Bebés al cole: el proyecto de Ayuso que aún está en pañales

Madrid presume de ser la comunidad pionera en ampliar la oferta de los colegios públicos incorporando el tramo de 0 a 3 años. La comunidad educativa se queja de un proyecto hecho con oscurantismo, sin su participación y con grandes interrogantes, como la transformación de los espacios

El director general de Educación de la Comunidad de Madrid, Ignacio Martín Blasco, se reunía el 22 de febrero con la Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6 y con la asociación Amegi, colectivos de profesionales preocupados por una nueva medida que el Gobierno regional anunciaba de manera sorpresiva el 15 de febrero. Durante un desayuno informativo, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que algunos colegios públicos iban a ampliar su oferta para acoger a la infancia de cero a tres años a partir del curso 2022/23. En concreto, 2.000 primeras plazas en 46 colegios.

“Quedan siete meses para el inicio del próximo curso y se está hablando de adaptación de espacios (que no llevaría mucho tiempo) y no de construcción de espacios nuevos. Esta propuesta tiene muchas patas y quedan muchos flecos que se irán solventando según vayan surgiendo”, aseguraba Martín Blanco, según la transcripción de la reunión que han hecho pública las asociaciones. “Quedan siete meses y muchos temas por concluir, que se irán abordando según vayan saliendo, pero las condiciones serán las mismas en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que en las escuelas infantiles”, insistía en otro momento.

A María López, secretaria de la Junta de Portavoces, no le extrañaría que el curso que viene comenzara con bebés entre maquinaria de obra. Se queja de que el proceso decisivo lo han realizado con oscurantismo y sin la participación de la comunidad educativa

Muchos flecos, temas por concluir… cabos sueltos que preocupan a las asociaciones. A María López, secretaria de la Junta de Portavoces, no le extrañaría que el curso que viene comenzara con bebés entre maquinaria de obra. Se queja de que el proceso decisivo lo han realizado con oscurantismo y sin la participación de la comunidad educativa. Y reconoce cierta preocupación.

“Quedan muchos cabos pendientes. El director general dijo que se iban a ir ajustando, pero no estamos hablando de hacer tornillos, estamos hablando de que en cada centro va a haber tres unidades con 42 niños y niñas pequeños —ocho de cero a uno, 14 de uno a dos y 20 de dos a tres— y eso hay que cuidarlo. No es cuestión de crear plazas, es cuestión de que las plazas que se creen sean de calidad. Si no tienen calidad, lo que hacen es perjudicar a la infancia. Históricamente, esta consejería no ha apostado por la educación infantil y estos son nuestros miedos”, resume quien asegura que el Gobierno regional lleva veinte años sin construir una nueva escuela infantil de gestión directa y diez de gestión indirecta o externalizada.

Entre las dudas, además de la adecuación de espacios, compuestos de patios de cemento que tendrán que reconvertirse en zonas ajardinadas, con areneros y rampas para las salidas y entradas, destacan una: ¿Qué personal atenderá a la infancia? En la mesa sectorial del 10 de marzo, el director general aseguró que las plantillas estarían formadas por cinco educadores y un maestro de infantil. Este maestro, que se encargará de coordinar el proyecto, “será preferiblemente un docente voluntario del centro”. “¿Qué van a ser, maestros que a lo mejor no tienen formación de cero a tres? ¿Se va a permitir que algún educador de escuelas infantiles pueda acudir para formar?”, se pregunta López. Y añade más: se desconoce cómo se hará efectiva la participación de las familias en los centros, que en las escuelas infantiles son un pilar fundamental con un acceso frecuente, mientras que en los colegios no pueden ni entrar.

Colgarse la medalla

Mientras, la Comunidad de Madrid saca pecho. Habla de una iniciativa pionera en el Estado que se inserta en el proyecto de aumento de natalidad de Ayuso. Desde CC OO dan un volantazo a esta versión y señalan que es el Ministerio de Educación el que obliga a la creación de más plazas públicas de cero a tres, gracias a una dotación de 53,5 millones de euros inyectada en la comunidad, provenientes de fondos europeos. El 21 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil. Madrid ha optado por insertar estas plazas en los colegios públicos.

