Las trabajadoras del hogar denuncian un profundo agravamiento de sus condiciones laborales tras un año de pandemia

  • Se trata del único colectivo que sigue sin tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo
  • Amalia Caballero (Territorio Doméstico): “El covid-19 ha empeorado nuestras vidas; la situación de desprotección es total, sólo vamos tirando gracias a que nos apoyamos unas a otras”
  • Ana María Corral (UGT): “La pandemia ha hecho saltar las costuras y se han visto los rotos del sistema, y el Ministerio alega miedo a la economía sumergida mientras piensa en el empleador”

Llueve sobre mojado para el colectivo de las empleadas del hogar, el más abandonado a su suerte, desde tiempos inmemoriales, por todos los gobiernos de la democracia. Un año después del estallido del coronavirus, la pandemia no ha hecho más que agravar profundamente la situación de un gremio que se las ve y se las desea a diario para salir adelante, en unas condiciones laborales extremas, con miles de despidos sin derecho a paro y con las distintas administraciones mirando para otro lado cada vez que alzan la voz para reclamar sus derechos.

Se trata del único grupo de trabajadoras -más del 90% son mujeres- que sigue sin tener reconocida la prestación por desempleo. En este sentido, reivindican que España ratifique de una vez por todas el Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que implica la equiparación de sus cotizaciones y derechos con las del resto de trabajadores del régimen general. El convenio, en vigor desde 2013 en varios países, establece, entre otros aspectos, el derecho al salario mínimo, las horas de descanso diarias y semanales y una clara y correcta información de las condiciones de empleo. El Gobierno anunció el año pasado que suscribiría el acuerdo para dar amparo legal a estas grandes olvidadas, en su mayoría inmigrantes, del mercado laboral, pero, de momento, continúan en un limbo jurídico que las mantiene en situación de esclavitud en un país que se dice del primer mundo.

Constanza Cisneros, portavoz del Observatorio Janet Beltrán, sostiene que el covid-19 “ha sacado a relucir todas las miserias y las carencias de los servicios sociales”, y muestra su malestar porque la sociedad no “toma en serio” a su colectivo, compuesto por unas “600.000 mujeres”, la mayoría en situación irregular. Recuerda que, tras un año de pandemia, “muchas compañeras se han quedado en la calle”, mientras las agencias de trabajo “buscan el beneficio propio y pasan por alto la dignificación del empleo de hogar, como si fuéramos objetos o máquinas”. Esta ecuatoriana, con 13 años en España como trabajadora doméstica, afirma también que el “agravamiento” de su sector por el coronavirus ha sido “muy profundo: nos ha azotado duramente, estamos completamente maltratadas” por el sistema.

Fran Lorenzo, jefe de Prensa del Ministerio de Trabajo, reconoce que las trabajadoras del hogar representan un colectivo que “necesita una mayor protección”, y asegura que existe en el Gobierno una “gran voluntad” para que el Convenio 189 se apruebe “en esta Legislatura”, pero no se puede hacer “de un día para otro, ya que implica a otros ministerios, como Igualdad y Exteriores”, y aunque el proceso es “largo” ya se ha “iniciado”. Sin embargo, desde que estalló la pandemia, miles de empleadas del hogar se han ido al paro. Cisneros rememora que el Gobierno dijo entonces que “nadie se quedaría atrás”, pero pusieron unas condiciones “tan difíciles de cumplir”, como realizar los trámites “de manera telemática”, que muchas no pudieron “completar” el proceso.

Amalia Caballero, miembro de Territorio Doméstico, denuncia que su sector se siente “machacado” por la pandemia y “marginado” por el Estado: “La situación de vulnerabilidad y desprotección es total, y sólo gracias a que nos apoyamos las unas en las otras hemos ido tirando. El covid-19 ha empeorado nuestras vidas, y no todas hemos cobrado el subsidio que anunció el ministerio, ya que muchas no tenemos ordenador o dispositivo móvil”. Sobre este punto, Lorenzo explica que la nueva prestación es “histórica”, ya que fue “diseñada ‘ex novo’ para un colectivo que no había tenido contacto previo con el SEPE, y que, por lo tanto, no figuraba en las bases de datos”. A todo esto, recalca Lorenzo, hay que sumar la “multiplicación por seis de la carga de trabajo de los funcionarios” desde la irrupción del virus, lo que “dificultó en un inicio la aplicación del subsidio”, que ya ha sido “íntegramente” reconocido y pagado: “Se presentaron unas 56.000 solicitudes, de las que se aprobó el 80%, cerca de 44.000. El resto no cumplían los requisitos de la convocatoria, por incompatibilidades o duplicidades”.

