Intolerables listas de espera y rastreadores covid “arrinconados en un almacén y sin trabajo efectivo”

…Intolerables listas de espera

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la publicación de las listas de espera a junio de 2022, por parte del Ministerio de Sanidad, tiene que señalar:

1. Las listas de espera comunicadas oficialmente (que no siempre reflejan la realidad de las mismas debido a las sistemáticas operaciones de maquillaje) no han cesado de crecer, de hecho, el número de personas en lista de espera quirúrgica (LEQ) es el mayor registrado hasta la fecha (742.518 personas, 35.778 más que en diciembre de 2021 y 81.356 más que en junio de 2021), lo que demuestra que están empezando a aflorar las personas no intervenidas durante las sucesivas olas de la pandemia y que el sistema sanitario no está demostrando suficiente capacidad para atenderlas ( en el 1º semestre de 2022 se realizaron 24.412 intervenciones quirúrgicas menos que en el 1º semestre de 2019, el ultimo año antes de la pandemia.

2. La espera media está en 113 días y el 17,6% espera más de 6 meses, unas cifras menores que en junio de 2021 pero claramente muy elevadas, que van desde 151 días en Aragón hasta 61 días en el País Vasco.

Están empezando a aflorar las personas no intervenidas durante las sucesivas olas de la pandemia y que el sistema sanitario no está demostrando suficiente capacidad para atenderlas

3. La lista de espera en consultas externas (LEC) está en 79 días con un 49,3% que espera más de 2 meses, otra barbaridad, con una tasa por 1.000 habitantes de 79,3 (es decir más de 3,75 millones de personas en LEC), que van desde 107 días en Aragón hasta 50 en Baleares.

4. Conviene recordar que las listas de espera son sumatorias, es decir a la lista de espera en Atención Primaria, más de 8,8 días de promedio  según el último Barómetro Sanitario de junio de 2022, hay que sumar la de pruebas diagnosticas (más de 20 días para citas de laboratorio en AP y varios meses en ecografías), más la demora para la primera consulta del especialista (la única que valora el informe del Ministerio de Sanidad), la nueva demora para pruebas diagnósticas (desconocidas pero superiores al mes de promedio), la demora para la nueva cita con el especialista para conocer los resultados y la demora en la lista de espera quirúrgica, en muchas CCAA previa demora para la cita con el anestesista y las pruebas prequirúrgicas. Un mar de esperas que superan frecuentemente el año, y en algunos casos los 2 años. Totalmente intolerable.

Desde la FADSP ya propusieron un Plan de abordaje de las listas de espera con una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública y de una inversión específica

Por otro lado algunas cifras son simplemente increíbles, por ejemplo la Comunidad de Madrid refiere una demora media de 51 días para LEC y un porcentaje del 69,1% que espera más de 60 días, lo que para ser posible supondría que todos los que esperan más de 60 días esperasen menos de 70 días y del resto algunos esperasen menos de un día, es decir recibieran la cita en consulta externa antes de ser derivados, y todo ello cuando se conoce de manera fehaciente que se están dando citas para consulta externa en Noviembre de 2024.

Desde la FADSP ya propusieron, en la comparecencia de la ‘Comisión de Reconstrucción’, la necesidad de hacer un Plan de abordaje de las listas de espera con una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública y de una inversión específica para conseguirlo, y a pesar de las promesas de los responsables de las administraciones sanitarias, es obvio que no se ha avanzado, y la Sanidad Pública sigue sin tener la necesaria inversión, como se puede comprobar en los presupuestos para 2023 (nacionales y autonómicos). Hay que cambiar la política sanitaria y hacer un esfuerzo inversor y de utilización de los recursos públicos que acabe con esta situación y garantice la población el derecho a la protección de la salud que los poderes públicos están obligados a asegurar tal y como señala la Constitución.
Fuente: FADSP en nuevatribuna.es

La Consejería de Sanidad en Madrid mantiene a rastreadores covid “arrinconados en un almacén y sin trabajo efectivo”

Sanidad incumple la sentencia del TSJM que obliga a readmitir a estos trabajadores por despido nulo

El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso se niega a cumplir la sentencia dictada el pasado 20 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para la readmisión de 119 rastreadores covid que fueron despedidos por el Gobierno de la Comunidad el 30 de junio de este año y que los jueces dictaminaron como un despido nulo.

En la misma, el tribunal obliga a la Consejería de Sanidad a readmitir de inmediato a estos profesionales en sus mismos puestos con abono íntegro de salarios de tramitación.

Los profesionales recibieron un burofax para que se personaran en su lugar de trabajo, sito en la calle López de Hoyos, 35, y firmaran su readmisión. En principio se les impidió la entrada y posteriormente “quedaron arrinconados en un bajo utilizado como almacén, con ordenadores sin conexión a la red y sin trabajo efectivo ni instrucciones por parte de responsable alguno”, denuncia CCOO de Madrid que ha pedido al TSJM que ejecute la sentencia.

Estos profesionales llevan en estas condiciones desde el 16 de noviembre: “No pueden fichar ni trabajar, no tienen clave para acceder a los ordenadores y sufren un desgaste psicológico importante” y tampoco han sido dados de alta en la Seguridad Social. 

El sindicato asegura que se está incumpliendo el artículo 282 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y cree que la intención de la Consejería al incumplir “conscientemente” la sentencia” es “sancionar a quienes han reclamado por el mero hecho de ejercitar sus derechos y que resulta mucho más grave teniendo en cuenta que se trata de una Administración Pública”, afirma.

Por ello, CCOO, que acusa a la Consejería de actuar de “mala fe”, reclama el abono de una indemnización adicional de 15 días de salario por año de servicio con prorrateo en períodos inferiores, así como a abonar de manera individual a cada afectado una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, y a la garantía de indemnidad como manifestación de derecho a la tutela judicial efectiva.

Fuente: Andrea Vicario en nuevatribuna.es

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