Las muertes en las residencias de Madrid se incrementaron un 245% durante la primera ola de la pandemia

El INE acaba de publicar la primera fotografía de la mortalidad en pandemia. Organizaciones y familiares recuerdan que en Madrid y Catalunya, que agrupan la mitad de los decesos en geriátricos, existieron criterios de exclusión hospitalaria para pacientes mayores.

Xulia Mirón cuenta que la última vez que pudo hablar con su padre fue el día 30 de marzo. No se encontraba bien y apenas pudieron cruzar un par de palabras. Estaba en la residencia Vitalia Home de Parla (Madrid), igual que su madre. La auxiliar le dijo que tenía algo de fiebre. Hablaban de resfriado pero Xulia ya sospechaba que el covid-19 rondaba las habitaciones de ese centro. El 31 de marzo hicieron PCR a todos los residentes. El 1 de abril supo que tanto su padre como su madre habían dado positivo. Su padre seguía mal. Mientras, la familia de Xulia movía cielo y tierra para conseguir un traslado hasta el hospital.

“Intentamos ponernos en contacto con los médicos. Desde la residencia nos decían que estaba recibiendo el mismo tratamiento que si estuviera en un hospital. Que estaba recibiendo oxígeno. Que tenían un médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid supervisando. Llamábamos y mandábamos emails para que le trasladaran al hospital. El 5 de abril a las 7:30 de la mañana nos comunicaron que había muerto. No le habían llevado al hospital”. Como su padre, 42.918 personas fallecieron en residencias de mayores, según confirman los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que acaba de ofrecer su primera fotografía sobre la mortalidad durante los cuatro primeros meses de la pandemia.

“Hemos encontrado testimonios de médicos que nos aseguran que hubo personas que con atención hospitalaria hubieran sobrevivido”, explica Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional.

“Los datos demuestran que nos estaban engañando. No estaban siendo atendidos y así se refleja”, se queja Mirón, quien decidió integrarse en la Marea de Residencias, plataforma que busca un trato digno en estos centros. Durante los primeros meses de 2020 en España ha habido un incremento del 72% en los fallecimientos en geriátricos (de 24.882 a 42.918), muy superior al 22% que se dio en domicilios (de 47.121 a 57.135) o al 19% que se dio en hospitales (de 103.393 a 122.310). Entre las causas, las enfermedades infecciosas (mayoritariamente covid-19) lideran el ranking con un 32,7%. La Comunidad de Madrid ha registrado la mayor subida. En 2019 perecieron 2.560 residentes. En 2020, 8.839. Esto supone un incremento del 245%. Destacan también los datos de Catalunya, que ha registrado un incremento del 63% (de 6.386 a 10.211).

“Lo que hemos constatado es que en Madrid y en Cataluña se dictaron documentos y protocolos de exclusión hospitalaria por razón de tipo de residencia y por razón de edad o dependencia física y discapacidad mental. Y esto estaba pasando principalmente en Madrid y en Cataluña—comunidades que en conjunto registran casi la mitad de los fallecimientos en residencias—. Hemos constatado que en la práctica se denegó la derivación a personas mayores que requerían ese traslado. Hemos encontrado testimonios de médicos que nos aseguran que hubo personas que con atención hubieran sobrevivido”, explica Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, quienes acaban de presentar un informe que constata que las personas mayores durante la pandemia han sufrido cinco violaciones de derechos humanos. “En las residencias los mayores han sufrido violaciones que afectaron a la vida, la salud y a no ser discriminados”.

“Mi madre fue trasladada al hospital por error. Se pensaban que podía caminar. Si se hubieran dado cuenta de que era totalmente dependiente no la hubieran trasladado”, explica la presidenta de ADEMAF

Criterios de exclusión destapados

Los criterios de exclusión hospitalaria en la Comunidad de Madrid fueron saliendo poco a poco a la luz desde que, en mayo, Infolibre publicó la primera orden. Del 18 al 25 de marzo se firmaron cuatro protocolos por un responsable del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Protocolos que no fueron vistos por ningún Ministerio del Gobierno central. Estas órdenes incluían pautas para que los pacientes fueran trasladados solo si no presentaban deterioro cognitivo o no tenían alguna discapacidad física. También en Atención Primaria se establecieron criterios para limitar el traslado de mayores de 80 años, tal y como publicó El Salto.

“Mi madre estaba en la residencia Parque de Los Frailes de Leganés (Madrid) y fue trasladada al hospital por error. Se pensaban que podía caminar. Si se hubieran dado cuenta de que era totalmente dependiente no la hubieran trasladado”, explica Carmen López, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (ADEMAF) e Integrante de la Marea de Residencias.

