El despido de 6.000 sanitarios/as agudiza la debacle de la Sanidad Pública madrileña

Las autoridades sanitaria de Madrid se deshacen de 6 mil profesionales sanitarios en el peor momento. Las listas de espera alcanzan niveles estremecedores. Hay cerca de 91 mil pacientes que deben realizarse una intervención quirúrgica, más de 163 mil que esperan estudios de diagnostico, pasan de 523 mil aquellos/as que esperan un turno para ver un médico especialista, y la demora para acceder al médico en los centros de salud ronda las tres semanas.

Un desastre en toda regla que con estos despidos programados para este mes abrirá un punto de incertidumbre y angustia en la población madrileña que necesite asistencia médica. A esto debemos sumar que se ha ratificado el cierre de los centros de emergencia nocturna (SUAP) y no hay previsión de su apertura.

Veamos como se presenta esta situación en cifras. Hay al día de hoy (19 de marzo)  están vigentes 11.200 contratos Covid: 

  • 1.090 son médicos/as

  • 3.870 son enfermeras

  • 2.600 auxiliares de enfermería

  • 3.640 del resto del personal sanitario

La comunidad de Madrid alega problemas presupuestarios para mantener esa plantilla de profesionales sanitarios y desde la Consejería de Sanidad, han planteado que solo serán renovados 5 mil contratos. Decisiones de sumo riesgo que dejan en una clara desprotección a los colectivos más vulnerables que precisan que su atención médica se les brinde de manera eficaz y oportuna de acuerdo  a la Constitución y la Ley de Sanidad:

  • El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En definitiva, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad.

Los recortes en salud exceden a la comunidad de Madrid, ya que es una política pública implementada por los diferentes gobiernos con un solo objetivo: La destrucción del sistema sanitario público del estado español.

Se valió para ello de la instauración de copagos, eliminación de gran cantidad de medicamentos del SNS beneficiando de esta manera a las farmacéuticas y condenando a gran parte de la población a tener que pagar altas sumas de dinero para la adquisición de medicamentos o dejar de consumirlos, recortes de las partidas salariales del personal sanitario que influyó directamente en las plantillas y motivó cierres de plantas en los hospitales y la gradual desaparición de beneficios sanitarios para la población.

Cada una de las medidas implementadas por los gobiernos de turno a nivel del ejecutivo central así como de las diferentes Comunidades autónomas, fue constituyendo un proceso de vulneración de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos. No garantizar el acceso a la Sanidad pública en condiciones dignas, con equidad e igualdad y en el momento oportuno, constituye una falta de cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional y las diferentes leyes referidas anteriormente. ¿Es ese incumplimiento denunciable y judiciable?

Abandono de los y las pacientes, desmantelamiento y destrucción del sistema sanitario y sus infraestructuras, explotación laboral del personal sanitario y empeoramiento de las condiciones laborales. De esa manera podemos sintetizar hoy lo que padecen millones de personas en la Comunidad de Madrid y en todo el estado español en mayor o menor medida.

El despido de 6 mil trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario público, se verá reflejado en un agravamiento de la salud de los madrileños y madrileñas, y posiblemente en un aumento de las morbi-mortalidad de pacientes (evitables en muchos casos). Ante eso no hay reflexión, no hay vuelta atrás, no hay interés por parte de las autoridades de tomar las medidas que podrían evitar este descalabro.

Todos/as y cada uno/a de quienes toman las decisiones en materia sanitaria son responsables de todas las consecuencias que esto podrá generar, muchas de las cuales ya estamos viendo.

¿Insisto, si el Estado no brinda las garantías constitucionales para poder ejercer plenamente el derecho a la  sanidad en tiempo y forma, no es denunciable y judiciable en este sistema?

Fuente: Diana Cordero en kaosenlared.net

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