Es evidente que la situación más grave y generalizada de la crisis
social y económica ha pasado. Desde el año 2014 existen indicios de
mejoría que afectan a diversas variables económicas y de empleo. Pero
las condiciones de vida y los derechos sociales y laborales de la
mayoría social todavía están peor que en el comienzo de la crisis y las
políticas neoliberales de austeridad. Los recortes sociales no se han
revertido en lo sustancial. A pesar de algunas tendencias favorables, su
impacto regresivo es mayoritario y persistente, aunque su dimensión sea
distinta para diferentes segmentos y se consolide un sector más empobrecido en situación de emergencia social.
La cuestión es que las tendencias de mejoría no están generalizadas
ni son consistentes a medio plazo, particularmente en España. Ya hay
síntomas de desaceleración de la economía, y la EPA del tercer trimestre
de 2019 indica datos preocupantes de freno de la creación de empleo y
de continuidad de la precariedad laboral, especialmente la juvenil.
Según diversos analistas estamos tocando techo en este último lustro de
cierta reactivación económica y existen malos augurios.
Por tanto, a pesar de algunas mejoras para algunos sectores, particularmente por el nuevo empleo (precario) creado, el grueso de la mayoría popular sigue sufriendo las consecuencias de la crisis y la estrategia de ajustes estructurales regresivos. Y, salvo para las capas acomodadas, que no llegan a un tercio de la población, se corre el riesgo de la cronificación de los retrocesos de condiciones y derechos sociolaborales y la vulnerabilidad vital. El horizonte superador no está claro, así es percibido en la sociedad, y exige un giro democrático e igualitario de las políticas públicas y económicas.
Lo que se ventila en este proceso electoral y postelectoral son las bases analíticas y programáticas para un proyecto transformador que pudiese ser compartido por el PSOE y Unidas Podemos
Este diagnóstico realista de la gravedad de la situación
socioeconómica, que constata las tendencias contradictorias y evita el
catastrofismo, expresa la necesidad de un cambio de progreso sustantivo.
El otro diagnóstico, embellecido, de que la gran mayoría, especialmente
los segmentos intermedios, han salido de la crisis y han recuperado su
estatus anterior, conlleva una gestión político-económica continuista
con ligeros retoques o medidas puntuales para un sector calificado de
residual. Este dilema analítico conlleva una encrucijada estratégica
entre continuismo (con riesgos de involución social y democrática) y
cambio de progreso.
La pugna interpretativa por la definición prevalente de esa realidad y
sus implicaciones políticas (continuistas o transformadoras) es
crucial. El propio título ya avanza una posición alternativa de la que
se deduce la necesidad de un cambio de progreso, una transformación
sustancial en un sentido igualitario, expresión del conjunto de las
fuerzas del cambio. Caben otras dos posiciones dominantes, con un
diagnóstico similar: hemos salido de la crisis, se ha conseguido (casi)
una normalización económica, las políticas económicas y la gestión
pública debe continuar en una senda similar, aunque faltaría la
estabilidad política para consolidar esa gestión.
La conclusión es parecida: continuismo económico bajo el consenso
liberal europeo y del poder establecido, que es susceptible de los
llamados pactos de Estado. Pero no hay que infravalorar las diferencias
de las dos variables de política (y retórica) económica entre una
dinámica práctica centrista, con algunas medidas parciales progresistas,
representada por el Partido Socialista y otra abiertamente neoliberal y regresiva, de las derechas lideradas por el Partido Popular. No
obstante, la pugna política se establece, sobre todo, por el dominio de
la gestión institucional de ambas élites gobernantes, para conseguir el
cierre de esta década de oposición social y democrática a una
estrategia regresiva y prepotente ante la crisis social y económica y
dar continuidad al modelo social dominante.
Sin embargo, la dirección socialista tiene un problema de legitimidad
social: debe evitar desvincularse de la mayoría cívica progresista que
aspira a un cambio social y democrático y está condicionada por las
fuerzas del cambio. Su mayoría representativa es relativa e insuficiente
para garantizar la gobernabilidad y la imposición de su proyecto
centrista, y debe negociarlo, corregirlo y acordarlo con su derecha o su
izquierda. Su credibilidad social depende de su respuesta a las
expectativas progresistas levantadas tras la moción de censura,
reforzadas el 28 de abril y frustradas por el giro centrista y
prepotente del presidente Sánchez y su negativa a conformar una
gobernabilidad pactada con un proyecto compartido y plural de progreso
real.
