En el Gómez Ulla, la precariedad tiene nombre de mujer

En un mercado de trabajo como el español donde la temporalidad es el factor de mayor peso apenas queda espacio para hablar de estabilidad. España es uno de los países de la OCDE con una mayor tasa de temporalidad sobre el total de contratos laborales tanto en el sector público como en el privado. Reducir este mal endémico del mercado laboral español es un reclamo constante de sindicatos y millones de trabajadores que viven una incertidumbre perpetua que paraliza sus proyectos vitales. El Ejecutivo en un intento por atajar esta situación en el sector público, y tras un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, aprobó este martes un Real Decreto-ley que busca acabar con el abuso de la temporalidad en la Administración. Con una tasa de temporalidad que ronda el 30%, muy alejada de la media europea que se sitúa en 8%, este Real Decreto que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público aspira a ofrecer una mayor estabilidad, cumpliendo con las exigencias de Bruselas, a cerca de 300.000 trabajadores. Muchos de ellos son trabajadores de la Sanidad, uno de los sectores más afectados donde la tasa de temporalidad alcanzó el 41,9% en 2020 según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

Si bien estas medidas arrojan un leve rayo de esperanza, están muy lejos de tener una incidencia real en las condiciones laborales actuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

En el caso particular de dicho Centro, la temporalidad que sufren los trabajadores aparece encarnada en la figura del personal estatutario de carácter eventual. Estos profesionales ocupan plazas que no se encuentran reconocidas como estructurales y que obedecen, según la política contractual, a cubrir picos de producción. La circunstancia que atraviesan estos asalariados al cubrir este tipo de puestos catalogados como no necesarios los sentencia, como se ha expresado anteriormente, a una perpetua temporalidad y a la imposibilidad de ver dichas plazas en los concursos de oposición. Los datos son testigos de la extrema crudeza de la precariedad estructural de dicho Hospital en el que hay 1674 trabajadores estatutarios, 944 de los cuales son eventuales. Estas cifras, que suponen un 56,4% de eventualidad (la temporalidad se sitúa alrededor del 60%), chocan frontalmente con la promesa de reducir a menos de un 8% la temporalidad en la Administración Pública que Cristóbal Montoro contrajo ante Bruselas en 2017. Y todo esto, a pesar de los procesos de oposición firmados por la Administración y los sindicatos en diciembre de 2019. Una de estas oposiciones estaba basada en una oferta de empleo público que recogía las plazas de 2017,2018,2019 y 2020, mientras que la otra, de carácter estabilizador, compendiaba las plazas de 2017 y 2018. Estas oposiciones que consiguieron aglutinar 532 plazas para Madrid (estando destinadas 298 para la oposición abierta y 234 para el proceso de estabilización) se sumaron a las 324 plazas, dentro de un procedimiento interinidad, que el Ministerio de Defensa saco a la luz en febrero de 2021. Sin embargo, estas 324 plazas de naturaleza interina, de las cuales 298 corresponden a Madrid, pretenden ser vinculadas, gracias a la Administración, a la oposición abierta de 2017,2018, 2019 y 2020. Esta vinculación, que pasa por conceder el puesto de interino a esos 324 trabajadores, es una maniobra ruin y reprobable que persigue perpetuar la temporalidad en el Centro y dejar en tierra de nadie a 412 trabajadores que seguirían siendo eventuales, como consecuencia de la escasez de puestos ofertados en las oposiciones.

Esta descarnada temporalidad y precariedad no solo se traduce en cifras, sino que tiene rostro. Así lo demuestra, a las puertas del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, María, nombre ficticio. María, auxiliar de enfermería y madre de dos hijos, ha estado 13 años acumulando contratos temporales en este hospital madrileño. A pesar de ello afirma sonriente: “conseguí mi plaza de interina y algo de estabilidad”.

Esa estabilidad también ha llegado a la vida de Laura (nombre ficticio). Esta auxiliar de enfermería, de 26 años, que también trabaja en el Hospital sentencia: “firmar el contrato de interino ha supuesto un cambio impresionante, al menos para mí. Tener esa estabilidad tanto laboral como personal y saber que si te pones enfermo podrás solicitar una baja sin la ansiedad de pensar si te renovarán el contrato”.

Las personas afectadas por esta precariedad no pueden tener un plan de futuro ya que el miedo constante a perder su puesto de trabajo paraliza cualquier proyecto vital. “Estoy renovando desde hace 14 años con contratos de tres meses, de seis meses e incluso de días”, señala Carmen, de 57 años. “Cada cierto tiempo, cuando se acercaba la renovación, el estómago se me encogía pensando que me podían echar en cualquier momento y no poder sacar a mi familia adelante”, añade la trabajadora del Hospital General de la Defensa.

