Informe político 2023

2023 será un año complejo en el que, previsiblemente, las tareas legislativas estarán concentradas en los primeros seis meses para evitar que la oposición entorpezca el programa europeo del gobierno durante los seis siguientes

Si 2022 ha sido un año políticamente áspero y eléctrico, dominado por la incertidumbre, el ruido y la furia, el 2023 no se va a quedar atrás. El gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos abordará el final de la legislatura con el foco puesto en varios acontecimientos definidos y otros tantos indefinidos, bajo un denominador común: completar los cuatro años de mandato en una situación económica y política más estable que los tres años anteriores pero muy lejos de ser previsible.

Entre los procesos indefinidos, despejados los malos augurios de un invierno apocalíptico y frío, el gabinete de Pedro Sánchez afronta una situación internacional en mejores condiciones que otros países de su entorno, especialmente Francia (con un serio problema de abastecimiento energético y técnicamente en recesión), Italia (con un gobierno fascista y al borde del abismo económico) y Alemania (que ha perdido su hegemonía en la zona euro).

La elevada inflación que emergió tras la pandemia y se elevó con la guerra de Ucrania y la energía, propició precios de la luz desorbitados y una subida de la cesta de la compra que ha puesto en serio riesgo las economías domésticas. En diciembre de 2022, se pagaban 226 euros el MW/H en España pero Putin no había invadido todavía los territorios del Donbass. El descenso del suministro del gas a Alemania anticipaba un cambio geopolítico de magnitudes inéditas desde la II Guerra Mundial. Nueve meses después de que se hubiese iniciado el conflicto, este domingo, día de Navidad, nuestro país habrá pagado en la subasta de mercados algo más de 10 euros el MW/H, verificando el éxito que ha supuesto la implantación en la UE de la “excepción ibérica” y el tope a los precios de la energía. Podemos afirmar que el coste de la luz se ha desplomado. La aprobación extraordinaria de esta medida, en un entorno económico influido intensamente por las decisiones del Elíseo francés y el Palacio de Bellevue alemán, se ha consolidado y, precisamente, en este mes de diciembre, se ha hecho extensible al resto de los países comunitarios aprobando, incluso contra los intereses de Alemania, un tope al gas de 180 euros.

No obstante, es prácticamente imposible plantear un horizonte económica y políticamente definido durante un proceso bélico en el corazón de Europa, ni mucho menos aún, conocer cómo evolucionará el conflicto mientras Vladimir Putin continúe gobernando Rusia y en China los indicadores de su PIB no se estabilicen. A pesar de ello, los índices económicos más conservadores prevén que España, con sus terceros presupuestos aprobados consecutivamente, cerrará el ejercicio con un buen crecimiento cercano al 4,7% y resistirá con un sólido 1,3% el próximo año (muy por encima del resto de países de la UE que entrarán en recesión). Nuestra economía continuará rebajando su inflación, situada ahora mismo en el 6,8%. Aún así, es una inflación elevada cuyo daño a la economía sólo está consiguiendo ser atemperado gracias a una acertada política de empleo, tras la reforma laboral propulsada por el ministerio de Yolanda Díaz y la subida del SMI que crecerá previsiblemente algo más de siete puntos, acordados (sólo) entre el gobierno y los sindicatos.

La subida del precio del dinero hasta un 3,2% ha producido un incremento del valor de las hipotecas firmadas a interés variable

En el capítulo económico hay un obstáculo que los analistas no acaban de comprender, genera incertidumbre y, hasta cierto punto, estupefacción. Está directamente relacionada con la subida del Euribor hasta la cota más elevada desde la crisis financiera de 2008. La subida del precio del dinero hasta un 3,2% ha producido un incremento del valor de las hipotecas firmadas a interés variable. Este nuevo escenario propiciado por el Banco Central Europeo compromete la economía de las familias y, sobre todo, de las clases medias y puede tener efectos perversos en el crecimiento, ralentizando el consumo seriamente. A pesar de mostrar una moderación con respecto a los dos incrementos anteriores de 75 puntos básicos, el Banco Central ya ha adelantado que los tipos tendrán que continuar aumentando “significativamente” y de forma sostenida hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos para asegurar que los precios vuelvan a situarse en el objetivo del 2% a medio plazo.