En definitiva, lo que se ventila en este proceso electoral y
postelectoral son las bases analíticas y programáticas para un proyecto
transformador que pudiese ser compartido por el Partido Socialista y el espacio del cambio (Unidas Podemos y las convergencias e incluido Más País y Compromís),
o bien un proyecto continuista centrista con un acuerdo de Estado,
basado en el consenso liberal europeo liderado por el eje Merkel-Macron,
entre la dirección socialista y la de alguna de las derechas… o,
bien, la prolongación de la inestabilidad institucional y la pugna
política, en la búsqueda de una nueva redistribución del poder y los
equilibrios representativos actuales.
Además, no hay que olvidar que la política fiscal, económica y
presupuestaria todavía es la aprobada en el gobierno de Rajoy (salvo
alguna excepción como el incremento del SMI), y que los recortes del
Estado de bienestar (pensiones, sanidad, educación…) y los derechos
laborales (reforma laboral, negociación colectiva, desempleo masivo,
devaluación salarial…) se siguen aplicando y generando precariedad,
inseguridad y subordinación a la mayoría popular.
En consecuencia, diagnosticar bien la realidad y las tendencias es
fundamental para legitimar o transformar las dinámicas estructurales,
las políticas públicas realizadas y la gestión de las élites gobernantes
y privadas. Pero, sobre todo, tiene gran importancia para definir qué
estrategias políticas son las más adecuadas para garantizar un mayor
bienestar colectivo, todavía más en época electoral, con la conformación
de qué gobernabilidad se consolida. Por tanto, el análisis (científico)
de las relaciones socioeconómicas está interrelacionado con los
proyectos políticos y su legitimidad.
Esa interpretación debe ser rigurosa y vinculada con las condiciones
de vida de la gente. No obstante, aparte del campo político, tanto en
los ámbitos mediáticos y de las redes sociales cuanto en las instancias
académicas y de las ciencias sociales, se suele caer en diversos sesgos
deformadores en beneficio de intereses ideológicos, partidistas o del
poder establecido. La realidad pasa a ser no el punto de partida
objetivo para transformar, sino la construcción discursiva y mediática
de lo que conviene al interés corporativo del grupo de poder respectivo.
A veces interfiere incluso en la forma de presentar un dato, un
indicador o un gráfico, o, en otro sentido, la imagen, idea o emoción
que se pretende suscitar.
En esta prioridad por el eje social, la igualdad o la justicia
social, en sentido amplio (incluido el eco-social, la igualdad de género
o la inmigración), dejo al margen otros dos ejes fundamentales: la
crisis territorial, particularmente dentro de Cataluña y en su relación
con el resto de España, y la imprescindible democratización política e
institucional, así como de las estructuras sociales (incluidas las
relaciones machistas) y la mayor participación cívica. Me centro en dos
aspectos: primero, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los
salarios, con algunas características del mercado de trabajo; segundo,
la distribución de las rentas y su impacto en la estructura social y la imagen que proyecta.
La pérdida de poder adquisitivo de salarios
No entro en valorar el conjunto de características del mercado de
trabajo y sus vulnerabilidades, sobradamente conocidas, como la alta
precariedad juvenil, la masiva temporalidad, la ampliación de las
personas trabajadoras pobres o el desigual impacto territorial. Aspectos
relevantes como la brecha laboral de género, la situación de pobreza y
de los pensionistas los abordaré en la segunda parte sobre la
desigualdad social. Me centraré aquí en la pérdida de la capacidad
adquisitiva de los salarios, su estratificación y algunos rasgos de la
evolución del paro y el empleo.
El aspecto principal para considerar es la evolución del poder adquisitivo real de los ingresos salariales de la población, no tanto su variación nominal. Por tanto, hay que descontar la inflación, con el indicador del Índice de Precios al Consumo (IPC). La prioridad está clara: un enfoque social y realista de las condiciones de vida de la gente, no un dato macroeconómico sesgado para inducir una visión de ascenso socioeconómico generalizado, sin valorar la función principal de los salarios y su equidad: su capacidad para garantizar el consumo y el bienestar social. Expongo los dos primeros gráficos sobre la evolución de los salarios medios (la media de los salarios brutos) en esta década desde comienzos de la crisis, para comparar críticamente la visión que se deduce de ellos.
