Competencia sanciona a las seis grandes constructoras por operar como un cártel durante 25 años en miles de licitaciones públicas

La multa asciende a 203 millones de euros, la más elevada impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dragados, la constructora del grupo ACS de Florentino Pérez, deberá abonar el equivalente al 1,74% (57,1 millones) de su beneficio neto anual del pasado año por 25 años de conductas fraudulentas.

La libre competencia en miles de licitaciones de grandes infraestructuras en España no ha sido ni libre ni competente. Las seis principales constructoras españolas han funcionado como un cártel —un oligopolio encubierto— durante 25 años. Esto es lo que se desprende de la contundente nota de prensa emitida hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual ha multado con 203,6 millones a las seis empresas por alterar el proceso competitivo en licitaciones públicas de construcción de infraestructuras desde 1992 hasta 2017.

Las empresas sancionadas son Acciona (multada con 29,4 millones), Dragados (57,1), FCC (40,4), Ferrovial (38,5), Obrascón Huarte Lain (21,5) y Sacyr (16,7). Contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional; las seis empresas han anunciado que recurrirán. La CNMC ha archivado las actuaciones contra Lantania. 

La Comisión no es competente para prohibir participar a las empresas del cártel en nuevas licitaciones. Esta responsabilidad recae sobre la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. A preguntas de El Salto, la Junta explica que solo puede ejecutar la prohibición cuando la resolución de la CNMC es firme. 

En el cártel de las consultoras, destapado el pasado año también por la CNMC (6,3 millones en sanciones a 22 consultoras y 13 directivos amonestados), la Junta aún no ha podido prohibir nada. Todas las empresas y directivos se encuentran sumergidos en litigios para tratar de frenar las multas y prohibiciones. El cártel de los concesionarios de automóviles, hecho público por la CNMC en 2015, con unas sanciones de 115 millones a 21 empresas, está cerca de resolverse, siete años después. 

Las siete empresas, autodenominadas el G7, se reunía semanalmente desde 1992 y disolvieron el grupo en 2017, ante la duda de si rozaban la ilegalidad

La sanciones a las constructoras son las más elevadas impuestas hasta la fecha por la Comisión. El informe hecho público tiene 161 páginas; el interno, más de 48.000 folios. Lo más relevante son los extractos de mails que se enviaban los directivos de las diferentes empresas, junto con tablas que especifican el ahorro obtenido. Las siete empresas, autodenominadas el G7, se reunía semanalmente desde 1992 y disolvieron el grupo en 2017, ante la duda de si rozaban la ilegalidad. Los primeros en abandonar fueron Dragados, Ferrovial y Sacyr. De acuerdo con FCC, el motivo por el que Dragados y Sacyr salieron del G7 fue porque creían “que podría no ser lícito preparar trabajos que son objeto de valoración en común”, indicaron en su correspondencia. A lo cual el representante de FCC, en conversaciones con su homólogo de OHL, le comentó que el director de Dragados iba a llamarle para conocer su “punto de vista sobre la legalidad o ilegalidad del asunto”.

En un chat de WhatsApp entre los representantes de Dragados y Ferrovial se realizó el siguiente comentario”: “Irá relacionado con lo que os comenté en enero, que [empleados de Dragados no identificados] me decían que pensaban que lo del grupo raya la legalidad de la competencia”.

Una semana después, en un correo interno de FCC se lee que “sobre otros trabajos de Plan de Seguridad, Calidad o Medioambiente tengo mis dudas, creo que no se podrían compartir, ya que si se presentan tal cual se elaboran, se está anulando la capacidad del promotor para valorar de forma diferente. Sería interesante tener una opinión legal sobre el asunto”. 

Entre 1992 y 2017 el marco normativo al que tenían que atenerse estas empresas de gran envergadura, y con presupuesto de sobra para pagar a asesores jurídicos, era de solo cinco leyes, recuerda el informe. Según la CNMC, sus conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Entre las constructoras sancionadas pagaban los informes técnicos necesarios para presentarse a una licitación, decidían quién se presentaría y con quién

Modus operandi

Desde 1992, el G7 se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública anunciadas en las diferentes plataformas de contratación del Estado. Las empresas decidían entonces los concursos en los que iban a compartir, entre todas o entre algunas, una parte o la totalidad de los trabajos técnicos necesarios para presentarse a una licitación —toda la parte técnica previa a una construcción de gran envergadura que implica un estudio detalle, geotecnia, topografía, seguridad y salud, impacto ambiental, etc.—. Dichos trabajos los encargaban a empresas externas y los pagaban entre todas —un informe de estas características no baja de los 100.000 euros, algunos superan los 600.000—. Luego, personalizaban los documentos y, cada una, incluía su logo. Poco a poco fueron “evolucionando y complejizando sus normas de funcionamiento”, indica la CNMC. 

