La reforma laboral y el milagro de la temporalidad en España

Una temporalidad récord en Europa lastra la economía y las vidas de millones de personas. La patronal y el PSOE se resisten a un acuerdo que limite la capacidad de los empresarios para decidir de forma unilateral las condiciones laborales

La negociación de la nueva reforma laboral toma impulso y se acelera cuando falta menos de un mes y medio para que expire el tiempo dado por Bruselas. El primer plazo que se había dado el Gobierno para alcanzar un acuerdo con los grandes sindicatos y patronal, este 15 de noviembre, ha pasado sin avances sustanciales.

La disquisición sobre si se trata de una derogación, una revisión o una modernización de la reforma laboral del PP ha copado los debates. La vicepresidenta e impulsora de la nueva reforma laboral desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, zanjó el debate: “Hay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jurídico, y habrá muchas otras que vamos a legislar de nuevo”. El presidente Pedro Sánchez lo zanjaba a su manera: declaró que cumpliría con lo pactado en el acuerdo de investidura, pero con los Ministerios de José Luis Escrivá y Nadia Calviño empotrados en la negociación. Un intento de compatibilizar lo que cada vez parece más incompatible: mantener los apoyos parlamentarios del Gobierno, incluir en el acuerdo a la CEOE, mantener el apoyo de los grandes sindicatos y llegar al 31 de diciembre con una propuesta aceptable para Bruselas.

Lo que está y no está en la nueva reforma laboral

Las medidas que baraja el Gobierno hablan de modificar algunos aspectos de la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y otros artículos del Estatuto de los Trabajadores que no fueron afectados por el Real Decreto 3/2012. Al mismo tiempo, algunos de los pilares de la reforma de Rajoy que ya no figuraban en el pacto de investidura permanecerán intactos. En especial, las facilidades para el despido, una concesión del PP a la patronal que contribuyó a disparar la temporalidad y la precariedad en España.

Cuando sea aprobada la nueva reforma laboral, la indemnización por despido seguirá siendo de 33 días por año trabajado —cuando antes de 2012 era de 45— y los empresarios seguirán ahorrándose los salarios de tramitación, aquellos que antes de la reforma de Rajoy debían abonar de forma retroactiva cuando el trabajador demostraba que había sido despedido de forma improcedente. 

Cuando sea aprobada la nueva reforma laboral, la indemnización por despido seguirá siendo de 33 días por año trabajado —cuando antes de 2012 era de 45— y los empresarios seguirán ahorrándose los salarios de tramitación

“Antes, la empresa tenía más miedo a la hora de acometer un despido porque le podía suponer un mayor coste económico, esa es la clave, y no está encima de la mesa de negociación, directamente de ese tema no se está hablando”, dice a El Salto Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico del sindicato CNT.

De acuerdo con las propuestas conocidas hasta el momento, después de esta nueva reforma, las empresas también podrán seguir decretando Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sin apenas intervención pública, otra de las conquistas de la patronal en 2012. “Antes de la Reforma Laboral, la Inspección de Trabajo decía si había causa y si un ERE era necesario y congruente”, señala Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical de CGT. “Ahora, la Inspección de Trabajo se limita a decir si hay fraude, pero no si la causa que alega la empresa existe y está justificada. Y las razones para decretar un ERE van desde una menor facturación a pérdidas, pasando por causas organizativas. Para nosotros esta es una rémora muy importante, probablemente la más importante”, añade. 

El Gobierno “no va a tocar el despido”, confirmó Yolanda Díaz al inicio de las negociaciones, y eso trae consecuencias. “No coincidimos con lo que está diciendo el Gobierno. Hay que meter dificultades para el recurso al despido. Si el despido es libre y barato, la empresa tiene tendencia natural a despedir”, dijo el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en una entrevista en Antena3.

Después de la nueva reforma laboral, las empresas podrán seguir decretando Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sin apenas intervención pública, otra de las conquistas de la patronal en 2012

Las medidas que actualmente negocian Gobierno, grandes sindicatos y patronal se enmarcan en el acuerdo de investidura, fruto de largas negociaciones. Entre las principales propuestas, el equipo de Díaz defiende que el convenio sectorial vuelva a mandar sobre el de empresa y que los convenios colectivos tengan vigencia hasta que se apruebe otro. Además de recuperar la negociación colectiva, las intenciones declaradas del Ministerio de Trabajo son limitar la temporalidad y la subcontratación en el mercado de trabajo. 

