La inflación: escenarios, soluciones y barrancos

La subida de precios pone en riesgo la débil recuperación económica y está protagonizando una batalla ideológica y política en todo el planeta

Inflación, inflación acumulada, inflación subyacente, inflación interanual, inflación mensual, inflación de segunda vuelta, IPC… Son términos que inundan las cabeceras de los medios, los discursos políticos y en los comunicados de las instituciones internacionales. Pero a la mayoría de los oídos, o mejor dicho de las carteras y monederos, todo les suena a lo mismo: ha subido el precio de todo.

La inflación está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de todos los países y los organismos encargados de mantener la estabilidad financiera y la economía a flote, como los bancos centrales o el Fondo Monetario Internacional (FMI). A los problemas por la escasez de productos que venían de Asia provocados por los cierres de los puertos durante la pandemia y a la subida de los costes de enviar contenedores y fletar barcos, se le suma la crisis energética. La recuperación económica tras la salida de los tiempos más duros de la pandemia y el fin de las restricciones se ha visto truncada por una escalada en los precios de las materias primas de la energía, gas e hidrocarburos, que se ha visto acelerada por la invasión de Rusia en Ucrania. La inflación causada por esas subidas en el mercado energético está contaminando ya a toda la cadena económica, provocando que la inflación subyacente, aquella que deja fuera productos que tienen alta volatilidad como la energía y los alimentos, haya alcanzado el 4,4% en abril, la tasa más alta desde diciembre de 1995.

Pero esa contaminación se puede mitigar o repartir de varias formas y ahí quizá resida la clave para afrontar esos escenarios. Esa contaminación se puede transmitir o mitigar vía beneficios, vía salarios o una combinación, lo que se llama el pacto de rentas. Es decir, la subida de los precios de las materias primas y la energía se puede trasladar directamente al precio final sin tocar los beneficios de las empresas que mantendrían intactos sus márgenes si, además, no suben los salarios. Se pueden subir los salarios en la misma cantidad que la inflación, lo que podría provocar un aumento en la demanda (en las compras) que podría provocar lo que se llama una inflación de segunda vuelta. O se podría repartir el impacto cediendo parte de los beneficios y subiendo los salarios pero no al mismo nivel que la inflación.

Lo que está ocurriendo, según los cálculos que han hecho desde el Gabinete Económico de CC OO sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es que es el canal de los beneficios empresariales el que está trasladando al precio final y a los consumidores toda la subida de precios sin tocar sus márgenes, lo que está provocando esa subida generalizada que toca todos los productos. “Si descompones el deflactor del Producto Interior Bruto, podemos observar cómo han sido los beneficios de las empresas lo que han funcionado como transmisor de la subida de los precios de la energía”, explica a El Salto Carlos Martín Urriza, Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y director del Gabinete Económico de CC OO. “El empresario, cuando le suben los precios, tiene la posibilidad de repercutir esa subida por completo al precio final o absorberlos —afirma este economista—, si los trasladas pero no subes salarios, entonces la subida de precios se corresponde totalmente a los beneficios, que no solo se están manteniendo sino que se están ampliando en los últimos meses”.

Los beneficios y las reservas o ahorros de las empresas gozan de muy buena salud, pero no parece que quieran ceder ni un ápice. Sus niveles de endeudamiento están por debajo de la media de la eurozona desde 2006 y, como explica Martín Urriza, “tienen aparcados 216.000 millones de euros en la economía financiera que han ido acumulando entre 2006 y 2020”. O sea, tienen ahorros. Algo que ha ocurrido gracias a la devaluación salarial “provocada por la crisis y por las reformas laborales de 2010 y 2012”, según este experto.

Los datos que muestra el estudio son clave. Si comprobamos la contribución en porcentaje al repunte de la inflación por fuentes de renta, es decir separando entre impuestos netos de subvención, beneficios empresariales y remuneración de salarios, se descubre que en el último trimestre de 2021, los beneficios empresariales originaron el 106,5% del alza de los precios, que se compensó con un recorte en los impuestos del 10%, mayormente provocado por la bajada del IVA a la electricidad. En el primer trimestre de 2022, el 83,4% de la subida de los precios fue causada por los márgenes de beneficios de las empresas. Los salarios, esos a los que muchos apuntan como la causa de una subida de la inflación de segunda vuelta como excusa para congelarlos, solo fueron responsables del 3,5% y el 13,7% respectivamente en esos dos trimestres.

Los salarios se estancan y no solo en esta época de crisis. Según datos también de CC OO, los pactados por convenio solo suben una media del 1,13%, que incluso se reparte de una manera muy diferente. Unos 5,4 millones de trabajadores han visto una subida pactada media del 2,4%, pero también hay seis millones de trabajadores que no lo han pactado todavía y por lo tanto su incremento es del 0%. Y la cosa viene de lejos. Según los datos del INE, desde la crisis de 2008 a 2019, las rentas salariales apenas han aumentado un 4,8% frente al 14,6% que se incrementaron los excedentes brutos de explotación, es decir, los beneficios de las empresas.

