Naciones Unidas acusa a Blackstone de contribuir a la crisis mundial de la vivienda

Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el #derechoalavivienda y Surya Deva (Grupo de Trabajo sobre empresas y ddHH) han hecho pública su preocupación por el hecho de que las acciones de Blackstone Group L.P. no respetan las leyes internacionales de Derechos Humanos de protección del Derecho a la vivienda.
Expertos de Naciones Unidas califican de «indignante» el negocio que las multinacionales están desarrollando, basado en la compra de casas a precios bajos para subir los alquileres a las familias q habitan esas casas.

En su carta alienta a España para que reconozca el impacto de la financiarización de la vivienda en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada, y a que adopte medidas concertadas para devolver la vivienda a su función básica como bien social. No hacerlo sólo puede considerarse como retroceso y pone al Estado en contradicción con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

España desvincula la vivienda de su objetivo social básico: proporcionar a las personas un lugar para vivir.

Los inquilinos cuyos edificios han sido comprados por firmas de capital privado ven cómo las rentas se disparan inmediatamente después, a veces en un 30 ó incluso en un 50%, lo que les hace imposible quedarse.

En su carta, Leilani Farha destaca que la vivienda se ha convertido en una garantía de instrumentos financieros que se negocian en los mercados mundiales como medio de acumular riqueza. Este papel creciente y el dominio sin precedentes de los mercados financieros no regulados y las empresas en el sector de la vivienda se conoce como la “financiarización de la vivienda” y está teniendo consecuencias devastadoras para los inquilinos.
Los propietarios se han convertido en corporaciones sin rostro que causan estragos en el derecho de los inquilinos a la seguridad y contribuyen a la crisis mundial de la vivienda.
Acaba recordando a España que debe respetar las normas internacionales de derechos humanos, y que el Gobierno debe adoptar medidas progresivas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todos, sin discriminación.

El Gobierno debe elaborar políticas y leyes que incluyan una amplia gama de medidas para restablecer la vivienda como un derecho humano, promover un sistema de vivienda inclusivo, evitar la especulación y limitar la obtención de beneficios a costa de los arrendatarios.

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