Gráfico 1: Evolución del salario medio nominal (2008-2017)
Fuente: INE, con elaboración propia. Salario mensual en euros
Como se ve a simple vista en el gráfico 1, la evolución ‘nominal’ del salario mensual medio es ascendente, desde 1.774 euros en el año 2008 hasta 1.889 euros en el 2017 (último con datos disponibles), con un incremento de 6,4 puntos. No obstante, si incorporamos como deflactor el IPC de esos años la conclusión es la contraria: un descenso global de 3 puntos. Así, partiendo de la base 100 en el año 2008 y descontando el IPC a 31 de diciembre de cada año para evaluar la capacidad adquisitiva de los salarios del año siguiente, tenemos que en ese periodo de baja inflación, contando con que los años 2014 (-0,2), 2015 (-0,5) y 2016 (-0,2) fue negativa, el IPC acumulado llegó a 14,3 puntos. Es el dato que corrige el incremento nominal y supone la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría (90%) de los salarios.
Gráfico 2: Evolución del poder adquisitivo del salario medio (2008-2017)
Fuente: INE, con elaboración propia. Base 100 en 2008. Deflactor del IPC anual, a 31 de diciembre, en el año siguiente
La contraposición de ambas imágenes deja una conclusión evidente.
Frente a la visualización de un ascenso, el gráfico 2 nos informa de un
descenso pronunciado, sobre todo, entre los años 2009 y 2014, de 6,3
puntos, con una devaluación salarial que se mantiene en los años
siguientes, y un mínimo ascenso en el año 2017. En todo caso, persiste
una distancia de más de 5 puntos respecto del poder adquisitivo inicial
del año 2008. O sea, todavía no se ha recuperado la capacidad
adquisitiva del salario medio de antes de la crisis y permanece el
déficit de rentas salariales acumulado esta década. Y un matiz más: el
ligero ascenso del salario medio en el año 2009-2010 está derivado de la
destrucción masiva del empleo precario de bajos salarios, con lo que la
media del resto sube algo, no porque aumentasen su poder adquisitivo
respecto de los años anteriores.
Ahora amplío esta misma comparación de la evolución salarial entre
los años 2007 y 2017, con el dato total y por deciles, nominal (gráfico
3) y de su capacidad adquisitiva (gráfico 4). La línea de tendencia es
igual ya que indica la desigualdad
existente entre los distintos deciles. En el primero (gráfico 3), el
dato nominal de la media total es un incremento del 14,9%; solo el
primer decil desciende (-7,5%) y el resto aumenta, aunque de forma
desigual, hasta el máximo del decil 10 (26,2%). Pero, aplicado el
descuento del aumento del IPC de ese periodo, tenemos que la pérdida
global de poder adquisitivo del conjunto de los salarios (gráfico 4) ha
sido del 3,01%.
Gráfico 3: Evolución salarial (nominal) 2007-2017. Total y por deciles
Fuente: INE, con elaboración propia. Decil 1, salarios más bajos; decil 10, más altos
Me centro en la comparación de los distintos deciles, respecto de las
diferencias de la capacidad adquisitiva (gráfico 4), agrupándolos en
cuatro bloques y relacionándolos con el descenso (-3,01%) de la media
general. La primera valoración es que solo la minoría de arriba mejora
su poder adquisitivo (6,47%); es un bloque del 10%. La gran mayoría del
90%, empeora su capacidad de consumo, su estatus vital. A esa gran
mayoría, la crisis y la austeridad les ha perjudicado. Pero la dimensión
de esa pérdida es diferente para los tres bloques, del 30% cada uno. El
que más sufre es el primer bloque, de un 30%, de los salarios más
bajos, con una pérdida entre el 11% y el 22%. El agravante, todavía
mayor en el primer decil, es que ese 30% de salarios más bajos es el que
más reduce su capacidad adquisitiva. El segundo bloque, con otro 30%,
deciles 4 a 7, tiene una pérdida significativa entre el 4% y el 7%, por
encima de la media, es decir con una mayor distancia respecto de los de
arriba. El tercer bloque (otro 30%), pierde un poco, entre el 2 y el 3%,
pero disminuye su poder adquisitivo y sigue peor que al comienzo de la
crisis; en términos comparativos, por un lado, tiene más desventajas con
respecto al 10% de arriba pero, por otro lado, consiguen un menor
impacto negativo respecto del 60%, de los dos bloques de abajo.
