas Getafe, una de las que ahora se salen del convenio para tener plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. “A él le costó mucho adaptarse —explica—, con las restricciones de visitas por el covid, pero yo estaba muy contenta. Puedo ir a verlo en metro —su casa está en Fuenlabrada—, le cuidan muy bien”. Su sorpresa llegó cuando el pasado 15 de marzo, cuando iba a recogerlo para una visita médica, la trabajadora social le abordó y le dió la carta de la Comunidad de Madrid. “No me podía imaginar que era para un traslado. Me quedé en shock”, cuenta. Y es que en esa carta le explicaban que tenía hasta el día 28 de marzo, solo trece días, para elegir cinco residencias del listado de más de cien que le ofrecía la Dirección General de Atención al Mayor y al Dependendiente. Todas ellas en residencias privadas repartidas por toda la Comunidad de Madrid.
Diez de estos centros, tres de ellos del grupo Sanitas, o bien no están interesados económicamente en seguir con el acuerdo o bien no quieren adecuar sus instalaciones a las nuevas medidas que exige el convenio
Se trata de la consecuencia directa del nuevo convenio marco. Un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y empresas privadas del sector cuidados para ofrecer plazas concertadas a los cientos de personas que tienen reconocido el derecho en la Ley de Dependencia. Diez de estos centros, tres de ellos del grupo Sanitas, o bien no están interesados económicamente en seguir con el acuerdo o bien no quieren adecuar sus instalaciones a las nuevas medidas que exige el convenio. Estas son mayor personal por residentes, nuevos perfiles en las residencias con más plazas y más servicios como los incluidos en el área médica o el de rehabilitación. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman a El Salto que este nuevo acuerdo “mejora ostensiblemente las condiciones del servicio, ya que incrementa casi un 40% el precio por plaza y día que paga la administración para que los residentes cuenten con más personal de atención o mejoras en la alimentación, entre otros aspectos”.
Deterioro cognitivo y pasos atrás con el traslado
Diferente es el caso de otras cuatro residencias que no podrán formar parte de este nuevo convenio pese a querer y cumplir con los nuevos requisitos. Los motivos son la “falta de documentación y otras situaciones administrativas”. En este caso se encuentra la residencia donde Inmaculada tiene a sus dos abuelos, él de 93 años y ella de 87 años. “La manera de sancionarla ha sido dejarla fuera, pero en la residencia querían colaborar. Así que hay 72 residentes que tienen que irse por un problema burocrático”, explica José Ángel, pareja de Inmaculada e involucrado en intentar frenar el traslado. Ellos explican que la residencia, cuyo nombre prefieren no dar, ha movido todo lo posible con recursos y peticiones y ellos han hecho lo propio con una carta a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. “Justo nos han respondido esta semana para decirnos que la igualdad de trato entre el resto de licitadores implica que todos deben presentar en tiempo y que el tribunal ha desestimado el recurso contra la orden de exclusión”, comenta José Ángel a El Salto.
“Los culpables son la Consejería, que debería obligar a asumir las condiciones y no mover a los residentes, sobre todo a los que tienen problemas cognitivos”
Otros muchos familiares también escribieron cartas, hicieron llamadas e incluso una recogida de firmas contra los traslados. “Uno de mis hijos escribió una queja a la Comunidad de Madrid y le respondieron que había que elegir sí o sí”, comenta Estefanía. Lo mismo hizo Marea de Residencias, que se llegó a reunión con el director general del área competente. “Los culpables son la Consejería, que debería obligar a asumir las condiciones y no mover a los residentes, sobre todo a los que tienen problemas cognitivos”, explica una de los integrantes del movimiento en defensa de los mayores en residencias, María Jesús Valpa, cuyo padre murió en la primera ola de covid en una residencia y su madre está actualmente en otra. Valpa comenta que en 2017 ya pasó lo mismo y trasladaron a más de mil residentes. “A una compañera de Marea le afectó y destrozó a su madre”, comenta. Y es que la mayoría de los familiares habla de los trastornos negativos que un traslado puede tener en los residentes, sobre todo en aquellos con deterioro cognitivo.
