Las claves del plan de choque de 16.000 millones contra los efectos de la guerra

El plan de choque que se aprueba este martes tiene cinco grandes ejes: medidas de apoyo a familias, trabajadores y refugiados; para apoyar el tejido económico; en materia de transportes; de ciberseguridad; y en materia de energía, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas

El presidente del Gobierno ha presentado este lunes un paquete de medidas dentro del plan de choque contra los efectos de la guerra que supondrá un total de 16.000 millones de euros hasta el próximo 30 de junio.

Sánchez ha recordado que España “había empezado a crecer de forma robusta” antes del conflicto bélico, con un crecimiento del 5,1% en 2021, una economía que estaba “a punto de recuperar el PIB anterior a la pandemia” y niveles de contratación fija sin parangón. “No vamos a permitir que la guerra trunque esa evolución positiva”.

El plan de choque para paliar los efectos de la guerra tiene cinco grandes ejes: medias para de apoyo a familias, trabajadores y refugiados; medidas para apoyar el tejido económico; en materia de transportes; de ciberseguridad; y en materia de energía, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas.

Estas son las medidas:

Bonificación a los carburantes

Se aplica una bonificación mínima de 20 céntimos de euro por cada litro de combustible hasta el 30 de junio para todos los ciudadanos. 15 céntimos los aportará el Gobierno y las petroleras, un “mínimo” de otros cinco céntimos. Sánchez ha querido “agradecer” a algunas de estas empresas el “compromiso” mostrado la semana pasada anunciando ya descuentos (lo han hecho Repsol, Cepsa y BP).

Rebaja de la luz a la espera del precio al gas 

“Esta misma semana”, España y Portugal van a presentar a la Comisión Europea su propuesta conjunta para topar el precio del gas de forma “excepcional” y “rebajar significativamente” los precios finales de la luz “de forma inmediata” una vez tengan el visto bueno de Bruselas. Además, se va a aprobar una rebaja de hasta el 55% en los cargos de la factura (la parte regulada que fija el Gobierno) mediante una actualización del régimen retributivo de primas a las renovables, cogeneración y residuos (el régimen conocido como RECORE) que va a permitir recuperar por adelantado 1.800 millones de euros que las empresas debían devolver a partir de enero por los altos precios del mercado mayorista. 

Además, el Gobierno va a ampliar el número de beneficiarios del bono social eléctrico en 600.000 familias, “hasta casi 2 millones” de hogares, ha anunciado Sánchez. Y se amplían hasta junio las medidas fiscales en la factura de la luz: rebaja del IVA al 10% y suspensión del impuesto a la generación eléctrica. También se extiende hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico, con “ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas”, (descuento del 60% en el bono social eléctrico para colectivos vulnerables y del 70% para vulnerables severos). Por último, Sánchez ha avanzado “otras medidas regulatorias” para “fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro energético”.

Ayudas directas a transportistas por vehículo

El Gobierno alcanzó la semana pasada un acuerdo con las asociaciones mayoritarias de transportistas, donde se incluía la rebaja del precio de los combustibles, donde serán los principales beneficiarios. El Gobierno estima que el apoyo a este sector supera los 1.000 millones de euros. Además de las rebajas al carburante se incluyen 450 millones para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros. Serán 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros para las furgonetas y 300 euros para los taxis, los VTC o las ambulancias.

Además, se permitirá acortar de tres meses a uno el plazo para la devolución del impuesto sobre hidrocarburos a profesionales y se incluye el compromiso de aprobar una nueva ley que permita a los transportistas trabajar con “un precio justo”, al estilo de la ley de la cadena alimentaria.

10.000 millones más en avales del ICO y ayudas al campo y la pesca

El presidente del Gobierno ha dado un poco más de forma al anuncio realizado la pasada semana por la vicepresidenta, Nadia Calviño, sobre la ampliación del programa de créditos ICO. En concreto, el Gobierno va a ampliar en otros 10.000 millones de euros la línea de avales para empresas, que se suman a los que ya se otorgaron como respuesta a la pandemia. Sánchez ha defendido que esta medida está encaminada a abordar los problemas de liquidez de las empresas más afectadas por la subida de precios de los carburantes y en la factura de la luz con motivo del conflicto en el Este de Europa. Este programa se desarrollará hasta junio

La medida incluye además una ampliación en los plazos de devolución y de carencia para los créditos que siguen vivos como respuesta a la COVID-19. Si bien, para conocer la letra pequeña del nuevo calendario habrá que esperar a este martes al Consejo de Ministros. Actualmente hay unas 380.000 empresas cuya carencia terminaba en las próximas semanas y meses tras las sucesivas prórrogas.

