El Colegio de Arquitectos de Madrid recurre la licitación de la Ciudad de la Justicia por incumplir la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura

El concurso público para el nuevo proyecto presentado por el Gobierno de Ayuso cuenta con un presupuesto limitado que, según entiende el colegio de arquitectos, no garantiza un nivel mínimo de calidad arquitectónica

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha presentado un recurso administrativo contra la licitación abierta por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para retomar el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, una vieja idea de Esperanza Aguirre que acabó embarrada en sospechas de corrupción. La entidad entiende que el presupuesto establecido por la Comunidad de Madrid en los pliegos es demasiado limitado para un complejo de estas características y podría incumplir la Ley de Calidad de la Arquitectura.

El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública (TACP) recibió con fecha 17 de agosto de 2022 el recurso planteado por el colegio, tal y como figura en el expediente del portal de contratación, en el que pide a “la entidad, órgano o servicio que hubiese tramitado” la licitación que le remita la documentación de forma completa y ordenada.  

La licitación fue aprobada a finales de julio por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El objetivo, según explicó entonces el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es “centralizar los edificios judiciales en una única sede, más moderna, que resuelva los problemas de espacio”. Es la misma idea que tuvo Aguirre en 2004 y que fracasó en 2009, dejando por el camino más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional. Ignacio González la retomó en 2015, pero el proyecto volvió a fracasar. 

De acuerdo con los pliegos que ha publicado el Gobierno de Ayuso, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la construcción del complejo, con 17 edificios en los que se concentrarán las 28 sedes judiciales que hay actualmente en la Comunidad, por un valor de más de 500 millones de euros, así como su mantenimiento y gestión. 

A cambio, la administración pagará un canon de 49,4 millones de euros –revisable a partir del octavo año por un precio máximo del 2,5%– durante 40 años, y cederá la explotación de dos de los edificios y un aparcamiento público de 1.900 plazas. También otros espacios con usos no judiciales, como un centro de deporte de ocio y salud, cafeterías, una escuela infantil privada, una zona de bulevar y otros usos menores. Esto, ha dicho López, “permitirá al concesionario mediante su explotación la obtención de beneficios al margen del canon”. El contrato ascenderá durante esos años a unos 2.700 millones de euros. 

Estos criterios de diseño y calidad arquitectónica, sin embargo, deben superar el 51% del total, según la nueva Ley de la Calidad de la Arquitectura, que entró en vigor el 14 de junio. Una norma que la Comunidad de Madrid no menciona ni en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el de prescripciones técnicas, publicados el 27 de julio.

Proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid, presentado en noviembre de 2021. Comunidad de Madrid

Los precios que figuran en la documentación, según el COAM, son muy limitados como para emprender un proyecto de calidad arquitectónica garantizada: unos 1.200 euros por metro cuadrado sobre y unos 500 bajo rasante, sin el porcentaje de beneficio de la contrata ni impuestos. Los cálculos del colegio estiman que el precio por metro cuadrado en un edificio de máxima calidad arquitectónica pueden ascender hasta los 5.000 euros, y en un complejo como el de la Ciudad de la Justicia debería rondar entre 2.500 y 3.000. El precio de construcción de una vivienda de protección oficial rondaría los 1.000 euros por metro cuadrado. Con este presupuesto, parece complicado que concurran arquitectos con honorarios mucho más elevados, como los que sí figuraban el proyecto inicial de Aguirre, que incluía edificios de arquitectos de prestigio y altos honorarios, como Zaha Hadid o Norman Foster.

“Son unos precios muy justos para unos edificios que tienen que tener una calidad arquitectónica”, explicaba el vicedecano del colegio, Pablo Olalquiaga, a este diario en una noticia publicada a principios de agosto. “Lo que plantean esas bases son unos criterios funcionales, pero no plantean en ningún momento criterios por los que se valore una buena arquitectura”, proseguía Olalquiaga. En el pliego aparecen únicamente cuestiones técnicas como el número de oficinas o de salas que deben tener los edificios, ejemplificaba el experto, pero no otra serie de cuestiones ligadas al diseño, como la entrada de la luz, los espacios u otras cuestiones que tienen su repercusión en la eficiencia energética y medioambiental de las construcciones “y que no tienen que ver con cuánto consume una máquina”, matizaba. “Todas esas cosas que apreciamos cuando entramos en un buen edificio”, explicaba el arquitecto.

Fuente: Alberto Ortiz / David Noriega en eldiario.es

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