“Gracias a conocer tan bien a mi abuelo, el personal de la residencia sabe cuando actuar al momento y han evitado que su situación empeore”, explica inmaculada, cuyo abuelo tiene un pulmón terminal y cuya abuela entró con problemas quirúrgicos y pérdida cognitiva pero ha mejorado mucho en su actual residencia. “Ahora podemos hablar con ella e incluso caminar pequeños trayectos”, comenta José Ángel, que señala que es algo que no entraba en el diagnóstico del hospital donde estuvo antes. “Con el traslado daría muchos pasos atrás”, temen. Un miedo que comparte Estefanía respecto a su marido. “El tiene muchos momentos de lucidez, pero otros muchos de lagunas. No es inimaginable lo que supone para él cambiarlo”.
Dos semanas de margen y solo residencias privadas
Dentro de la respuesta que le ofrecieron a José Ángel desde la Comunidad de Madrid explican que todos los residentes que ocupan plaza pública de atención residencial en el centro, seguirán disfrutando de una plaza de su tipología en un centro de su preferencia, una vez finalizado el contrato con dicho centro. “Esto no indica que el centro que elijamos esté asegurado ni la fecha de traslado”, comenta este familiar. Entre quince y siete días han tenido muchos para ver el listado de residencias y visitarlas para seleccionar las cinco que consideran preferentes para sus familiares. “Corriendo a visitar residencias para elegir la que esté en mejor situación. Muy poco tiempo para poder ver las instalaciones, ver cómo es por dentro y ver dónde mejor pueden estar”, se queja la pareja que se encarga del bienestar de sus abuelos. “Yo he visitado dos y no me han gustado, porque nunca dejan ver dónde están los enfermos con deterioro cognitivo. En otras muchas no dejan ni ver a los familiares sin visita, saltándose los protocolos de la Comunidad de Madrid que ha quitado esas restricciones”, comenta Estefanía.
Otras familias se quejan que ninguna de las residencias que ofrece como alternativa la Comunidad de Madrid están cerca de sus actuales centros, en pueblos lejanos o sin posibilidad de transporte
Otras familias se quejan que ninguna de las residencias que ofrece como alternativa la Comunidad de Madrid están cerca de sus actuales centros, en pueblos lejanos o sin posibilidad de transporte. Eso significa una reducción de las visitas de sus familiares y el trastorno para toda la familia. Desde Marea de Residencias, además, denunciaron frente a la Dirección General que todas las plazas del listado estaban en residencias privadas. “Pregunté porqué no ofrecían públicas y me dijeron que podrían escogerlas, pero no se lo han ofrecido”, comenta Valga. “Van de concertada a concertada”, insiste.
La solución, que desde la Comunidad de Madrid se ha dado es que aquellos usuarios que deseen continuar en la residencia se les reconocería una prestación económica. Esto se traduce en un cheque servicio que, según el grado de dependencia, podría ascender hasta como máximo 700 euros. “Un cheque de ese importe por un grado tres de dependencia cuando las residencias valen más de 2.000 euros al mes. Ya me dirás qué familias lo pueden costear”, dice José Ángel. “Nos temíamos hace ya tiempo -explica Marea de Residencias- que pudiese ocurrir. Y por eso exigimos, y ahora con más fuerza, la única solución real a medio o largo plazo que es un importante plan de construcción de residencias públicas de calidad, que relegue las residencias de las empresas a un papel no decisivo sobre la oferta de las plazas en la Comunidad”.
Pese a que la Dirección General se ha comprometido a que no habrá traslados hasta junio -los contratos derivados entrarán en vigor a comienzos del próximo mes de julio- y que la Comunidad asegura a El Salto que se “va a estudiar de manera individualizada las necesidades y preferencias”, las familias afectadas no creen que en ese tiempo se haga nada desde la Administración para evitarlos. Y lo que es peor, entienden que es algo que seguirá pasando mientras los intereses económicos estén por encima de los derechos de los mayores. “Tenemos esa sensación, de que si el acuerdo dura entre dos y tres años, cuando estén de nuevo adaptados, puede que vuelvan a cambiarlos de nuevo”, comenta resignada inmaculada pensando en el futuro de sus abuelos.
Fuente: Laura L. Ruiz en elsaltodiario.com
Foto: Concentración en favor de la gestión pública de las residencias. Elvira Megías
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