También intercambiaban información comercial sensible y estratégica, como su intención de concurrir o no a las licitaciones, así como su interés en formar UTEs y los miembros que las integrarían. Dicho de otro modo, entre todas o varias pagaban los informes técnicos necesarios para presentarse a una licitación, decidían quién se presentaría y con quién. 

La Comisión destaca que compartir dichos trabajos y los intercambios de información supone un incumplimiento en los deberes de proposición única y de secreto, y elimina la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública. 

La CNMC advierte que el resto de empresas concurrían en “desventaja competitiva” al tener que asumir un mayor coste para la preparación de las propuestas de las licitaciones

Efectos

Esto tenía un efecto en las instituciones públicas y en las empresas que no formaban parte del cártel. Las otras empresas “concurrieron en desventaja competitiva, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas”. Las administraciones públicas afectadas son todas, desde estatales, autonómicas a municipales, y, especialmente, las pertenecientes al Ministerio de Fomento —actualmente, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana—. 

La nota de prensa habla de “miles” de  “trabajos compartidos” de forma fraudulenta. El informe detalla que entre 2002 y 2016, Acciona compartió trabajos hasta en 5.148 ocasiones. Sacyr, 11.632 —esta es la empresa sobre la que la CNMC más datos ha recogido—. El número de licitaciones afectadas se situaría en Acciona entre 2008-2016 en 3.250; Dragados 1.196 (2012-2016), y FCC 2.956 entre 2008 y 2015. Las contrataciones a las que optaron estas tres empresas durante solo siete años tenían un valor de más de 108.538 millones de euros. El valor total analizado asciende a 138.794 millones.

El informe incluye algunas de las licitaciones afectadas. Por ejemplo, la urbanización del Campus de la Justicia de Madrid, las obras del entorno de la estación de Benimaclet, el metro de Sevilla, urbanización de Valdebebas, el Hospital de Salamanca, la acequia de Favara, la variante de Marchena, la línea 1 de Granada, la 1 y 2 de Málaga, la estación de potabilización de El Girasol, la recogida de vertidos a la izquierda del Manzanares, el bypass de Abroñigales, el desdoblamiento de la variante Sur en Hernani, un edificio de los juzgados de Santiago de Compostela, viviendas protegidas en Alcobendas, el centro de Emergencias 112 de Galicia, un centro escolar en Oroso y un largo etcétera. 

La sanción a FCC equivale al 6,97% de sus beneficios en 2021; el 3,2% para Ferrovial; el 88% para Obrascón; 28% para Sacyr, y 8% para Acciona

Impacto de la sanción

La empresa que ha recibido la sanción más alta ha sido Dragados, con 57,1 millones de multa. Desde 2002, Dragados pertenece al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. En 2021, ACS obtuvo un beneficio neto de 3.045 millones de euros, según la propia empresa. Es decir, la sanción económica por 25 años de conductas fraudulentas equivale al 1,74% del beneficio anual del pasado año.

En el caso de FCC, la sanción equivale al 6,97% de sus beneficios en 2021 (580 millones); el 3,2% para Ferrovial (1.197 millones); el 88% para Obrascón (la sanción es de 21,5 millones y obtuvo 24,5 tras la pandemia; el 28% para Sacyr (60 millones), y el 8% para Acciona (363 millones).

“La sanción económica no es muy grande, lo sería si se determinara la prohibición de contratación, eso tendría unas consecuencias brutales”, valora el parlamentario Josu Estarrona

Valoración política

Desde el País Vasco, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, especializado en casos de corrupción sistémica, valora que “la sanción económica no es muy grande, lo sería si se determinara la prohibición de contratación, eso tendría unas consecuencias brutales, pero como pasó con el cartel de consultoras, puede que nunca veamos dicha prohibición que establece la ley”.

Asimismo, advierte de que las instituciones afectadas deberían de reclamar. “Si soy de una comunidad de vecinos y me entero que una empresa ha actuado de mala fe para sacar más dinero, como comunidad quizá iniciaría un procedimiento”, compara. En el caso del País Vasco, algunas de las licitaciones afectadas son tramos del TAV, la variante sur ferroviaria, una obra de saneamiento de URA y otra del barrio de Zorrozaurre de Bilbao (la canalización del puente).

Fuente: Gessamí Forner en el saltodiario.com
Foto: Extraída de video Comunidad de Madrid | Archivo

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