El Gobierno ordena el desalojo de La Ingobernable en pleno estado de alarma

Los activistas denuncian que en un contexto como este se dé prioridad a cerrar un centro social sin actividad y que además no se admitan sus alegaciones

Hoy jueves se cumple el plazo de 48 horas que ha dado el Ministerio de Justicia para desalojar La Ingobernable. Una notificación en el BOE publicada este martes insta a los okupantes a abandonar en pleno estado de alarma este edificio situado en la calle trasera del museo del Prado. Tras un primer desalojo, el colectivo ingresó el pasado 4 de marzo en este inmueble de titularidad estatal en la calle Alberto Bosch 4, que llevaba vacío cinco años, para convertirlo en su nueva sede.

Un comunicado de La Ingobernable ha calificado de “rastrero” este “particular uso del derecho de una administración que ha decidido que su prioridad en plena cuarentena es reanudar un proceso como el desalojo de la Ingobernable, omitiendo incluso el derecho de alegación, todo para privar a Madrid de un espacio autogestionado”. También acusan “la falta de interés en el diálogo de este Ministerio y del ministro Juan Carlos Campo”.

El Real Decreto del estado de alarma estableció la suspensión de todos los plazos administrativos, salvo de aquellos asuntos vinculados al propio estado de alarma por la crisis del coronavirus. Sin embargo, en la notificación del BOE, el Ministerio de Justicia explica que la modificación posterior del decreto del 18 de marzo permite a la administración realizar procedimientos “que sean indispensables para la protección del interés general”. Ese sería el caso del desalojo del edificio de La Ingobernable.

Desde el colectivo de La Ingobernable han reaccionado con indignación ante la notificación: “No podemos comprender ni remotamente cómo este Gobierno ha fijado como prioridad en el actual contexto la reanudación de un proceso administrativo, que estaba parado, para el desalojo inmediato de este centro social”. Tildan de “enorme bajeza moral” el “instrumentalizar la pandemia” contra un edificio cuya actividad se encuentra completamente detenida y que consideran “imprescindible” para después del confinamiento. “Este gobierno supuestamente progresista ha decidido que es precisamente ahora cuando conviene invertir tiempo y esfuerzo en desarticular redes vecinales y dificultar la organización de los movimientos sociales. Un despropósito”, señalan.

Pero además, los miembros de La Ingobernable denuncian que el Ministerio de Justicia no ha admitido las alegaciones que han recibido “en tipo y forma” por su parte, “saltándose así un derecho fundamental”. En la notificación del BOE se dice que “no hay constancia” de las mismas, algo que el colectivo tilda de “incierto” y se ofrece a demostrar. Según su versión el lunes 23 de marzo se les notificó legalmente de la reactivación del proceso administrativo de desalojo y un vecino que participa en el espacio de La ingobernable presentó dichas alegaciones el 27 de marzo, dentro del plazo establecido.

Los activistas creen que “se aprovecha la confusión generada por este shock sistémico para colar el procedimiento de desalojo a La Ingobernable” e indican que “será decepcionante” si todo esto se produce bajo “el silencio “cómplice de una parte del Gobierno”, en referencia a Unidas Podemos, que dice ser “sensible a las necesidades de los movimientos sociales”.

La notificación del BOE avisa a los okupantes del edificio de que si no proceden al desalojo del edificio en el plazo establecido, se procederá a “las medidas de ejecución forzosa” con posible intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También recuerda que los afectados pueden interponer un recurso contencioso administrativo contra esta resolución en un plazo de dos meses.
Fuente: María F. Sánchez en cuartopoder.es
Foto: Sato Díaz

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