La vivienda, una razón de dignidad para todo un país

Desde jóvenes que quieren emanciparse y no pueden hasta personas mayores cuya pensión no les permite vivir con dignidad y pagar un alquiler. La vivienda es la fotografía de una derrota colectiva

Parece imposible creer que en 42 años de democracia nadie haya sido capaz hasta ahora de dar cumplimiento a un mandato de la Constitución en materia de vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para que toda la ciudadanía tenga autonomía, dignidad e igualdad a la hora de enfrentarse a los retos de su vida. Y para eso, más allá del cumplimiento de un objetivo de legislatura, queremos que la política de vivienda se consolide como un pilar más del Estado de Bienestar.

Con ello, hoy estamos más cerca de dar solución a un problema del conjunto de la sociedad. Hay conciencia colectiva y un Gobierno que pretende resolverlo, lejos de polémicas estériles que no conducen más que a debates alejados de la realidad y soluciones parciales.

Entendemos que la vivienda es el punto de partida para poder desarrollar un proyecto vital y profesional pleno, y también es el límite entre la dignidad y la exclusión social y la desigualdad que acechan a tantas personas. Es ésta, además, la mejor forma de afrontar un problema que lleva años golpeándonos aunque nadie ha sido capaz de hacer nada para cambiarlo. Situaciones límites a las que llegan muchos ciudadanos para mantener el hogar en el que viven, no perderlo o encontrar uno en el que poder vivir, no pueden permitirse por más tiempo en nuestro país.

Consciente de ello, el Gobierno de España ha previsto la mayor inversión en vivienda de la historia, 2.250 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, las primeras cuentas públicas que aprobamos y responden a esa realidad, dando a las políticas públicas de vivienda el protagonismo que merecen como prioridad a la hora de diseñar el futuro que queremos y la recuperación que necesitamos.

Lo importante, que es a la vez en este caso lo urgente, es que se va a dar respuesta a uno de los mayores problemas con el que cuentan muchas familias con recursos limitados, jóvenes que quieren emanciparse y no pueden, personas mayores cuya pensión no les permite vivir con dignidad y pagar un alquiler en las condiciones actuales, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, ya quienes pueden perderlo todo siendo desahuciados, la fotografía de una derrota colectiva como sociedad. En definitiva, poner soluciones a lo que hoy es un motivo de preocupación para una parte importante de la ciudadanía, atajando de raíz la escasez de vivienda en alquiler social o asequible, junto con un plan de rehabilitación y regeneración urbana, que cambie por completo el contexto actual.

El primero de los objetivos marcados es dotar a este país de un parque público con 100.000 nuevas viviendas a lo largo de la legislatura para el alquiler social, que respondan a las necesidades de la juventud y de los colectivos más vulnerables. El segundo, el impulso y aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia, que la consolidará como un derecho, y que va también en esa dirección de abordar los problemas con soluciones y no dejarlos morir en el cajón del olvido como se ha hecho durante los años de gobiernos del Partido Popular.

Una propuesta con la que se pretende modificar la legislación sobre ordenación urbanística para que se establezca, al menos, un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público. O donde se propone dar una alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento por parte de todas las administraciones o de la colaboración pública-privada, desterrando para siempre situaciones de desamparo y desprotección. O donde se quiere incentivar los alquileres para reducir los precios de mercado, especialmente en zonas donde alcanzan niveles desproporcionados.

El paso de los años permite analizar con perspectiva la calidad de los distintos gobiernos, el estado de la democracia y de las instituciones públicas y el desarrollo social. Sin duda, el Gobierno de Pedro Sánchez en solo dos años será ya recordado por muchos avances en progreso y bienestar con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Eutanasia, con los que ya ha demostrado su voluntad democrática, reformista y garantista de derechos para hacer un país mejor. Pero si hay una cuestión por la que también será recordado, es por garantizar, por primera vez en democracia, el derecho a la vivienda. Y con ello, lograr que tener un hogar deje de ser un lujo o un motivo de especulación para unos pocos, para ser una razón de dignidad para todo un país.

Fuente: Pedro Casares Hontañón en eldiario.es

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