Los ICO para responder a la pandemia movilizaron 92.700 millones en avales públicos a las empresas, a lo que se sumaron otros 11.000 millones enfocados a la “inversión y actividad”.

Además de las ayudas en materias de avales para el crédito de las empresas, el Gobierno ha incluido una serie de apoyos al sector primario y al campo español. En este apartado se incluyen 362 millones de ayudas directas al sector de la agricultura y la ganadería y otros 68 millones para el sector pesquero.

Por último, ha asegurado que este martes se incluirán nuevas medidas para ayudar al sector industrial, las exportaciones y el de la cultura.

Apoyo a la industria

Para la industria gran consumidora de energía, se habilitan 500 millones de euros para compensar los peajes eléctricos en un 80%, “alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector”.

Límite del 2% a las revisiones del precio de los alquileres ligadas al IPC 

El Gobierno ha incluido finalmente la desindexación del IPC de las actualizaciones del precio de los alquileres de viviendas en el Plan de respuesta a la guerra de Ucrania. Durante tres meses, las rentas que se renueven y que debieran subir conforme al IPC general, lo harán solo un 2%. 

Esta medida evitará que desde abril hasta junio los alquileres se actualicen en el peor momento, según los picos de inflación que superarán incluso el avance del 7,6% del IPC en febrero, respecto al mismo mes del año anterior, un máximo en casi cuatro décadas. 

De esta manera, un alquiler medio en España, que ronda los 700 euros, subirá solo un 2% en los próximos meses, y no los 53,2 euros que lo haría según el IPC de febrero.

Hace justo una semana, en la última reunión del Ejecutivo con los agentes sociales para estudiar este plan de respuesta, los sindicatos avisaron que había que “hablar de la vivienda”. “No quiero ni pensar en el golpe que están recibiendo los inquilinos que tienen que renovar su alquiler ligado al IPC”, lamentó Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Limitación del despido para impulsar los ERTE

El presidente del Ejecutivo ha afirmado que se van a tomar medidas para “evitar el despido” y que las empresas que tengan dificultades por la guerra acudan a los ERTE, desplegados en la reforma laboral. Según fuentes gubernamentales consultadas, por el momento no se prevé el despliegue de un Mecanismo Red específico por la guerra, los nuevos expedientes de la reforma laboral para crisis cíclicas y sectoriales, sino que se estima que los ERTE por Fuerza Mayor y los ERTE por causas objetivas (ETOP) sean “las vías adecuadas” para las compañías afectadas. 

Sobre el despido, se condicionarán las ayudas públicas a las empresas a que no se despida, tanto las ayudas directas como las que deriven de los ERTE en las cotizaciones sociales, explican estas mismas fuentes. También se impedirá que despida a las empresas que se acojan a los ERTE por la guerra, añaden. 

“Hay un mecanismo para proteger a empresas y trabajadores, son los ERTE, y no hay que despedir”, ha afirmado la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, después del anuncio del presidente. 

El IMV aumenta un 15% hasta junio

Otro de los colectivos objeto de mayor una protección por la guerra serán “los más vulnerables”, ha afirmado el presidente. Para ello, Sánchez ha anunciado un aumento del 15% de la cuantía del ingreso mínimo vital (IMV) durante los próximos tres meses, entre abril y junio. 

1.000 millones para ciberseguridad

Sánchez ha anunciado la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad con más de 150 actuaciones esenciales, dotado con más de 1.000 millones de euros. Se constituirá un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G.

Fuente: Información realizada por Antonio M. Vélez, Diego Larrouy, Laura Olías y Daniel Yebra en eldiario.es

Foto: gentileza de rtve

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