Mañana 12 de febrero el movimiento pensionista se manifiesta contra la Reforma de las pensiones del gobierno

Las Plataformas y los movimientos de Pensionistas de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado se unen para convocar este el próximo 12 de febrero una nueva movilización conjunta y descentralizada, en defensa del sistema público de pensiones y para rechazar la Reforma de las Pensiones pactada entre el gobierno y las direcciones de CCOO y UGT.

Contenido de la nueva reforma de las pensiones

Frente a la publicidad del gobierno y de los llamados agentes sociales, en este caso, CCOO y UGT, esa reforma no recoge ningún avance para las y los trabajadores y futuros pensionistas ni tampoco para el conjunto de pensionistas actuales. Tras el rimbombante título de la Ley, “de garantía de poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de las pensiones”, aparece un enrevesado texto que apunta en dirección contraria a lo que nos quiere inducir a creer.

Veamos que medidas recoge la nueva reforma recién aprobada:

– El IPC que se utiliza no es el interanual acumulado, sino que han buscado una fórmula de cálculo para rebajar costes de las pensiones que llaman IPC medio, que es una formula que han establecido ya por ley para este año y los próximos y que lleva a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 3% para este 2022. En lugar de la subida del 5´5%, imponen una subida del 2´5.

– Esta reforma no contempla elevar las pensiones mínimas a un mínimo de dignidad, para eliminar las pensiones de miseria y la brecha de genero.

– Aparece una nueva figura: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que dice derogar el anterior factor de sostenibilidad. Sin embargo, habla de posibilitar recortes de las pensiones cuando lo consideren necesario. Ni una mención sobre reponer las cantidades que se desviaron de la caja de las Seguridad Social para gastos ajenos a las pensiones (gastos impropios)

– Se ahonda en los recortes de las anteriores reformas de las pensiones: el retraso de la edad de jubilación, y el alargamiento del periodo de computo para el cálculo de la base reguladora,…

– Se deja el terreno preparado para la privatización para que las pensiones pasen a ensanchar el terreno del negocio privado y financiero.

La potente campaña por la Auditoria de la Seguridad Social llevada a cabo por el movimiento pensionista, condujo al reconocimiento oficial de que se habían derivado ingentes sumas de los fondos de la misma a otros fines, lo que se han dado en llamar gastos impropios. Pero ello no ha supuesto la restitución a la Seguridad Social de esos fondos. Ahora con el RD  se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado.

Situación de las pensiones públicas

El gobierno ya ha anunciado que habrá una segunda parte de la Reforma que prevemos continuará desarrollando nuevas medidas contra el Sistema público de pensiones.

El Sistema Público de Pensiones acoge a casi diez millones de pensionistas. Este solo hecho debería llevar a los gobiernos a cuidarlo y a no saquear sus fondos como han hecho y a mantener unas cuantías que permitan una vida dignas a las personas acogidas en el sistema público.

Sin embargo, el gobierno PSOE-UP seguirá desmontando el Sistema Público de Pensiones, como han hecho gobiernos anteriores, ejecutando las recomendaciones del Pacto de Toledo, a pesar de que ha sido rechazado por el movimiento pensionista, pues consolida el aumento de la edad de jubilación en un horizonte de desempleo juvenil, que a pesar de la extensión de la precariedad laboral endurece las condiciones para acceder a una pensión pública, lo que produce una rebaja de las nuevas pensiones y además, detrae ingresos al sistema público con las pensiones privadas de empresa.

El sistema de revalorización de las pensiones en el Estado español era una conquista de la clase trabajadora, hasta que un gobierno de Jose Luis Zapatero (PSOE) estableció una subida 0% que continúo un gobierno de Rajoy (PP) con el 0´25%. Esa medida puso en pie una amplia movilización pensionista de rechazo que logró bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y que se reestableciera el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones.

Ahora el actual gobierno se saca de la chistera una subida basada en lo que llaman IPC medio que nos roba en nuestras pensiones. Diferencia del IPC que no se recuperó en la famosa “paguilla” de este año que fue bastante inferior cuando tenía que haber sido del 4´6 % y además se suprime la paguilla en próximos años. El acuerdo fue recogido en la Ley 21/2021 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría y que establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de las y los pensionistas.

Este año el “IPC Real” desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del 5,5%; sin embargo, el “IPC Medio” fue solo el 2,5%. El resultado de aplicar este nuevo indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Lo que se traduce en la pérdida de un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas las pensiones de  viudedad, incapacidad permanente u orfandad, que son las prestaciones más precarizadas.

La brecha de género y la precariedad de las pensiones tiene rostro de mujer. Hay que tener en cuenta a las personas que cobran pensiones no contributivas que se sitúan  en pobreza extrema, en Canarias son algo más de 40.000, un alto porcentaje de las cuales son mujeres, alrededor del 28.000. También las dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación de miseria, que son consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas. Que el gobierno las suba un 3%  no les resuelve su situación porque la subida del IPC real es un 5,5%, por lo que pierden un 2,5% de poder adquisitivo.

El escenario previsible para este 2022 es que se siga manteniendo este año una subida similar del IPC al año anterior. Comienza el 2022 con la pérdida de un 3% de poder adquisitivo de las pensiones. Se espera seguir con más pérdidas, pues la propia previsión  para este año contempla que el IPC este 2022 siga la tónica del año anterior. Además, ya no habrá paga de compensación como hemos señalado, ni este ni en los próximos cinco años. La acumulación de perdida a final de año  por la inflación acumulada puede llegar a ser superior al 5 %.

La lucha es el único camino y el 12 es una oportunidad para darla

El movimiento quiere hacer valer el carácter público, intergeneracional y de reparto del Sistema Público de Pensiones e impedir los intentos de privatización.

Se hace necesario unir la defensa de unas pensiones dignas dentro del Sistema Público de Pensiones con la mejora de las condiciones laborales para el conjunto de la clase trabajadora. Es fundamental derogar la Reforma laboral y subir el salario mínimo a 1.200 euros ya, pues la precariedad laboral, provoca la precariedad de las pensiones.

Por todo ello este 12 de febrero hay que apoyar la convocatoria del movimiento pensionista en todo el Estado  saliendo a defender unas pensiones dignas, su carácter público y unas condiciones de trabajo dignas:

• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.

• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.

El movimiento pensionista ya ha llevado a cabo importantes movilizaciones en todo el Estado, como la movilización impulsada por la COESPE en Madrid hace unos meses o el Movimiento Pensionista en Euskal Herria, más recientemente.

Esta convocatoria del día 12 de febrero está convocada e impulsada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE), el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, el Movimiento Galego en Defensa das Pensions Publicos, Unidad-Coespe y Plataformas Locales de Pensionistas de Badajoz, Móstoles y Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar.

Frente a este panorama anunciado, la lucha es el único camino y el movimiento pensionista la está dando. Es necesario ayudar a ganarla, apoyando en cada lugar desde el movimiento popular, el sindicalismo combativo, plataformas feministas, colectivos juveniles, organizaciones sociales… las movilizaciones convocadas para el 12 de febrero en todo el Estado español.

Fuente: Manuel de la Rosa Hernández en poderpopular.info

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