Los sindicatos de inquilinos denuncian que el PP está utilizando el CGPJ para obstaculizar la ley de vivienda

La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de vivienda se convierte en una enmienda a la totalidad al considerar que el Gobierno no tiene competencias en las políticas de vivienda

Si quedaba alguna duda sobre la posición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley de vivienda, la nueva propuesta de informe despeja las incógnitas. “Sobrecargado”, “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno”, son algunos de los calificativos que le dedica. 

En esta nueva propuesta de informe, el CGPJ sostiene que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica” y su regulación “corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas”. La enmienda a la totalidad de la ley se votará el 27 de enero en el seno del Consejo. 

Los sindicatos de inquilinos exigen al CGPJ que deje de “obstaculizar” la tramitación de la ley y que se abstenga de “jugar a hacer un debate parlamentario previo” cuando este corresponde al Congreso

El informe de CGPJ no es vinculante, pero sí obligatorio, recuerdan desde el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya y la falta de acuerdo en el seno del máximo órgano de la judicatura ya ha provocado retrasos de dos meses en una ley que llega más de un año tarde. Sin un informe del CGPJ, la ley no puede volver al Consejo de Ministros, un paso imprescindible para poder llegar a su última etapa: el debate parlamentario y su votación. Y el retraso, señalan, ya dobla el permitido, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ deberá emitirá sus informes en un plazo improrrogable de 30 días.

Los sindicatos de inquilinos exigen a esta entidad que deje de “obstaculizar” la tramitación de la ley y que se abstenga de “jugar a hacer un debate parlamentario previo” cuando este corresponde a los partidos políticos en el Congreso. 

El primer informe, elaborado por el juez afín al PSOE Álvaro Cuesta, fue tumbado por la mayoría conservadora del CGPJ, una mayoría, recuerdan desde el Sindicat de Llogaters, que tiene “su mandato caducado desde hace más de dos años”. Según denuncian, “el PP está intentando ganar a través de jueces lo que teme perder en el Congreso”. 

Sin embargo, la enmienda a la totalidad no fue redactada por un juez afín al PP sino al PNV. El juez Enrique Lucas defendió su oposición a la ponencia, favorable a la ley de vivienda, por las “dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia —el derecho a la vivienda— que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3”. La ponencia final que se votará este 27 de enero ha sido redactada por este juez y el conservador José Antonio Ballesteros, vocal propuesto por el PP.

Al tumbar el primer informe, el CGPJ ya adelantó que su informe final sería desfavorable ya que la nueva ponencia se fundamentaría en que el Estado no tiene competencias para desarrollar el derecho a la vivienda. Y no ha defraudado. Para el máximo órgano de los jueces, la norma esconde “un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”. Según adelanta la ponencia, la ley “podrá ser, por lo tanto, una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, ‘la ley de vivienda’ o ‘del derecho a la vivienda’”.

Según recuerdan desde el Sindicat de Llogaters, el CGPJ tiene “su mandato caducado desde hace más de dos años”. Según denuncian, “el PP está intentando ganar a través de jueces lo que teme perder en el Congreso”

El CGPJ dedica buena parte de sus críticas al control del precio de los alquileres, un “tema constitucionalmente sensible”, dice el informe, que tiene “un alcance limitado y un farragoso contenido”. Sin embargo, la propia aplicación voluntaria de la normativa le llevan a relativizar su oposición: “En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado, presupuestos básicos de las medidas contenidas en el anteproyecto, condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal”.

Para el Sindicat de Llogaters, resulta especialmente “absurdo” el hecho de que “los poderes judiciales se amparen en la descentralización de competencias para poner palos en las ruedas a una ley de garantía del derecho a la vivienda, mientras se han dedicado sistemáticamente a tumbar leyes catalanas en esta y todas las materias con la excusa de que invadían competencias estatales”. 