El no pacto de rentas

El famoso pacto tampoco parece convencer a todo el mundo. Sobre todo, no convence la pasividad del Gobierno para abordarlo y dejar libertad a la patronal. Si también abrimos el zoom desde un punto de vista de reparto de los beneficios en el aumento de la productividad, “hay que tener en cuenta que llevamos 15 años en los que la productividad ha aumentado un 15% y los salarios se han reducido un 1%”, explica a El Salto Adrián Todoli, profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y autor del libro Regulación del trabajo y política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía (Aranzadi, 2021). En su opinión, en el caso de que se pretenda hacer un pacto de rentas para repartir el impacto de la inflación “hay que ver esa perspectiva, no desde hoy en día y olvidándonos todo lo que ha pasado anteriormente, sino viendo que hay un margen entre el 5 y el 15% que se lo ha llevado la parte empresarial”. Ese “apretarse el cinturón” con el que se presenta el pacto de rentas, debería partir desde ahí, según el profesor.

El economista de CC OO tiene claro quién ha roto la baraja. “Ese reparto en el impacto se puede hacer dejándolo en manos del mercado o por medios civilizados, como un pacto de rentas donde las pérdidas se repartan entre empresas, trabajadores y contribuyentes, pero ahora la patronal lo ha roto diciendo que va a trasladar toda subida de precios al consumidor”, lamenta Martín Urriza.

Limitar precios

Si los precios energéticos son los que están empujando la escalada de los precios, para el doctor en Economía y Empresa y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid Eduardo Garzón hay una clara solución: “Poner un límite al precio de la luz y de los carburantes”. El economista sabe que eso tiene un coste, pero que es la única medida que puede asegurar la rebaja en la inflación. “Ahora con el tope de la luz lo vamos a notar y eso que no es una limitación muy grande”, afirma Garzón en referencia al pacto al que ha llegado España y Portugal con Bruselas de limitar el precio del gas a 50 euros por megavatio-hora (MWh).

Subir los tipos de interés

Desde sectores liberales y desde aquellos que explican la inflación como un fenómeno monetario —hay mucho dinero en circulación, por lo tanto la demanda supera a la oferta y suben los precios— defienden la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales como la mejor medida para enfriar la economía y reducir los precios. “Eso es una locura”, exclama sin dudar Garzón. “Si el incremento de los precios viene explicado por una crisis logística y energética internacional, no tiene sentido aumentar unos tipos de interés que no van a resolver el problema de logística, ni de transporte marítimo, ni la guerra en Ucrania”, argumenta.

De una manera muy similar responde Martín Urriza, que explica que “la subida de tipo sirve para enfriar la demanda, pero no sirve para cambiar la oferta”, que es la razón de esta inflación. Y hablar de un enfriamiento de la economía en un estado tan débil por la pandemia y la incertidumbre de la guerra no es cualquier cosa. Una subida de los tipos causaría una subida del Euribor, que de hecho ya está creciendo solo con los anuncios de que la política expansiva del Banco Central Europeo va a terminar pronto. Ese incremento provocaría que las cuotas de las hipotecas de toda aquella persona o familia que tenga el préstamo referenciado con el Euribor suban, lo que provocaría una menor renta disponible, lo que se traduce en un menor consumo y, por lo tanto, un gran peligro de recesión económica.

Por la parte pública sería lo mismo. Una subida de tipos encarece la deuda pública española, lo que provocaría un aumento en la partida de intereses de la deuda de los Presupuestos Generales del Estado, que actualmente supera los 30.000 millones de euros anuales, lo que a su vez provocaría un desajuste en todo el presupuesto. Y desde que el PSOE y PP modificaran el artículo 135 de la Constitución para poner la deuda por delante de todo, esos desajustes siempre se acaban convirtiendo en recortes de gasto social. Menos consumo, menos gasto público y menos ayudas públicas, en una economía en recuperación y tan débil, podría llevar a la economía de España y de la gran mayoría de Europa a una nueva recesión económica. O como lo resume Martín Urriza: “El Gobierno no está viendo que el problema no es la inflación, sino el barranco que viene después”.

¿Y los impuestos?

Los impuestos son una herramienta con muchos filos y, desde un punto de vista económico, plantear un debate entre “subir o bajar” simplemente es un debate estéril. La inflación ha despertado ese debate. Quienes siempre piden bajadas de impuestos, sea cual sea el escenario, han aprovechado para repetirlo sin cesar en las últimas semanas. Quienes no se encuentran en dicha postura exigen una estrategia fiscal más progresiva y acorde al momento. “Yo las puedo entender si son medidas temporales y si van orientadas a las capas bajas y medias de la población”, afirma Garzón, que explica que bajar un impuesto es mucho más sencillo, rápido y efectivo a corto plazo que diseñar y gestionar un sistema de ayudas que pueda apuntar a la población más necesitada. Pone como ejemplo la bajada del IVA en la electricidad del 21 al 10% el año pasado: “Muchas familias están pagando menos incluso de lo que pagaban antes de comenzar la subida”. Pero insiste en que deben ser temporales. “Si los precios de la energía vuelven a bajar, estas medidas de bajadas de impuestos deberían desaparecer”, enfatiza.