Gráfico 4: Evolución del poder adquisitivo de los salarios (2007-2017). Total y por deciles
Fuente: INE, con elaboración propia. Decil 1, salarios más bajos; decil 10, más altos
Los gráficos 5 y 6 informan de forma complementaria (en columnas y en
líneas) la evolución de los salarios medios brutos, total y por deciles,
durante los años 2007 al 2017, en su valor nominal. Permiten visualizar
mejor el impacto en el conjunto de la capacidad adquisitiva de la
población. Los gráficos 1 y 2 (al igual que la mayoría en todos los
ámbitos) expresan una tendencia sobre un rango estrecho de datos, por
ejemplo entre 100 y 90. Con ello se remarca los cambios más drásticos en
esa tendencia. Pero, para hacerse una idea de lo que representa en la
vida general de la gente, es más conveniente expresarlo en relación con
el total salarial, es decir, desde el 0 al máximo, en este caso, al
menos hasta los 5.000 euros. Tiene otra ventaja. Tomando el total y
cualquier decil, la evolución en esta década larga aparece más suave, en
la pérdida o la ganancia, que es más realista y elude el catastrofismo,
cuando baja, y el embellecimiento, cuando sube.
Gráfico 5: Evolución de los salarios medios mensuales (brutos), por deciles (2007-2017) -en columnas-
Fuente: INE – Encuesta de Estructura salarial (valor nominal en euros), y elaboración propia.
Están claras las distancias estructurales entre los distintos
deciles, teniendo en cuenta que analizamos valores nominales, como el
gráfico 1, y su evolución mayoritaria es al alza: Por arriba, el 30% por
encima de la media salarial global, con una diferencia sustancial entre
el 10% muy alto (decil 10), la élite o clase alta, y el 20% (deciles 8 y
9), que sería la clase media acomodada (media-alta y media-media),
aunque su capacidad adquisitiva real también disminuye un poco; y por
abajo un 60%, de las clases trabajadoras, con una distinción
significativa, entre el 30% más bajo (deciles 1, 2 y 3), que todavía
recorta más su poder adquisitivo (nominal y real), especialmente el más
bajo, y el 30% siguiente (deciles 4, 5 y 6), que mantiene sus salarios
nominales pero que, como hemos visto en el gráfico 2, bajan entre el 4% y
el 7% su valor real. Por último, está el 10%, realmente intermedio
(decil 7), prácticamente en el salario medio y que también sale
perdiendo algo, es decir habría que sumar al 60%.
Esa es la estratificación básica de la población asalariada según
este criterio de estar por encima o por debajo de las rentas salariales
medias, como línea orientativa divisoria de la clase social objetiva.
Así, unos dos tercios pertenecerían a las clases trabajadoras, aunque
con una segmentación interna significativa (y sin considerar aquí el
resto de población activa -autónomos, desempleados- e inactiva
-estudiantes, pensionistas, amas de casa…-. Coincide con los resultados
de aplicar los criterios, a mi modo de ver, más importantes y
cualitativos de la posición de poder y control en las relaciones
laborales y sociales, o sea, en la situación de subordinación/dominación
en el empleo (o desempleo e inactividad) y las estructuras sociales
(incluida la familia y el sistema de pensiones) que se encuentra la
gente, y solo de forma complementaria la forma jurídica de su contrato
laboral, su cualificación académica o su estilo de vida, y dejando al
margen su subjetividad, su experiencia relacional y su práctica
sociopolítica, necesario y fundamental todo ello para una comprensión
global del conflicto social y de clases.
Otras instituciones, como la OCDE, utiliza el salario (o las rentas) mediano (la mitad de la población por arriba y la mitad por abajo), con el rango de entre el 75% y el 200% de esa línea, que en el año 2017 supone -en 14 pagas- 1.230 euros para las mujeres y 1.569 para los hombres, para definir las clases medias (frente a las bajas) que serían mayoritarias. Al estudiar la distribución global de las rentas volveré sobre ello.
Gráfico 6: Evolución de los salarios medios mensuales (brutos), por deciles (2007-2017) -en líneas-
Fuente: INE – Encuesta de Estructura salarial (valor nominal en euros), y elaboración propia
En el gráfico 7 comparo la evolución, entre los años 2007 y 2017, de la Masa salarial global con los Beneficios empresariales y el gasto en Cotizaciones sociales
a cargo del empleador. Como se ve, hay una disparidad progresiva, cada
vez mayor, entre los beneficios empresariales y la masa salarial con las
correspondientes cotizaciones sociales, siempre en valores nominales.