El fraude de la temporalidad

Las reformas laborales de 2010 y 2012 pretendían sobre la letra modernizar, flexibilizar y hacer más estable el trabajo en España, pero en la práctica supusieron un aumento en el poder de los empresarios para decidir de forma unilateral los salarios y las condiciones laborales de la plantilla. El resultado de este desequilibrio de poder en favor de la patronal se tradujo en un descenso del 6,2% de los salarios reales en once años, en una economía menos productiva, “menos generadora de empleo y menos inclusiva”, y en la generalización de un modelo que multiplica las “vidas inestables y aplazadas”, según describe el informe Los costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo y de las reformas laborales de 2010 y 2012, elaborado por el Gabinete Económico de CC OO. 

“La alta temporalidad que padecen los jóvenes y también las personas mayores de 30 años que se quedan atrapadas en la inestabilidad, unido a los bajos salarios y a las dificultades de acceso a la vivienda, han retrasado los hitos vitales de muchas personas”, explican en el estudio al que ha tenido acceso El Salto.

En España, nueve de cada diez nuevos contratos son temporales, una tendencia que se repite en los últimos 20 años, según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE). En total, 4,4 millones de trabajadores tienen hoy contratos temporales, un 26,3%, once puntos por encima de la media europea. Según datos del SEPE, en 2019 se dieron de baja 27 millones de contratos de una duración máxima de un mes. De todos esos contratos, 5,4 millones eran de solo un día. Según el estudio de CC OO, la temporalidad llega a afectar al 40% de los trabajadores de la construcción y al 56% de las personas empleadas en la agricultura. Esta temporalidad “bochornosa”, en palabra de Yolanda Díaz, se traduce en trabajadores obligados a firmar más de cien contratos al año, una clara muestra de un “sistema fallido”, señala el Gabinete Económico de CC OO.

Este “fracaso” también se evidencia en que “después de 36 años con un modelo de contratación basado en trasladar el riesgo de crear un puesto de trabajo del empresario al trabajador ni siquiera se ha alcanzado el pleno empleo precario y España es el país de la UE con la tasa de empleo más alta, solo por detrás de Grecia, y con la inestabilidad en el empleo más elevada”, apuntan en el informe. 

Entre los motivos de estas cifras de temporalidad, el Gabinete Económico de CC OO señala a la “descausalización” de la contratación temporal desde mediados de los 80 y a las “anchas causas justificativas” que se dieron después al contrato eventual por causas de la producción y al contrato de obra y servicio, que explica el 91% de la contratación temporal, según este estudio. 

A pesar de los “amplios márgenes legales” para cubrir con empleos temporales puestos estructurales, son millones los contratos temporales que suponen un fraude de ley. El Estatuto de los Trabajadores, explica Antonio Ruiz, dispone que la norma es la contratación indefinida y la excepción es la contratación temporal, limitada en teoría a determinadas situaciones. “Lo que ocurre es que en la práctica funciona a la inversa. Se están aplicando contratos temporales casi en el 90% de los casos y en determinadas circunstancias el indefinido”, dice este asesor jurídico y sindical.

Para disminuir las altas tasas de temporalidad, Trabajo propuso un tope del 15% de contratos temporales en todas las empresas, pero la oposición de la patronal no tardó en diluir la propuesta convirtiendo ese límite en topes en flexibles en función del sector 

La “falta de medios y recursos” en la Inspección de Trabajo hace que la enorme mayoría de los contratos en fraude de ley no salga a la luz. Desde el Ministerio de Trabajo se está intentando darle la vuelta a esta situación y solo en 2021 más 267.000 contratos temporales irregulares fueron convertidos en indefinidos. En las últimas dos semanas, las empresas hacían fijos a 82.400 temporales después de recibir una carta de la Inspección de Trabajo como parte del segundo plan contra la temporalidad abusiva. Se trata de una “cifra histórica”, según declaraciones del Ministerio, pero que palidece con los 180 millones de contratos temporales que se han realizado en los últimos diez años.

Para el Gabinete Económico de CC OO, elevar las “magras sanciones” tampoco resuelve el abuso de la contratación temporal, “precisamente, porque dentro de sus causas legales caben muchos contratos temporales”. La solución, indican, “pasa por suprimir y estrechar” esos márgenes legales que permiten el abuso de la temporalidad.