En el orden político, las cosas parecen estar mucho más claras y definidas, aunque no por ello, serán más tranquilas o pacíficas. Los días de ruido y furia con los que concluye el mes de diciembre de 2022 en el Parlamento y el Tribunal Constitucional volverán en enero de 2023 tras la Proposición de Ley que el Gobierno de Sánchez registrará en el Congreso de los Diputados con la que se pretende desbloquear la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El gabinete de Sánchez iniciará el año con una grave crisis institucional, inédita en España, desde que fuera aprobada la Constitución en 1978. Con esta reforma de la Ley Orgánica del CGPJ y de la Ley Orgánica del TC, el gobierno español acatará las recomendaciones de la Comisión Europea y resituará a los órganos de gobierno de ambas instituciones, la jurisdicción ordinaria y la constitucional, en las coordenadas democráticas de las que salió tras la última presidencia de Mariano Rajoy.

Enero puede ser el mes en el que España recupere la normalidad democrática y el sentido de Estado resuelto en la división de poderes inspirada por Montesquieu y el derecho constitucional comparado

El Poder Judicial dejará de ser la correa de transmisión del PP para pervertir el sentido de la leyes aprobadas en el Parlamento, consolidando una jurisprudencia desde el Supremo con un sesgo ultraconservador y el Tribunal Constitucional dejará de ser una tercera cámara de mayoría conservadora que tumbe las leyes del gobierno progresista aprobadas en la sede donde está representada la voluntad popular. Alberto Núñez Feijóo ha recurrido al Alto Tribunal ley de Memoria Histórica, la de Educación, las que regulan la eutanasia y el aborto, o el traspaso del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco y Navarra. En definitiva, enero puede ser el mes en el que España recupere la normalidad democrática y el sentido de Estado resuelto en la división de poderes inspirada por Montesquieu y el derecho constitucional comparado.

Es probable que la aprobación de la reforma del CGPJ y del TC sean el detonante para que Santiago Abascal registre una nueva moción de censura. Sería la segunda desde 2020. Entonces el presidente del PP era Pablo Casado, quien se opuso a ella, dejando sólo a los de Vox en la votación. En esta ocasión, Feijóo ha anticipado la abstención de su grupo. Sólo los diputados de Ciudadanos —si se presenta un candidato “neutal”— dos diputados de UPN (sancionados) y el de Foro estarían dispuestos a votar a favor.

Núñez Feijóo ha trazado una estrategia diferente a la de Vox: llegar a La Moncloa aupado por las encuestas y, en última instancia, por las urnas, ejerciendo el filibusterismo en cualquier alta institución del Estado. Ya ha anunciado que derogará la ley Trans, la ley de libertad sexual, la reforma del Código Penal, todas las leyes recurridas al TC y alguna más situada en la agenda del gobierno para 2023 que ni siquiera ha sido aprobada por el Parlamento todavía.

El primer examen que Sánchez y Feijóo deberán superar se encuentra en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Será entonces cuando podremos tener una primera radiografía de los efectos que han tenido las políticas del vértigo y del cambio del PSOE y de Unidas Podemos en todo su mandato y, al mismo tiempo, si el giro al trumpismo del PP ha logrado que la siglas se desembaracen de un Vox que parece haber recuperado aliento. Esa hipotética victoria permitiría a Núñez Feijóo estar en óptimas condiciones para ganar las generales de diciembre del año que viene.

Uno de los resultados a los que habrá que estar especialmente atentos tendrá lugar en Madrid. Después de las elecciones anticipadas de 2022, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en un momento débil. Sin presupuestos, con una crisis sanitaria sin parangón en el resto de las CCAA y un discurso inclinado de modo beligerante y, ciertamente, impúdico, a favor de las élites madrileñas. Habrá que ver si Núñez Feijóo es tan beligerante como Isabel Díaz Ayuso o, si por el contrario, modera su discurso y retoma el formulado en Cataluña o Galicia, de orden mucho más autonomista, adoptado al comienzo de su presidencia en el PP.