La desventaja para la masa salarial, a pesar de la creación de empleo,
se va incrementando. Los beneficios empresariales, en lo peor de la
crisis (2010-2014) descienden algo menos del 5%, se recuperan
rápidamente y se incrementan hasta más del 11%, en el año 2018. Mientras
tanto, la masa salarial disminuye hasta casi el 14% y se incrementa
lentamente hasta el mismo nivel de 2008 (al igual que las cotizaciones
sociales a cargo del empleador), debido principalmente a la creación de
nuevo empleo (2,6 millones), según el gráfico 7.
Gráfico 7: Variación anual (%) de Beneficios empresariales, Masa salarial y Cotizaciones sociales (a cargo del empleador). Años 2008-2018
Fuente: INE, con elaboración propia
La fragilidad del empleo
En el gráfico 8 expongo la evolución de la ocupación y el paro, en
esta década larga. En el primer lustro hay un empeoramiento rápido y
profundo; en el segundo lustro se produce una recuperación que no llega a
los niveles de 2008. Así, entre los años 2008 y 2013 se produce la
doble dinámica de destrucción de empleo (3,3 millones), que queda en su
nivel más bajo con 17,16 millones, y de incremento del paro (3,3
millones), hasta un total de más de 6 millones. En la segunda fase,
desde ese nivel más bajo (2013) hasta 2019, se crean 2,6 millones de
nuevos empleos y, paralelamente, se reducen 2,8 millones de personas
desempleadas. En su conjunto, en ambos indicadores no se ha conseguido
el nivel del año 2008: existen 0,9 millones menos de empleos y la misma
cantidad de mayor desempleo.
Esta última trayectoria, relativamente positiva, es la que más
embellecimiento ha tenido desde las élites gobernantes y el poder
mediático, como síntoma de la superación de la crisis y justificación de
las políticas económicas neoliberales y regresivas en derechos y
condiciones sociolaborales. Indudablemente, son mejorarías concretas
para varios millones de personas que han accedido a un empleo, aunque
sea precario; en su conjunto ha permitido disminuir su inseguridad y
aumentar su poder adquisitivo con un relativo ascenso social desde el
desempleo (o la inactividad) de esa parte, no superior al 15%, del
mercado laboral. Pero vemos sus límites cuantitativos y de calidad de
ese empleo, así como su fragilidad estructural a medio plazo.
No es de extrañar que, según el CIS, el problema del paro, la calidad
del empleo y la incertidumbre por las condiciones económicas sigan
siendo la preocupación mayoritaria y central de la población y el factor
principal a la hora de decidir su opción electoral. A ello se añade,
según la encuesta de la consultora 40db (El País,
3-11-2019), en un segundo bloque, la desigualdad de género y el cambio
climático, con una preocupación para más del 80%, seguido a cierta
distancia del conflicto catalán (con mayor importancia para el
electorado de derechas).
Gráfico 8: Evolución de la ocupación y el desempleo (2008-2019)
Fuente: INE, con elaboración propia. Datos en millones (Se ha escogido el 2º trimestre de cada año porque es el que presenta menor variación estacional)
Finalmente, los datos recientes de la EPA del 3º trimestre de 2019
señalan el estancamiento del mercado de trabajo, con la ralentización de
la mejoría de esos dos indicadores: respecto del trimestre anterior, el
2º, que aquí hemos escogido para la comparación interanual por su menor
impacto estacional, la mejoría de la ocupación es solo del 0,35%; y si
se considera en términos desestacionalizados la variación trimestral es
un raquítico 0,09%. Indica que, en todo caso, si no hay una política
económica global, fiscal, productiva y generadora de empleo público y
decente, va a ser difícil y lenta la recuperación de los niveles
precrisis que comparados con las tasas de actividad y ocupación de la
Unión Europea todavía estaban bajos.
En conclusión, como expresa el título, la mayoría social permanece en
la crisis, a pesar de algunas mejorías últimas, y el horizonte
económico no anuncia buenos augurios. En la segunda parte ampliaré el
análisis sobre la desigualdad social y la distribución de las rentas.
Fuente: Antonio Antón | Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid en nuevatribuna.es