Grietas en el sistema de dependencia

Las trabajadoras de hogar y cuidados fueron consideradas esenciales durante el estado de alarma. Se dedicaron en gran medida a mantener el bienestar de personas mayores o dependientes en sus domicilios y en una coyuntura sanitaria de alto riesgo, convirtiéndose además en la alternativa al ingreso de los mayores en las residencias, centros extremadamente golpeados por la pandemia. En el apartado de cuidados, estas empleadas llevan años sirviendo para tapar las grietas de un sistema de dependencia insuficiente, con unas políticas de conciliación limitadas y una desequilibrada corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Según Graciela Cardona, representante del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, las condiciones laborales de su colectivo se han “deteriorado aún más con la pandemia, sobre todo para las internas, que se han visto obligadas a permanecer en el domicilio del empleador” por largas temporadas. Esta colombiana, que alude a la Encuesta de Población Activa para evidenciar que “el trabajo en el hogar fue uno de los sectores donde más empleo se destruyó en el 2020”, muestra su escepticismo ante la situación: “Nos sentimos completamente abandonadas, el ministerio sólo pone paños calientes. En noviembre nos dijeron que iban a montar un subsidio estructural para nuestro sector, pero no hay nada por ahora, y seguimos a la espera de la ratificación del Convenio 189”.

Desde UGT, Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones, subraya la “urgencia” de consolidar un marco legal para que las trabajadoras domésticas cuenten con la “protección” que se merecen, y revela que desde el sindicato se han dirigido al Ministerio de Trabajo en varias ocasiones para defender sus derechos y denunciar las “lagunas” que presenta el plan de regularización. A su juicio, la pandemia ha hecho “saltar las costuras y se han visto los rotos” del sistema, mientras el ministerio, que parece que siempre está poniendo “parches”, no mejora las condiciones de las empleadas del hogar alegando “miedo a la economía sumergida”, aunque también “está pensando en el empleador”.

Incapacidad de las políticas públicas

Las principales asociaciones de trabajadoras domésticas reclaman unas “condiciones de trabajo dignas y plenos derechos”, sin más “excusas ni demoras”, ante unas políticas públicas que se han mostrado “incapaces de garantizar el bienestar social”. En este sentido, denuncian que la falta de un “convenio colectivo” deja como única referencia para el sector el salario mínimo interprofesional (SMI), cuantía retributiva que debería ser “incuestionable” pero que se ha convertido en su caballo de batalla frente a las “inercias del mercado y la agresividad de los operadores lucrativos, como agencias, empresas y compañías de internet”.

Recientemente, la Plataforma por la Defensa del Empleo de Hogar y de Cuidados de Madrid presentó sus tablas de salarios mínimos y condiciones de contratación, para garantizar unos requisitos de trabajo dignos. Esta organización lleva varios años haciendo públicos estos baremos, con el objetivo de que tanto empleadas como empleadores conozcan las condiciones de contratación y los salarios. Sin embargo, “la opinión pública apenas nos ha hecho caso, a pesar de que enviamos la información a todos los medios de comunicación”, se queja Cisneros.

Las tablas presentan requisitos tan elementales -aunque en la mayoría de casos incumplidos por los empleadores aprovechando la ignorancia de las trabajadoras- como que el contrato de trabajo debe hacerse por escrito; la obligatoriedad del alta en la Seguridad Social y la entrega de un recibo de sueldo o nómina mensual; el derecho a treinta días de vacaciones al año, o que el salario base no podrá ser inferior al que marca el SMI (950 euros). También que el descanso semanal ha de ser de 36 horas consecutivas, mientras que las internas dispondrán además de dos horas diarias para las comidas, así como el derecho para estas trabajadoras a todos los permisos establecidos por cambio de domicilio, matrimonio, clases de preparación al parto, nacimiento de hijos, permiso por lactancia y fallecimiento o enfermedad de familiares.

Fuente: Daniel Leguina en cuartopoder.es

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