Más de 700 inquilinas se organizan contra los abusos inmobiliarios de Blackstone

Vecinas de varios municipios de la Comunidad de Madrid se presentaron ayer miércoles en las oficinas de Testa para exigir el cese de los abusos inmobiliarios por parte de sus caseros

Representantes de diferentes promociones se han organizado, junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, para entregarle a la filial estadounidense un escrito firmado por 750 de sus inquilinas en el que se solicita una reunión. Mientras una Ley de Vivienda que ofrezca protecciones reales a los inquilinos sigue encallada en el Gobierno, son las mismas inquilinas las que se organizan para dar a conocer las prácticas especulativas del fondo buitre y protegerse ante ellas.

El texto está firmado por inquilinos de todo tipo, desde octogenarios que entraron en sus viviendas hace más de 20 años gracias a un sorteo de viviendas de protección oficial hasta parejas jóvenes que llevan meses pagando precios desorbitados por su alquiler en zonas claramente tensionadas en Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Vallecas y Aranjuez, entre otros. Estas personas que para Blackstone son un simple número para cumplir sus expectativas de negocio e inversión, ponen sus nombres y apellidos en una carta dirigida a Juan Pablo Vera – director general de Testa Home – en la que exigen una negociación colectiva para revisar las cláusulas abusivas que les fueron impuestas y la falta de mantenimiento de las viviendas, así como la renovación de contratos para todas las inquilinas a las que el fondo buitre ha demandado por negarse a aceptar subidas abusivas, algunas de hasta el 70%. Después de varias horas intentando que alguien de la filial estadounidense bajase a hablar con las inquilinas y aceptase el escrito y las firmas, ningún representante de Testa Home ni Fidere se ha atrevido a conversar con las vecinas afectadas.

Aparte de sus prácticas abusivas como caseros y los desahucios invisibles que fuerza sobre sus inquilinos, este fondo buitre estadounidense también es el responsable de más de un millón de desahucios desde su llegada a España hace ya una década, cuando la Comunidad de Madrid facilitó la compra-venta de más de mil viviendas públicas a precios muy inferiores a su valor de mercado. Desde entonces, su modelo de negocio se ha ido afinando para sacar la máxima rentabilidad a sus activos, imponiendo subidas interanuales por encima del IPC, cobrando una renta superior a la establecida por ley para viviendas con protección oficial, forzando a sus inquilinos a pagar el IBI y la comunidad así como no renovando contratos para así poder seguir subiendo los precios de sus inmuebles.

Esta acción de organización vecinal también debe servir para que el Gobierno tenga la valentía de aprobar, de una vez por todas, una Ley de Vivienda garantista y efectiva que realmente proteja al inquilinato y persiga la especulación desaforada de las SOCIMIs y los fondos buitre. Actualmente, como informamos desde los sindicatos de inquilinas hace unos días, las negociaciones están bloqueadas debido a que el PSOE rechaza regular los alquileres de forma contundente, a pesar de que este sigue siendo el mayor gasto para las familias en un contexto de alta inflación y carestía de la vida. Hoy se intentaron entregar más de 700 firmas, pero son cientos de miles las personas afectadas por estas prácticas en nuestro país. Por eso, exigimos que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y de complacer a los fondos de inversión, para intervenir y garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda como recoge la Constitución y múltiples organismos internacionales por la defensa de los Derechos Humanos.

Fuente: tercerainformacion.es

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