Cien lobbistas de los laboratorios farmacéuticos trabajan para que las vacunas no lleguen a los países pobres

Con el actual estado de la propiedad intelectual, países como Pakistán, Bolivia o Nigeria no tendrán capacidad de vacunar masivamente hasta 2023. La comunidad internacional clama por una excepción a las reglas del comercio internacional. Pero los grandes laboratorios presionan a Biden para que nada se mueva sin su beneplácito.

Un año después de que el virus Sars-Cov2 transformase el mundo, se expandiera en forma de pandemia y matase, hasta el 25 de abril de 2021, a más de tres millones de personas, la humanidad ha producido vacunas eficaces y seguras. La cuestión que queda por determinar es cómo y cuándo llegarán las vacunas a los distintos puntos del planeta.

Una investigación de The Intercept publicada el pasado viernes 23 de abril muestra cómo cien lobbistas de las grandes farmacéuticas han desplegado su trabajo en Washington DC para evitar las medidas de liberación de patentes. El reportaje, firmado por Lee Fang, da los nombres del excongresista Mike McKay, en la actualidad empleado de Pfizer o de Elissa Alben, también en Pfizer y previamente personal del Consejo Internacional de Comercio.

La movilización de los grandes laboratorios se enfoca a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descarte el levantamiento temporal de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés). En concreto, la sociedad civil mundial pide un levantamiento parcial de los “aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” conocido como TRIPS y vigente desde 1994.

Según la Organización Mundial de la Salud solo el uno por ciento de los 100 millones de dosis de vacunas producidas se ha destinado hasta la fecha a los países de ingresos más bajos

A iniciativa de India —que con 190.000 muertes es la cuarta nación más afectada por el covid-19 en términos absolutos— y Sudáfrica —54.000 muertes—, la solicitud, respaldada por la Organización Mundial de la Salud, y otros cien países, quiere garantizar que las vacunas lleguen cuanto antes posible al conjunto de la humanidad.

Se oponen a ese plan los laboratorios, que han operado, según la información de The Intercept, a través de los grandes lobbies de Washington: la U.S. Chamber of Commerce, el Business Roundtable y la International Intellectual Property Alliance.

Las críticas a la excepción han sido transversales a electos republicanos y demócratas. Un senador republicano solicitaba a finales de abril que Biden se opusiera “a todos y cada uno de los esfuerzos encaminados a renunciar a los derechos de propiedad intelectual”.

Según la Organización Mundial de la Salud solo el uno por ciento de los 100 millones de dosis de vacunas producidas se ha destinado hasta la fecha a los países de ingresos más bajos. La organización Global Justice Now! se hizo eco de las informaciones de The Intercept para pedir “vacunas para gente” tras recordar que “millones de personas continúan muriendo porque los monopolios farmacéuticos han creado escasez de vacunas en el sur global”, a través de su portavoz Heidi Chow.

En un artículo de opinión publicado en The Guardian, el divulgador científico Stephen Buranyi estimaba que desde enero se han producido alrededor de 430 millones de dosis para alrededor de 215 millones de personas y que, de las dosis ya administradas, “aproximadamente la mitad se destinó al 16% más rico de la población mundial”.

“Las personas pobres de África, Asia, América Latina y de todo el mundo tienen tanto derecho a estar protegidas del virus, a vivir, como las personas de las naciones más ricas. Para mí, este no es un tema de debate, esto es algo de moralidad básica”, ha declarado Bernie Sanders, senador demócrata y contendiente de Biden en las primarias del partido Demócrata previas a la elección de noviembre de 2020. Sanders es uno de los promotores de una iniciativa ciudadana que ha conseguido dos millones de firmas para pedir a Biden que autorice la suspensión temporal de la propiedad intelectual.

Sin un cambio de tendencia en cuanto a patentes, se estima que 85 países del sur no podrán empezar la vacunación masiva al menos hasta 2023. Entre ellos se encuentran la mayoría de los países africanos, Bolivia, Paraguay y Venezuela en Latinoamérica y Pakistán o Afganistán en Asia.

Frente al esfuerzo ciudadano global por la liberación de las patentes, hay millones de dólares puestos en juego por la industria, explican las fuentes que presenta el reportaje de The Intercept. El modo de funcionar va desde las cartas hasta la contratación de personal en los alrededores del poder federal o la redacción de artículos de opinión. El mensaje que se repite es que la distribución de vacunas llegará de forma más eficiente si se trata a través de donaciones voluntarias.

Los partidarios de que se abran las patentes contraponen otro argumento: el hecho de que la investigación de las vacunas ha sido financiado por enormes cantidades de dinero público

Los cientos de partidarios institucionales de que se abran las patentes contraponen otro argumento: el hecho de que la investigación de las vacunas ha sido financiado por enormes cantidades de dinero público.

“Increíblemente, el debate público está tan dominado por la industria farmacéutica y sus aliados que estamos viendo ante todo una celebración de las dudosas afirmaciones de éxito del sistema, en lugar de discutir sobre las formas en que el sistema nos falló y nos está fallando al abordar la pandemia”, escribía recientemente Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research.

Fuente: elsaltodiario.com

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