Sin lugar a dudas, el año 2023 será un año intensamente político, con unas generales en diciembre y unas municipales y autonómicas en ciernes. Cualquier especulación electoral debe tener en cuenta al proceso de escucha que inició este verano la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha ido cristalizándose lentamente en un proyecto político heterogéneo, fluido y, por qué no, tan arriscado como esperanzador para garantizar otros cuatro años de gobierno progresista.

Pero Sumar, hasta la fecha, es un proceso político de reconfiguración de una parte de la izquierda de ámbito nacional, sostenido por el poder municipal de IU, la estructura sindical de CC OO, el poder territorial de los comunes catalanes y los errejonistas de Madrid. Aún debe despejarse el papel de Pablo Iglesias y su partido en el proceso después de arremeter contra Yolanda Díaz desde que se presentara el nuevo proyecto en Matadero. 2023 desvelará si Podemos estará presente o si, por el contrario, asumirá un complejo, solitario y ruinoso destino en solitario que podría comprometer la continuidad de la izquierda en el gobierno a partir de 2024.

Pero el foco de la izquierda no sólo está en Madrid. Más complejo aún será poder determinar con cierta fiabilidad si Sumar tendrá su correlato en las candidaturas autonómicas para antes de mayo y, sobre todo, poder pronosticar qué signo tendrán los gobiernos correspondientes. Después de la reforma penal de los delitos de sedición y malversación, los presidentes socialistas de Asturias, Aragón, Extremadura y Castilla La Mancha se han replegado a sus cuarteles y, en algunos casos como García-Page, han atacado a Pedro Sánchez ejerciendo la misma oposición que Núñez Feijóo en el Senado. Sumar no ha contagiado todavía su filosofía a los procesos de alianza de la izquierda en las comunidades y principales capitales de provincia. Las siglas continúan estando por encima de las personas.

2023 será también el examen político de los presidentes autonómicos y los alcaldes de las principales capitales de provincia. En mayo, sus vecinos evaluarán las medidas adoptadas a lo largo de sus respectivos mandatos. La ciudadanía quiere ver como las grúas rompen el horizonte de sus ciudades y también cómo se han invertido los fondos Next Generation, orientados principalmente a la digitalización y las políticas medioambientales. Será una prueba que definirá el papel persuasivo de unos cuantos alcaldes de izquierda a la hora de poner en marcha sus respectivos Planes de Movilidad y la creación de zonas de bajas emisiones que limitarán la circulación de los coches más contaminantes, sin posibilidad de más moratorias. Quédense con esta idea: la contaminación y las enfermedades cardiopulmonares tienen distrito postal pero los bolsillos de los trabajadores también expresan que existe una ecología de izquierdas y otra de derechas. 2023 será el año de la gran contradicción entre los ciudadanos de carbón y los ciudadanos renovables.

Leyes a gogo

Ninguna de las situaciones políticas anteriores entorpecerá la acción del gabinete de Sánchez que mantendrá apretado el botón del turbo legislativo, después de haber aprobado más de 190 leyes y decretos leyes en lo que va de legislatura. En la agenda habrá dos bloques bien diferenciados de medidas, siguiendo el orden de políticas del vértigo y del cambio que se formularon tras finalizar oficialmente la pandemia. A la reforma del CGPJ y el TC le seguirá una ley sobre secretos oficiales, la problemática derogación de la Ley Mordaza o la ley de control de lobbies. Todas ellas devolverán un estatuto más democrático y transparente a nuestro país. Habrá un debate enconado con el Ministro del Interior, Grande Marlaska, sometido a la presión de Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

En el horizonte estará la aprobación de una Regla Fiscal común para los Estados miembros y el inicio de un nuevo periodo político que podría sentar las bases para la profundización del proceso de integración

