El director de la Policía de Almeida controló la entrega a la Fiscalía de los whatsapp con el comisionista Luceño

Un allegado de la jefa de compras del Ayuntamiento y aficionado a la informática extrajo del teléfono de Elena Collado los mensajes con el comisionista. El fiscal no requirió las comunicaciones de la alto cargo con Medina, “amigo” del primo del alcalde.

Los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa judicial del caso mascarillas entre Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento, y uno de los comisionistas, Alberto Luceño, fueron extraídos de su teléfono móvil por un allegado a la responsable de compras del Consistorio en pandemia que es aficionado a la informática. El proceso de extracción, selección y entrega de esos whatsapp a la Fiscalía fue controlado por Pablo Enrique Rodríguez, el director de la Policía Municipal nombrado por José Luis Martínez-Almeida, han informado a elDiario.es fuentes del Consistorio.

El fiscal pidió esas comunicaciones a Elena Collado al término de su declaración como testigo el 16 de marzo de 2021. Hasta el momento son la única evidencia extraída del teléfono de la responsable de la compra de mascarillas, interlocutora del Ayuntamiento con los dos comisionistas investigados que ha sido incorporada a la causa.

Aquella declaración de Elena Collado dio un vuelco al caso mucho antes de que se convirtiera en una causa judicial. Ocurrió mientras la Fiscalía desarrollaba una investigación preliminar con el objetivo de determinar si interponía o no una querella ante los tribunales. Esas pesquisas prejudiciales terminaron demorándose 17 meses. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ordenaría finalmente la interposición de la querella el 1 de abril de 2022, al día siguiente de que elDiario.es revelara las diligencias de investigación que habían arrancado en noviembre de 2020.

El testimonio de Elena Collado, exculpando en todo momento de cualquier irregularidad al Ayuntamiento de Madrid, convenció al fiscal Luis Rodríguez Sol, quien dejó de reflejar en sus diligencias el posible delito de malversación, atribuible únicamente a funcionarios o cargos públicos. Anticorrupción había comenzado investigando también ese delito, además del blanqueo. Con su declaración, Collado provocó que la causa se dirigiera únicamente contra dos particulares, Luis Medina y Alberto Luceño –ambos acusados ahora de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y alzamiento de bienes– y que el Ayuntamiento quedara a partir de ese momento fuera de sospecha.

Al término de la declaración de la testigo, que se desarrolló en un ambiente distendido durante 50 minutos, el fiscal Rodríguez Sol requiere a Collado una serie de documentos mientras ella toma nota. “Salvo que prefiera que lo hagamos de otra forma más formal yo ya le requiero en este acto…”, dice el fiscal antes de enumerar la lista de solicitudes. El fiscal no habría podido en ningún caso incautarse del teléfono al tratarse de unas actuaciones prejudiciales y tener la alto cargo del Ayuntamiento la condición de testigo. Ya judicializadas las actuaciones, el magistrado Adolfo Carretero tomará declaración a Collado el próximo 8 de mayo.

Las fuentes consultadas por elDiario.es sostienen que tras el requerimiento de Anticorrupción, Collado le pidió a una persona próxima a su familia, aficionada a la tecnología, que extrajera sus mensajes de whatsapp con Luceño. Comunicaciones entre este comisionista y Collado, obtenidos supuestamente del teléfono de ésta última, fueron incorporados en un pendrive de 4 gigas al resto de documentos solicitados por el fiscal y entregados en Anticorrupción.

La documentación del Ayuntamiento tiene fecha de entrada en Anticorrupción de 6 de abril de 2021, por tanto, días antes de que declararan Luceño y Medina. Lleva la firma del director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Jorge González Cortade, y su documento número 2 alude a “conversaciones de Whatsapp mantenidas entre doña Elena Collado Martínez y don Alberto Luceño Cerón”. “Se adjunta pendrive con toda la información de texto, audios, vídeos fotografías y además copia en papel de los mensajes de texto”, añade el informe, incorporado a la causa que se instruye en el Juzgado 47 de Madrid. 

Las mismas fuentes aseguran que todo el proceso fue controlado por el director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, por los “conocimientos jurídicos” que tiene el jefe de los agentes, si bien en ningún momento es requerida su participación por la Fiscalía Anticorrupción en función del cargo que ostenta en el organigrama de la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. 

Pablo Enrique Rodríguez ya fue director general con Ana Botella, pero de Emergencias. Fue cesado por el gobierno de Manuela Carmena cuando intentó compatibilizar el curso de ascenso a comisario con su puesto. El PP volvió a hacerle director general en 2019, cuando recuperó el Gobierno municipal. Fuentes policiales aseguran que Pablo Enrique Rodríguez, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, siempre ha hecho valer en el Ayuntamiento sus contactos con el mundo judicial.

El ascendente de Rodríguez en el Ayuntamiento sobre cuestiones que trascienden a su puesto es trasladado por la propia Collado al fiscal en su declaración cuando la alto cargo de la Concejalía de Hacienda afirma: “En esta frase procesal, disculpe, es que yo soy de Recursos Humanos, ¿se pueden aportar whatsapp? Es que mi director de la Policía, que también es procesalista, le dije yo que mandaría whatsapp, pero él me decía que en esta fase procesal no se puede”. Collado, que se presenta como “de Recursos Humanos” ante el fiscal, fue secretaria de Estado de Función Pública en el Gobierno de Mariano Rajoy. 

elDiario.es ha preguntado a una fuente oficial del Ayuntamiento de Madrid por la participación del director de la Policía Municipal en el proceso de recabar la información de Collado, su tratamiento y el posterior envío a la Fiscalía Anticorrupción, pero un portavoz del Consistorio se ha limitado a contestar que este es “un asunto que ha investigado la Fiscalía 17 meses y en el que no ha visto nada imputable a ningún funcionario municipal, trabajador municipal, ni cargo público municipal”.

“Nuestro director puede recuperar las llamadas”

En otro momento del interrogatorio en Anticorrupción, Elena Collado ofrece al fiscal las llamadas que mantuvo con Luceño y vuelve a citar al director de la Policía Municipal, al que atribuye la capacidad de recuperarlas. “No sé si las llamadas se pueden recuperar, pero nuestro director de la Policía lo puede hacer”, asegura la alto cargo del Ayuntamiento. 

El fiscal Rodríguez Sol pregunta en otro momento de la declaración de Collado cómo llegó Luceño hasta ella. La coordinadora de Personal y Presupuestos, y responsable de compras del material sanitario en la pandemia, explica que fue a través de Luis Medina. Sin que se lo llegue a requerir el fiscal, Collado comienza a decir que lo que no recuerda es cómo contactó Medina con ella, si fue a través “de un concejal, de un coordinador…”. 

Cuando el fiscal insiste, Collado dice que le dieron el número de Medina y que le llamó. Medina, sin embargo, declaró a El Confidencial que consiguió el teléfono de Collado y que fue él quien la telefoneó. El alcalde Martínez-Almeida, por contra, asegura que su primo, Carlos Martínez-Almeida, solicitó una dirección de correo electrónico a la coordinadora general del Ayuntamiento, mano derecha del alcalde, Matilde García Duarte, sin que él lo supiera, y que a esa dirección escribió Luis Medina incluyendo su número de teléfono móvil. El fiscal no hizo ningún requerimiento a Elena Collado sobre sus contactos con Luis Medina, del que el propio Rodríguez Sol asegura en la querella que mantiene una relación de “amistad” con el primo del alcalde y que se sirvió de ella para acceder a Elena Collado.

Fuente: Pedro Águeda / Alberto Pozas en eldiario.es
Foto: Archivo

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