Este nuevo obstáculo es el último eslabón de “una larga acumulación de retrasos en los compromisos del Gobierno español” desde que PSOE y Unidas Podemos firmaron el acuerdo de investidura hace dos años. En el pacto de presupuestos de octubre de 2020 se comprometieron a aprobar la ley de vivienda y llevarla al congreso en tres meses. Poco después de que el Consejo de Ministros presentara el anteproyecto de ley, el pasado 26 de octubre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se comprometió a que la norma volviera al Consejo de Ministros antes de final de año para que la ley quedará aprobada por el Gobierno como proyecto de ley y pudiera ser enviada al Congreso. 

Cuando empiece el debate parlamentario es cuando las organizaciones sociales que están detrás de la Iniciativa Ley de Vivienda intentarán una vez más y, esta vez sí, por última vez, salvar la ley. Para ello, esperan que los partidos que apoyaron el registro de la ley de vivienda alternativa —ERC, EH Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En Comú Podem— presenten las enmiendas necesarias y presionen para mejorar el texto. Según el Sindicat, la ley del Gobierno “incluye todavía medidas demasiado tímidas y plazos demasiados laxos para que sea una herramienta efectiva y contundente para la garantía del derecho a la vivienda”. 

Entre los cambios “necesarios y urgentes” que necesita la ley, sostiene el Sindicat de Llogaters, figura la reforma del apartado de regulación de los precios de los alquileres. Para que estas medidas lleguen a quien más lo necesita y sea útil para los hogares de rentas medias y bajas, debe existir un régimen sancionador que “garantice su cumplimiento y con topes y bajadas obligatorias”. Además de la ampliación de la regulación del alquiler, el movimiento de vivienda presionará a los partidos de la izquierda parlamentaria para que incluyan en la norma garantías para que la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional sea una realidad, para incluir la dación en pago, para que las viviendas de la Sareb pasen al parque público o para obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales como alternativa a los desahucios.

Un regalo a los propietarios

Mientras tanto, el lanzamiento del bono joven, una ayuda de 250 euros a los jóvenes para pagar el alquiler es, según la definición del Sindicat de Llogaters, una “anécdota sin efectos y una distracción”. Se trata de una medida “mal orientada”, dicen, ya que sin una regulación de precios “decidida como la catalana” se corre el riesgo de que la medida se transforme en un “transferencia de dinero público a los arrendadores”. Incluso, señalan, podrían provocar subidas de precio. Además, señalan, “las cifras que se presentan son irrisorias”: según el Consejo de la Juventud, este bono llegaría apenas al 1,7% de los jóvenes emancipados. En cualquier caso, apuntillan, “es una medida oportunista que se anunciaba a bombo y platillo la semana en la que el CGPJ bloquea la regulación de precios del alquiler”.

El bono joven es una medida “mal orientada”, ya que sin una regulación de precios “decidida como la catalana” se corre el riesgo de que la medida se transforme en en un “transferencia de dinero público a los arrendadores”

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) valora que el bono joven “no soluciona el problema de raíz y es poco efectiva” para enfrentarse a una crisis habitacional “cronificada”.  Este tipo de ayudas, “sin control de precios, son mucho más ayudas dirigidas a los bolsillos de los propietarios, que no se ven forzados a bajar precios, y que suelen terminar provocando un mayor incremento de éstos”, denuncian.

“Claramente vemos cómo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dan largas y no se atreven a afrontar la situación de emergencia habitacional que llevamos años viviendo en nuestras carnes, lo demuestran con estas medidas parches, así como con una ley vivienda descafeinada que no garantiza el derecho a la misma”, critican desde la PAH. “Les pedimos que rectifiquen y que incluyan en la ley de vivienda medidas para dar soluciones a los desahucios, a las deudas de por vida y a conseguir alquileres sociales para aquellas más vulnerables exigiendo a los  bancos y fondos responsabilidades”, añaden.

Fuente: elsaltodiario.com

Foto: Familia amenazada de desahucio en un bloque de la Sareb en Arganzuela, Madrid. Edu León

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