La Comunidad de Madrid expulsa a 27.000 personas del sistema sanitario

La Comunidad de Madrid expulsa a 27.000 personas del sistema sanitariTrece entidades se concentran frente al Centro de Salud Paseo Imperial para denunciar esta exclusión y la creación de Unidades de Tramitación para extranjeros que se han erigido como centros de “segregación” y “cuellos de botella” para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas.

Interrupciones de tratamiento de terapia antirretrovial para el VIH en hospitales de Valdemoro, Torrejón o Fundación Jiménez Díaz; suspensión de cirugía de una mujer con cuatro costillas rotas o fin del suministro de medicaciones para enfermos crónicos que han interrumpido su tratamiento. Una plataforma de trece organizaciones, encabezada por Yo Sí Sanidad Universal, denuncia que han documentado hasta 27.000 expulsiones del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Y para visibilizar este problema se han concentrado esta tarde frente al Centro de Salud Paseo Imperial, en la calle de Toledo.

Entre ellas Carlos, solicitante de protección internacional, que ha acudido hoy al centro de salud junto otros dos pacientes para demostrar que no pueden conseguir ser dados de alta. “Veníamos tres pacientes. Ninguno pudimos obtener el alta. Una era una persona mayor que llevaba dos años recibiendo el tratamiento y le fue suspendido hace algunos meses”, explica. “También había otro muchacho que tiene una enfermedad crónica que necesita un tratamiento diario”.

“En mi caso me dijeron que yo no me estoy muriendo y no me consideran una emergencia. Nos han dicho que con los casos muy urgentes podrían gestionarlo. El proceso es dificultoso, hay que traer pruebas médicas para demostrar gravedad y es preocupante”, ha explicado Carlos durante la rueda de prensa que han ofrecido los trece colectivos.

Personas migrantes que han desaparecido de las bases de datos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras una “depuración” que ha supuesto la baja de miles de ciudadanas del sistema sanitario, tal y como denuncian estas entidades. “Estas bajas se han realizado sin información previa, sin solicitar documentación complementaria y sin ofrecer un plazo para reacreditar el derecho”, denuncian quienes alertan de que, pese a que estas interrupciones causan un gran perjuicio para la población afectada, se desconocen los criterios que se han seguido “pero de lo que tenemos constancia directa es que, en muchos casos, se ha dado la baja a personas cuya situación administrativa no había variado y que, por tanto, deberían seguir teniendo asistencia sanitaria”.

Se han creado un total de siete oficinas para extranjeros que se están erigiendo como centros de “segregación” y “cuellos de botella” para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas

Esta depuración se realizó previa a la creación de unas Unidades de Tramitación para extranjeros, unas dependencias que el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso anunciaba el pasado 11 de noviembre como unidades para “facilitar el acceso a la sanidad pública a extranjeros en situación irregular”. Un total de siete oficinas que se están erigiendo como centros de “segregación” y “cuellos de botella” para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas.

“Las personas extranjeras, a diferencia del resto de ciudadanos, sólo pueden lograr ser atendidas con cita previa, cita que sólo pueden obtener en el centro de salud tras constatar que poseen todos los documentos exigidos”, denuncian en un comunicado conjunto las trece organizaciones. “En las pocas semanas que llevan en marcha, se ha generado lista de espera que está haciendo que, por ejemplo, a fecha 9 de diciembre, en la Unidad de la Dirección Asistencial Sureste no den cita hasta febrero y la Centro hasta marzo”, destacan mientras añaden que durante la larga espera a ser atendidos no tendrán atención y si acuden a urgencias serán facturados. 

Las leyes del apartheid sanitario

Detrás de todo esto: el apartheid sanitario instaurado por Mariano Rajoy a través del Real Decreto 16/2012. Un Real Decreto que dejó sin documentación a algunos colectivos, entre ellos a las personas en situación irregular. Una situación que el PSOE intentó subsanar con el Real Decreto 7/2018 en un intento infructuoso.

En el artículo 3 de esta norma se indicaba que las personas sin residencia legal y con “estancia temporal” no podían acceder a la sanidad sin un informe favorable de los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma. Esta “estancia temporal” fue interpretada por las comunidades de una manera restrictiva: si se carecía de un empadronamiento de menos de 90 días no se podía acceder al sistema sanitario de manera gratuita sin el visto bueno de servicios sociales.

“Durante estos tres años la confusión en la aplicación del derecho a la atención sanitaria y la arbitrariedad se han convertido en norma en la Comunidad de Madrid, eligiendo casi siempre la interpretación más restrictiva”

Desde las entidades convocantes de la protesta denuncian que la Comunidad de Madrid ha tardado más de tres años en regular la aplicación del RDL 7/2018. “Durante estos tres años la confusión en la aplicación del derecho a la atención sanitaria y la arbitrariedad se han convertido en norma, eligiendo casi siempre la interpretación más restrictiva”. Y en este contexto es cuando han surgido las Unidades de Tramitación que, según denuncian estas organizaciones “vulneran los derechos de las personas afectadas”. 