Los contratos que estas asalariadas han ido encadenando ponen de manifiesto la actual precariedad laboral. Esta situación, que se muestra con especial crudeza en muchos aspectos, dificulta, entre otras cosas, el acceso a la vivienda, derecho fundamental de todo ciudadano. Tanto María como Laura se han encontrado con los rechazos continuos de inmobiliarias y bancos, entidades que han denegado su acceso a una vivienda digna al basarse en la temporalidad de sus contratos laborales: “Con contratos de tres meses ni siquiera puedes acceder a un alquiler, algo tan básico como eso, es muy indignante” detalla María. Por ello, a pesar de que el cansancio y la desilusión han hecho mella en sus miradas, se atisba un reflejo de esperanza e ilusión cuando testimonian que, con el nuevo contrato como interinas, aspiran a poder ir a una inmobiliaria y poder alquilar un piso. Sin embargo, la precariedad no solo resulta latente, como se ha expresado, en la negativa de una posible emancipación, sino que se deja sentir, con crudelísimo rigor, en el continuo miedo con el que conviven estos trabajadores y que les ha llevado, incluso, a posponer intervenciones médicas. Es el caso de Carmen que recuerda cómo tuvo que posponer una importante operación quirúrgica por miedo a no ser renovada al finalizar uno de sus contratos temporales: “finalmente cuando me operé y estuve unos meses de baja me incorporé antes de tiempo con muchísimos dolores por miedo a que no me renovaran al terminar el contrato”. Carmen rememora con indignación cómo se hacía las curas en el hospital ya de vuelta a su puesto de trabajo y en contra de las recomendaciones médicas para asegurar una correcta recuperación. Tristemente el ejemplo de Carmen no es un caso aislado ya que María, ante una intervención quirúrgica, decidió no comunicar al centro dicha intervención para no verse obligada a solicitar una baja que pudiese hacer peligrar su puesto de trabajo: “Tengo dos hijos y no podía permitirme perder el trabajo”. Tras sopesar diferentes opciones consiguió reunir cinco días para recuperarse después de la operación. Sin embargo, esos días no fueron suficientes y los dolores de María eran persistentes, lo que no fue óbice para que volviese al trabajo: “tenía dos opciones: Incorporarme sin estar bien o perder mi puesto de trabajo”, señala. La violencia que se ejerce sobre estos trabajadores resulta especialmente sañuda en el caso de las mujeres que no solo soportan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, sino que ven indefinidamente pospuestas sus aspiraciones. Ese es el caso de Laura cuyo deseo de ser madre se vio frustrado a raíz de la temporalidad que venía sufriendo: “Las mujeres que tenemos contratos eventuales en el Gómez Ulla nos vemos presionadas a decidir si queremos optar por nuestra vida profesional o personal, ya que si quieres quedarte embarazada sabes que no te renovarán por estar de baja maternal o no podrás disfrutar del periodo de lactancia”. En este caso Laura, tras postergar su maternidad durante años a la espera de una mayor estabilidad laboral, tomó la decisión de anteponer su vida personal, aun sabiendo que perdería su puesto de trabajo, y espera la llegada de su primer hijo: “fue muy difícil tomar esta decisión, me planté y decidí no seguir aplazando algo que queríamos”. Aunque ella tomó la decisión de ser madre antes de saber que podría alcanzar una mayor estabilidad laboral, al firmar un contrato como interina, destaca que “ahora con un contrato como interino tienes la posibilidad de ser madre y de disfrutar de una baja maternal sin el estrés y la ansiedad de saber que tienes que firmar un contrato e incorporarte a trabajar y renunciar a tu baja maternal”.

Todas ellas coinciden en la tranquilidad que la firma de los contratos de interinidad ha aportado a sus vidas en diferentes momentos vitales. Así lo transmite Carmen que afirma enfrentar sus últimos años de vida laboral con más serenidad: “vivo con mayor tranquilidad al pensar que antes de jubilarme puedo conseguir una plaza, pero sobre todo al pensar que no voy a tener que estar renovando cada tres meses, y eso aporta una pequeña seguridad”.

Desgraciadamente hay muchas situaciones como las descritas, situaciones que se producen con la complicidad de la Dirección del Centro y del Ministerio de Defensa. Por todo ello, desde la Plataforma de Trabajadores del Gómez Ulla, seguiremos alzando la voz en las Instituciones, en los medios de comunicación, en las Asociaciones de Vecinos, en Asambleas, para que esas 324 plazas interinas sean convocadas en un nuevo proceso de oposición.

Hemos estado en primera línea durante la pandemia, aguantamos de pie la embestida de cada nueva ola, y no daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Fuente: Alex de Marcos / Isabel López Marrupe en tercerainformacion.es

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