“Nunca lo sabremos pero esos tres días que estuvo sin cogernos el teléfono lo tuvo que estar pasando muy mal. Lo único que le daban eran aerosoles para la garganta, nunca recibió oxigenoterapia en la residencia”

“La derivaron el día 5 de abril, después de que insistí muchísimo llorando por teléfono. El jueves 2 de abril fue el último día que pudimos hablar con ella. Llegó al hospital con neumonía bilateral y saturando al 80%. Estaba ya muy mal, llevaba ya con síntomas bastante tiempo. Nunca nos dijeron que había sospechas de covid pero lógicamente estaba contagiada”, explica López. “En el hospital estuvo cuatro semanas luchando, pero finalmente no consiguió remontar. Nunca lo sabremos pero esos tres días que estuvo sin cogernos el teléfono lo tuvo que estar pasando muy mal. Lo único que le daban eran aerosoles para la garganta, nunca recibió oxigenoterapia en la residencia”, sentencia mientras añade que el bloqueo en los traslados al hospital ha sido una práctica habitual. “En la residencia de mi madre ha habido 40 fallecidos. Solo alrededor de una decena fueron derivados al hospital”.

En Catalunya, tal y como refleja Amnistía Internacional en su informe, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. “Si bien el protocolo catalán establecía que “el criterio del médico de cada paciente” prevalece sobre las recomendaciones generales, al no poder contar muchas de las personas mayores con la posibilidad de consultar a un médico o médica, lo cierto es que el resultado era el mismo: denegación de cualquier modalidad de asistencia sanitaria adecuada”, alerta esta organización.

“Los protocolos de exclusión siguen vigentes, no se están aplicando porque no hay un contexto de crisis asistencial. Pero si nos enfrentáramos a una presión asistencial elevada de nuevo, estos instrumentos se volverían a utilizar”

Situación vulnerable que continúa

Mientras, Canales avisa de que los protocolos siguen vigentes. “Las versiones que se aplicaron siguen vigentes, no se están aplicando porque no hay un contexto de crisis asistencial. Pero si nos enfrentáramos a una presión asistencial elevada de nuevo, los instrumentos se volverían a utilizar por eso pedimos que se modifiquen”, denuncia este investigador de Amnistía Internacional mientras avisa de que, en la actualidad el deterioro cognitivo derivado del aislamiento de muchos mayores es lo que está haciendo mella.

“Hoy nos preocupa cómo están viviendo las personas mayores sin contacto social. Estas dos comunidades autónomas están facilitando las visitas de familiares pero en algunos casos hay supuestos que quedan al arbitrio de la decisión de cada centro y se está optando por limitarlas. Y ahí debería haber una supervisión de las comunidades autónomas, para vigilar esos vacíos en los que se deja al arbitrio del centro decidir sobre las visitas”.

Mirón asegura que en la actualidad su madre, que continúa en la residencia Vitalia Home de Parla y padece alzheimer, ha sufrido un grave retroceso. “Antes nos conocía, ahora ya no nos conoce. Durante todo este periodo la gente que no murió ha sufrido y está sufriendo. Siguen restringiendo las visitas porque quieren salvaguardarlos para evitar contagios, pero mi madre ya pasó el coronavirus”, advierte. En su caso la residencia permite que la visiten dos veces a la semana y la pueden sacar a dar un paseo. Pero no pueden entrar y la inquieta pensar si está comiendo o no y cómo está siendo atendida. “Tenemos que estar peleándonos todos los días para conseguir videollamadas”, asegura. Y confirma que hay centros donde las medidas son aún más estrictas. “Cada residencia está aplicando el protocolo como quiere, hay residentes que han estado seis meses sin ver a su familia”, asegura.

Querellas contra la Comunidad de Madrid

Desde Marea de Residencias han puesto ya cuatro querellas para denunciar a las instituciones madrileñas por la gestión de la pandemia en las residencias. Cada querella agrupa a un número de familiares que denuncian estos procedimientos de ausencia de tratamiento “con testimonios casi calcados”.

“En Madrid centro hemos agrupado a 70 querellantes, y luego hemos puesto otra querella en Alcorcón, en Leganés y otra en Getafe. Y no serán las últimas”, avisa Carmen López. Recientemente el juzgado número 50 de Madrid acaba de admitir a trámite el caso de uno de los familiares afectados de la Gran Residencia. “Están prosperando a duras penas, esta ha sido la primera”, explica.

“Vamos a seguir. Yo sinceramente quiero creer que habrá justicia y si no la hay en España acudiremos a los tribunales internacionales. Esto tiene que quedar saldado para que jamás vuelva a ocurrir. Y me temo que no se ha aprendido nada de esta situación”, concluye López.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com

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