La nueva ley de FP y sus claves

El objetivo de la Ley Orgánica de Formación Profesional es atajar el desbocado paro juvenil y abordar la falta de cuadros medios y profesionales en el país

Este jueves, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta la Ley Orgánica de FP, cuyo objetivo final es atajar el desbocado paro juvenil y abordar la falta de cuadros medios y profesionales en el país.

Este proyecto está pensado para que tanto los estudiantes como los trabajadores y los parados tengan acceso a un novedoso sistema de grados de formación que se pueden ir acumulando y que les permitirá obtener acreditaciones y titulaciones de mayor nivel, lo que posibilitará que una persona programe y encuentre en cada caso lo que le resulte más adecuado a sus circunstancias, expectativas y necesidades.

Además, el proyecto pretende convertir los estudios de FP en una puerta directa al empleo, sin que ello suponga merma en los derechos laborales, por lo el Gobierno pretende que sea obligatorio remunerar los contratos de prácticas, al menos con el salario mínimo interprofesional (SMI).

La nueva ley de Formación Profesional plantea, entre otras cuestiones técnicas, que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas desde el segundo trimestre, quedando el primero reservado a recibir información relativa a la prevención de riesgos laborales. Las compañías tendrán que firmar, de manera obligatoria, un contrato de formación, y el objetivo es que el sueldo que tengan que pagar a los estudiantes se corresponda con el salario mínimo.

Niveles de formación

La nueva oferta formativa plantea cinco niveles: el grado A, que consistirá en formaciones de muy pocas horas y que dará a los estudiantes una «acreditación parcial de competencia»; el grado B, que otorgará la «certificación de competencia »; el grado C, que implicará la aprobación de varios módulos y otorgará a los alumnos un «certificado de profesionalidad» y los grados D y E, que se corresponden con los actuales ciclos de FP básica y media, y FP superior, respectivamente, en los que se deberá enseñar una lengua extranjera, se harán formaciones bilingües y se podrán cursar dobles grados, como ocurre en la universidad, que otorgarán a los alumnos los «ciclos formativos de FP» y «cursos de especialización (máster)», respectivamente.

Todos aquellos que alcancen un Certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su formación. Habrá dos tipos (general y avanzada) en función de la duración del periodo en la empresa; los resultados de aprendizaje asumidos por la empresa y si hay o no relación contractual. En la primera, la duración oscilará entre un 25 y 35% de la duración de la formación, y en la segunda será de entre un 35 y 50% y habrá contrato.

Con esta ley también se quiere facilitar que los adultos puedan certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral, ya que la mitad de la población activa (unos 10 millones de personas) no puede acreditar sus competencias profesionales, a pesar de haberlas adquirido por experiencia laboral o vías no formales de formación.

Conexión con la universidad

La nueva norma también regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, facilitando el tránsito sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Además, habrá unidades de orientación profesional a los que podrá ir cualquier ciudadano.

El proyecto de ley contará con 5.474 millones de euros hasta 2025, de los cuales 1.550 proceden de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE, y pretende crear un mínimo de 200.000 nuevas plazas.

Aunque ha subido ligeramente con los años, solo el 12% de los jóvenes españoles opta por la FP, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea. Asimismo, solo el 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja, mientras que en 2025, el 50% de los trabajos requerirán de técnicos y técnicos superiores, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

Fuente: Luna Izquierdo en contrainformacion.es

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