El Ministerio de Sanidad exige al Ejecutivo de Fernández Mañueco que “se abstenga de aprobar ninguna medida que vulnere la normativa vigente” sobre la interrupción voluntaria del embarazo
El Gobierno ha hecho un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
En un comunicado emitido este domingo, el Gobierno lanza una dura advertencia al Ejecutivo del ‘popular’ Fernández Mañueco, después de que el pasado 12 de enero su consejo de gobierno anunciara la aprobación de un protocolo “antiabortista”. En el mismo, afirma que el Gobierno de España utilizará “todos los mecanismos” del ordenamiento jurídico para defender la libertad de las mujeres y su derecho al aborto, y velará “para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de administración pública alguna”.
El Ministerio de Sanidad se ha dirigido por escrito a la Junta castellano leonesa exigiéndole que no adopte ninguna medida que vulnera la normativa actual que regula el aborto y afirma que, en caso de haber sido ya adoptada, se proceda al “cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar éste a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vita médico”.
El ministerio que dirige Carolina Darias también exige que la realización de pruebas diagnósticas “no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas”.
Asimismo, se pide a la consejería del Ejecutivo regional que se comunique “de manera inmediata” al Ministerio “los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretende llevar a cabo actuaciones anunciadas”.
El Gobierno advierte de que, en caso de que el requerimiento oficial no sea atendido “íntegra e inmediatamente” por la Junta e Catilla y León, no descarta implementar “actuaciones jurídicas adicionales”, a la vista de que las medidas anunciadas pueden contravenir el ordenamiento jurídico.
Además, el ejecutivo de Pedro Sánchez, deja abierta la puerta a otras acciones legales, dado que las medidas anunciadas por al Junta “podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”.
Fuente: nuevatribuna.es
Tu Barrio