Con el mismo razonamiento que con la subida de los tipos, Martín Urriza tiene claro que si el problema es energético, bajar impuestos no es ir a las causas. Pero sí que apunta a las herramientas fiscales para tapar el agujero público que provocan estas ayudas y medidas contra la crisis y el impacto de la guerra: “Según nuestros cálculos, un impuesto mínimo del 15% a las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros podría recaudar 11.800 millones de euros, pero tiene que ser un 15% del resultado contable, no de la base imponible”.

Futuro incierto

Los escenarios futuros van a depender de la guerra de Ucrania, sus efectos sobre las materias primas y de ver si los embudos en la logística global causados por los cierres durante el Covid se aligeran. Pero todo es incierto. Todas las organizaciones internacionales y bancos centrales mantienen que la inflación elevada se prolongará durante todo el año a niveles algo más bajos que los vistos en marzo y abril, cerca del 6%, para luego volver a cifras más normales en 2023. Pero esas predicciones son sobre la premisa de que la guerra acabará o, al menos, no empeorará y de que no haya ningún otro shock en la economía internacional.

Otro de los escenarios, aunque menos improbable desde el punto de vista de Garzón, es una nueva inflación de segunda ronda donde la inflación subyacente, en la que los costes energéticos se trasladan a los productos finales, y que luego pudiese provocar otro nuevo aumento de precios mediante la subida en los costes laborales. Pero, según Garzón, “no hay un poder muy grande en la clase trabajadora ahora mismo como para presionar por esa subida de salarios y, además, la moderación salarial es la tónica habitual en los últimos años y parece que ya estamos acostumbrados”, lamenta.

Un medio plazo oscuro

Mientras, en el otro lado del mundo, los puertos de China han vuelto a cerrar por restricciones covid y los costes de fletar contenedores se vuelven a tensionar. Las cadenas globales de mercancías pueden volver a ponerse en peligro y, con ellas, podría volver a resentirse en los precios industriales y en los precios de consumo. Garzón cree que, aunque sea preocupante, no debería provocar una subida de precios y unas tensiones como las que provocó los parones de la pandemia, en la que no hubo mucha capacidad de maniobra. 

Pero sí destaca una consecuencia de estos fallos logísticos en el mundo empresarial: muchas empresas ya no confían en la eficacia de la logística que nos trajo la globalización y algunas están empezando a relocalizar su producción y sus proveedores. En un proceso que podríamos llamar “desglobalización”, los costes laborales aumentarían comparados con los sueldos asiáticos y los productos podrían encarecerse. El economista pone el ejemplo del textil, un sector que ha disminuido mucho sus precios desde que arrancó su proceso de globalización: “Si una camiseta que producíamos en China, ahora la producimos en España acabará subiendo de precio y con eso incrementará la inflación”, aunque insiste en que este no es un problema a corto plazo, sino en un medio o largo plazo.

Además, no es una cuestión solo de empresas. La Comisión Europea cada vez habla más de la “soberanía económica”, que según Martín Urriza significa que no se fían ya de las redes de abastecimiento internacionales en cosas básicas como la energía, los alimentos o los microchips. Lo que, a la larga, también provocará un aumento de precios en esos sectores.

Y si ampliamos un poco más la mirada en ese horizonte temporal, al que escribe estas líneas se le presentan un par de preguntas y preocupaciones: ¿serán estas subidas de precios de algunas materias primas, hidrocarburos o el gas algo ya estructural provocado por su escasez o por el encarecimiento de los procesos para obtenerlos? ¿Nos tendremos que acostumbrar a precios altos de la energía? ¿Tendremos que modificar nuestro sistema y estilos de vida a una nueva realidad de limitación de recursos?

“Vamos hacia un mundo de energía cara”, dice Martín Urriza que comparte esa misma preocupación. “Hemos alcanzado el peak en las materias primas y el petróleo cada vez es más caro extraerlo y es de menor calidad, lo que da unos rendimientos decrecientes”, matiza. Pero cree que hay una solución a la que llama “economía del reparto” porque no comparte el concepto de “economía del decrecimiento”. “Tenemos suficiente capital acumulado y tenemos que entrar en una etapa de reparto”, dice el profesor, que propone “organizar nuestras sociedades para que lo básico sea barato, como hemos hecho con la sanidad y la educación, y que podemos hacerlo también por ejemplo con la movilidad”. O como acaba resumiendo: “Tenemos que avanzar hacia una economía que pueda repartir mejor la tarta sin que esta tenga que crecer”.

Fuente: Yago Álvarez Barba en elsaltodiario.com
Foto: David F. Sabadell

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