Para disminuir las altas tasas de temporalidad, el equipo de Yolanda Díaz primero propuso un tope del 15% de contratos temporales en todas las empresas, pero la oposición de la patronal no tardó en diluir la propuesta convirtiendo ese límite en topes en flexibles en función del sector. 

Trabajo también propone convertir los contratos de obra y servicio de las Empresas de Trabajo Temporal —que se extinguen después de finalizar la tarea— en contratos fijos-discontinuos, que permiten mantener una relación laboral en suspensión, un modelo muy utilizado en ciertos sectores, como en la agricultura de temporada o en el turismo. 

Si se dejan intactas las facilidades para el despido, tanto individual como colectivo, “al final lo que se consigue es que el contrato indefinido acabe no siendo indefinido”

Para Antonio Ruiz, de la CNT, estas propuestas, “son positivas, pero insuficientes” para enfrentar el problema de la temporalidad y la enorme precariedad en el trabajo. “Se está hablando de acabar con la temporalidad poniendo límites a la contratación temporal y a la causa de la contratación, cosas que están muy bien y que hay que valorar”, dice. Sin embargo, si se dejan intactas las facilidades para el despido, tanto individual como colectivo, “al final lo que se consigue es que el contrato indefinido acabe no siendo indefinido” y que mejoren las estadísticas mientras la precariedad de la población se mantiene intacta.

La propuesta de los topes “es un paso importante”, añade Ruiz, “porque significa una intervención del Estado como garante de los derechos laborales para evitar que determinados sectores puedan tener altos niveles de temporalidad”. Sin embargo, las incertidumbres son muchas, dice, y podrían desvirtuar el alcance de la medida: “No sabemos en qué sectores se aplicará, en qué porcentajes y cómo se aplicarán estos topes”. Hasta ahora solo ha habido “globos sonda”, matiza.

Para CC OO, la propuesta de topes variables no resuelve por sí solo el problema. Tal como recordó el secretario general de este sindicato, Unai Sordo, puede existir contratación temporal por debajo de esos límites “que no se justifique” y exigen “que la causa de la temporalidad sea objetiva”. 

Desde CGT, Tomás Rodríguez califica de “decepción” las propuestas para esta nueva reforma laboral y, entre los motivos, señala la entrada de los Ministerios de Economía y Seguridad Social: “Evidentemente el desembarco de Nadia Calviño y José Luis Escrivá ha tenido consecuencias, pero creemos que lo que subyace es ese pacto que tienen con Europa que nadie conoce, esos 70.000 millones de euros que nos va a dar la UE condicionados a una serie de reformas que no tienen nada que ver con los programas electorales y los acuerdos de Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE”.

Otro de los secretos que hay detrás del milagro español de la temporalidad es el abuso de contratas y subcontratas para abaratar los costes laborales, un fenómeno que se redobló tras la reforma laboral de Rajoy

El secretario de Acción Sindical de CGT rescata de esta primera batería de medidas la revitalización de la negociación colectiva, especialmente la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa: “Evidentemente ahí hay un avance… porque se acotan los abusos que permitían amañar las elecciones sindicales y negociar con tu cuñado las condiciones laborales de toda la empresa. Ha habido muchos convenios de empresas anulados por los tribunales después de que se demostrara que las elecciones sindicales habían sido fraudulentas”. 

Qué pasa con la subcontratación

Otro de los secretos que hay detrás del milagro español de la temporalidad es el abuso de contratas y subcontratas para abaratar los costes laborales. El fenómeno no es nuevo ni debido en exclusiva a la reforma laboral de Rajoy, aunque esta permitió que la externalización de servicios viviera a partir de 2012 un auge espectacular, ya que la norma permitía que las subcontratas aplicaran convenios con peores salarios y condiciones laborales que los convenios sectoriales. 

La prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial que trajo la reforma de Rajoy “redobló el incentivo para la subcontratación”, sostiene el informe el Gabinete Económico de CC OO: “Este movimiento permitió que las empresas de trabajo temporal crearan empresas multiservicios con convenio propio y peores condiciones que las de los convenios sectoriales donde operan”.