En el orden de las políticas del cambio, la agenda del gobierno también contemplará una subida del SMI, previsiblemente la última hasta las próximas generales. También habrá una reforma de las pensiones, con un nuevo sistema de retribución de las cuotas a la Seguridad Social para los autónomos y las micro-pymes más justo y equitativo en función de los ingresos. La conciliación laboral será objeto de una nueva ley de la familia que ampliará el número de días de permiso laboral para cuidados, completamente remunerados, y observará hasta 11 tipos distintos de familia. El ministerio de Ione Belarra de Servicios Sociales contempla, además, desbloquear la ley de vivienda que regulará los precios del alquiler, ampliará el parque público y de protección oficial en España y prohibirá los desahucios sin alternativa habitacional en las familias más vulnerables. Aún no podemos saber si todo este paquete legislativo se aprobará antes o también después del 1 de junio, y esto es importante porque junio será el mes en el que el Reino de España asumirá la presidencia semestral de la UE.

Será un año complejo en el que, previsiblemente, las tareas legislativas estarán concentradas en los primeros seis meses para evitar que la oposición entorpezca el programa europeo del gobierno durante los seis siguientes. España afronta su quinta presidencia europea desde que ingresó en el Mercado Común, con la guerra de fondo. Durante ese periodo convergerá un nuevo paso para la integración política y otro para la ampliación. Nuestro país se convertirá en el escenario de diversas cumbres informales, nueve Consejos Europeos, y diversas reuniones interministeriales en los que se decidirá el futuro de la Unión. En el horizonte estará la aprobación de una Regla Fiscal común para los Estados miembros y el inicio de un nuevo periodo político que podría sentar las bases para la profundización del proceso de integración. En 2023 también culminará el proceso de aprobación de los fondos Next Generation y a las puertas de Bruselas, también se podría decidir el ingreso de Ucrania, Georgia y Moldavia en la organización, si Rusia decide capitular y se restablece la paz.

Por supuesto, la agenda europea está supeditada a los avatares de la guerra. La guerra lo condiciona absolutamente todo. No obstante, tanto Pedro Sánchez como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tratarán de acentuar el protagonismo español y, como suele suceder con cualquier otra presidencia, pretenderán afianzar las prioridades de su agenda. En los seis meses de la presidencia española de la UE está la culminación formal de los corredores mediterráneo y atlántico (este último ampliado a toda la cornisa cantábrica) que suponen más de 3.200 millones de euros de presupuesto aprobados en 2022 y para el que faltan todavía numerosas licitaciones y presentaciones de proyectos ante las instancias y programas de la Unión. También puede ser el año en el que se apuntalará definitivamente el hidroducto submarino H2Med, valorado en torno a 2.500 millones de euros, que conectará por el Mediterráneo el puerto de Barcelona con el de Marsella y puede ser el año en que se asentarán los cimientos estratégicos para que El Musel se haya convertido en una de las principales bases de almacenamiento gasístico que abastecerá el norte de Europa. No se puede entender 2023 sin comprender que el objetivo principal de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es alcanzar la autonomía energética, diversificando el acceso a los recursos energéticos.

Como habrán podido observar, si el 2022 fue un año convulso y áspero, eléctrico y trágico, 2023 lo será aún mucho más, con el sonido de las bombas en Kiev de fondo, el ruido y la furia de varias elecciones, el vertiginoso motor legislativo revolucionado, la recesión en las principales economías de la zona euro y una sinfonía europea que puede colmatar un cambio de paradigma político para el conjunto de la sociedad española que situará el crecimiento económico español por encima del resto de estados miembros. En el escenario se despejan elementos de bastante certidumbre junto a otros que el tiempo irá colocando en su justo lugar. Sea como fuere, lo único realmente cierto es que 2023 será un año políticamente apasionante y que nosotros estaremos atentos.

Fuente: Víctor Guillot en elsaltodiario.com
Foto: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en una reunión el 27 de diciembre | La Moncloa

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