Una sentencia ganada… demasiado tarde

Juan Rubiño, abogado de Red Jurídica llevó el caso de una chica de 20 años, solicitante de asilo, que padecía leucemia. Estaba dada de alta en el sistema, recibía quimioterapia y estaba pendiente de un trasplante de médula cuando le dieron permiso para pasar con su familia la nochevieja. Cuando vuelve le comunican desde Aseguramiento de la Comunidad de Madrid (la Subdirección General de Aseguramiento Público y Prestaciones Sanitarias que se dedica a altas y bajas del sistema) que la han bloqueado administrativamente.

La sentencia a favor de la demandante fue anunciada el pasado miércoles después de dos años de espera. Rubiño, que ha llevado otras demandas de exclusión sanitaria contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) califica de sangrante el caso de la joven con leucemia ya que aún estando amparada por tratados internacionales, reglamentos y directivas europeas que protegen a los solicitantes de asilo y tienen sanidad desde el momento en que solicitan protección, la excluyeron con peligro vital.

“El juez de lo social nos dijo, tenía derecho a la sanidad desde el minuto uno. Esa chica ha fallecido, esa chica no puede leer la sentencia. Estas son las vulneraciones que el gobierno y el Ministerio en connivencia con la Consejería de Sanidad de Madrid están cometiendo”, lamenta el abogado de Red Jurídica, Juan Rubiño.

El letrado reconoce que tuvieron que acudir a los tribunales para que le dieran una medida cautelar y tres meses después poder ser operada. “El juez de lo social nos dijo, tenía derecho a la sanidad desde el minuto uno. Esa chica ha fallecido, esa chica no puede leer la sentencia”, lamenta Rubiño. “Estas son las vulneraciones que el gobierno y el Ministerio en connivencia con la Consejería de Sanidad de Madrid están cometiendo. Nosotros podemos ir a juicio y ganarlo meses después cuando el daño ya se haya cometido” concluyó el abogado de Red Jurídica.

En la rueda de prensa los colectivos convocantes se refirieron a otros casos como la retirada a personas que tenían tratamiento retroviral conta el VIH, o la de niños que les llevan a un centro de salud con un catarro y posibilidades de ser un caso covid, y le emiten factura. Expusieron también las dificultades que suponen las nuevas recomendaciones para las mujeres que desean someterse a una interrupción voluntaria del embarazo: pedir empadronamiento con tres meses de antelación y luego cita en la unidad de tramitación que puede tardar otros dos o tres meses. Al final los requisitos acaban con la conculcación de un derecho. Los colectivos insisten en que no son casos puntuales ya que reconocen que a las organizaciones sociales solo llegan algunos.

Aquí se atiende a todo el mundo

De acuerdo a los convocantes es una de las frases más socorridas de la Comunidad de Madrid cuando responde sobre su atención sanitaria. “Es mentira”, insisten desde los colectivos pro derecho a la sanidad universal y reiteran “tampoco se atiende a todo el mundo cuando lo que hacen es facturar a toda persona que no está registrada”. A manera de otro ejemplo significativo de las dificultades extremas en la que puede verse una persona enferma sin atención médica dieron lectura al texto de un correo electrónico que una hematóloga de un hospital público de la Comunidad de Madrid escribió a Yo Sí Sanidad Universal sobre un caso grave, en septiembre pasado.

Una mujer guineana “con un mieloma múltiple con mucha afectación que no podemos atender porque no tiene papeles. Desde dirección nos han dicho que no se nos ocurra ingresarla y que no es posible darle tratamiento ambulante. Por lo tanto, tenemos una señora con una enfermedad neoplásica que requiere asistencia preferente con tratamiento efectivo a la que no se nos permite tratar y que es potencialmente mortal en meses. Sabemos que existe pero no hemos podido ver el tema administrativo, cómo podemos proceder, qué podemos ofrecerle, cómo nos podéis ayudar’, rezaba el correo. ”Esto en la Comunidad de Madrid, por lo tanto es mentira que se atienda a todo el mundo“, refrendaban los colectivos convocantes ante los casos flagrantes de exclusión sanitaria en Madrid que vienen denunciando desde hace años.

”Médicos y trabajadoras sociales de hospitales escriben a Yo Si Sanidad como si fueran un recurso asistencial más. Hemos intentado devolver la pelota diciendo no, tenéis que luchad con la gente que tenéis por encima, luchar con vuestras direcciones, la expulsión sanitaria no la podemos resolver porque no tenemos los medios. Podemos luchar, podemos estar aquí, pero no podemos hacer lo que no podéis hacer vosotros”, concluyeron.

Fuente: Sara Plaza Casares / Susana Albarrán Méndez en elsaltodiario.com

Foto: Rueda de prensa a las puertas del centro de salud Imperial, donde se ubica una de las Unidades de tramitación para extranjeros (UT) , donde la misma tarde de este jueves negaron la solicitud a tres personas solicitantes de atención sanitaria..  Susana Albarrán Méndez

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