La posibilidad de descolgarse del convenio sectorial llevó a una acelerada precarización de diversos sectores, como llevan años denunciando las Kellys, las trabajadoras de limpieza de los hoteles. La mayoría de ellas trabaja en subcontratas que realizan un trabajo fijo y estructural en los hoteles, pero con contratos temporales y convenios inferiores. Según cifras del Gabinete Económico de CC OO, la mitad de las limpiadoras trabaja en subcontratas, una proporción que se eleva al 70% en el caso de los guardias de seguridad. 

Según explica el informe, el ascenso de la subcontratación se vio favorecido “por la laxitud de las causas legales que justificaban la contratación temporal”, una vía para rebajar las condiciones laborales de trabajadores que antes eran contratados directamente por las empresas. Estos empleos pasaron a depender de contratas y subcontratas que realizaban mayoritariamente contratos temporales haciendo mucho más difícil la organización sindical. Esos contratos, la mayoría de las veces, señalan, se realizaron en el marco de convenios colectivos con peores condiciones y peores salarios. 

Además de numerosas victorias judiciales, las Kellys consiguieron posicionar en el debate público el abuso de la subcontratación como recurso para devaluar las condiciones laborales. En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo modificaba su postura sobre la subcontratación y fallaba que las personas que trabajan en empresas auxiliares —por ejemplo una subcontrata de limpieza—, que desempeñan un trabajo de forma continuada en una empresa matriz —como un hotel— deben ser convertidas en indefinidas en sus respectivas empresas externas. 

“Si quieren acabar con la precariedad, esta es una de las principales cuestiones que esta derogación o supuesta derogación de la reforma laboral debería de abordar. Ya veremos hasta qué punto se puede conseguir”, dice a El Salto Antonio Ruiz. Para este experto en relaciones laborales, lo mínimo que debería hacer la nueva reforma es incluir este avance judicial en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, esta “doble seguridad jurídica” estaría lejos de garantizar condiciones dignas de trabajo para los trabajadores de las subcontratas. 

La patronal se opone a poner límites a la subcontratación: “Es imposible que un empresario autónomo, o una subcontrata, que trabaja para Telefónica colocando líneas de ADSL, pueda absorber las condiciones laborales de la multinacional”

Para reducir esta temporalidad y precariedad, las propuestas que están sobre la mesa contemplan que las subcontratas que realizan trabajo estructural y continuado se rijan por el mismo convenio que la empresa matriz, que las empresas centrales asuman en determinados casos las deudas de las empresas auxiliares o que se endurezcan las condiciones para externalizar trabajos. El rechazo de la patronal a estas propuestas es total.

“Es una línea roja que no pensamos traspasar, porque se carga un modelo económico”, declaró la CEOE y Cepyme en relación a que las subcontratas adopten las condiciones laborales de la empresa principal. “Es imposible que un empresario autónomo, o una subcontrata, que trabaja para Telefónica colocando líneas de ADSL, pueda absorber las condiciones laborales de la multinacional”, dijo Lorenzo Amor, presidente de la organización de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE desde 2019. 

El secretario de Acción Sindical de CGT se muestra cauto sobre las posibilidades de que se llegue a un acuerdo satisfactorio: “Aunque vayan por detrás del Tribunal Supremo, es necesario y positivo que se limite la subcontratación, pero hasta que no vea el texto no me lo voy a creer”.

El resultado de la nueva reforma laboral ya estaba medio escrito cuando se decidió separar el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo, dos carteras que hasta entonces habían estado unidas, una acción que terminó de “desnivelar la relación de fuerzas”

Para Ruiz, el resultado de la nueva reforma laboral ya estaba medio escrito cuando se decidió separar el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo, dos carteras que hasta entonces habían estado unidas, una acción que terminó de “desnivelar la relación de fuerzas”. Ahora, con la presencia de los equipos de Calviño y Escrivá en la mesa de negociación, Ruiz identifica “una estrategia más bien política para intentar redirigir las negociaciones hacia algo que no asuste a la patronal”.

Este asesor laboral y activista sindical ve poco futuro a un posible consenso entre grandes sindicatos, gobierno y patronal. Al menos no con las propuestas que más han sonado hasta ahora. “Si quieren llegar a un acuerdo con los mal llamados agentes sociales tiene que firmar también la CEOE y para que firme la patronal tiene que haber cosas que le supongan beneficios fiscales o económicos de algún tipo, la patronal no va a aceptar por sí misma una reforma de la que no salga beneficiada en algún sentido”.

Fuente: Martín Cúneo en elsaltodiario.com

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