“Ayuso trata de meterlo en su relato, pero es una obligación impuesta por el Gobierno. Lo quisieron imputar al plan de natalidad de Ayuso, pero no es así. Es un dinero que viene de Europa a través del Gobierno”

“Ella trata de meterlo en su relato, pero es una obligación impuesta por el Gobierno. Lo quisieron imputar al plan de natalidad de Ayuso, pero no es así. Es un dinero que viene de Europa a través del Gobierno”, explica la secretaria general de enseñanza de CC OO Madrid, Isabel Galvín, quien también está preocupada por el oscurantismo y asegura que los directores de los centros seleccionados se enteraron de la noticia en Twitter. “Lo más grave es que es un proyecto que no tiene solidez porque no hay nada por escrito. Todos son palabras, te lo cuentan con entusiasmo, pero como en una rueda de prensa”, asegura Galvín, quien insiste en que hay muchos interrogantes sin resolver, como, por ejemplo, cuánto dinero se van a destinar a las obras. “En algunos casos se ha pedido a los directores que se encarguen, y no hay unos requisitos mínimos. No queda clara la parte de la financiación. Toda la financiación está fuera del presupuesto; es un dinero líquido, que les llega de fuera, no sometido a los criterios de gasto”, advierte.

“Con ello, este monto presupuestario queda al margen de los mecanismos de control regulados y promueve la adjudicación “a dedo” de las obras que son necesarias para implantar el modelo”

En este sentido, desde CC OO alertan de que las obras se han adjudicado al margen de los procesos de licitación regulados y que los fondos que llegarán para el año 2022, concretamente 26,6 millones de euros, no han quedado incorporados en los presupuestos para 2022 del Gobierno regional. “Con ello este monto presupuestario queda al margen de los mecanismos de control regulados y promueve la adjudicación “a dedo” de las obras que son necesarias para implantar el modelo”. Sombras sobre un proyecto “en el que deberían prevalecer las luces”, concluyen desde este sindicato.

Medida conciliadora

Y es que la incorporación de la infancia de cero a tres años en la educación pública es una medida que llega para favorecer la conciliación y acabar con la brecha entre familias. Cuando el Consejo de Ministros aprobó los fondos destinados a tal fin, la ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguraba que llegaban para aliviar “la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”. Al mismo tiempo recordaba que la escolarización en el primer ciclo de infantil se sitúa en el 38,3%, pero con grandes diferencias según la riqueza de las familias: mientras que en los hogares humildes se sitúa en el 26,3%, entre los de rentas más elevadas alcanza el 63,5%. Insistía además que a la hora de invertir los fondos las comunidades deberán “priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social”.

“El modelo si se plantea y se planifica con responsabilidad y con la participación de toda la comunidad educativa puede ser interesante pero siempre que se trabaje con planificación y con todos y todas”

“El modelo, si se plantea y se planifica con responsabilidad y con la participación de toda la comunidad educativa, puede ser interesante, pero siempre que se trabaje con planificación y con todos y todas. Pero de esta manera te vas enterando de cosas según van transcendiendo y sin haber participado en el proceso”, se queja Mari Carmen Morillas, portavoz de la federación de familias FAPA Francisco Giner de los Ríos.

Morillas explica que los colegios seleccionados por la Comunidad de Madrid coinciden con aquellos que estaban perdiendo alumnado y cerrando líneas. “El criterio que se ha utilizado es centros grandes con espacios libres sin tener en cuenta otros contextos como la población. Si hay centros que son grandes y han ido perdiendo líneas puede ser que la población infantil también se haya reducido”, expresa la portavoz de las familias.

Para Morillas la decisión ha sido tomada a contrarreloj y de manera sobrevenida. “La Comunidad de Madrid tiene una red de escuelas infantiles públicas muy debilitada. Poco más de un 10% del total de las escuelas son 100% públicas. Viendo estos datos y que ampliar esas escuelas infantiles es incompatible con el tiempo que queda ya para septiembre, para no devolver ese dinero, la única forma es implementar este ciclo en los CEIP sin ningún criterio”, afirma.

“Si nos remitimos al historial de la Comunidad de Madrid en cuanto a la construcción de centros educativos, no es muy halagüeño. En esta comunidad hay centros que han estado sufriendo obras durante más de diez años e incluso que aún continúan sin acabar”

Y desconfía de que se pueda estrenar sin problemas con el inicio del nuevo curso. “Si nos remitimos al historial de la Comunidad de Madrid en cuanto a la construcción de centros educativos, no es muy halagüeño. En esta comunidad hay centros que han estado sufriendo obras durante más de diez años e incluso que aún continúan sin acabar”, asegura.

 “Vamos a estar muy observantes para ver en qué condiciones van a comenzar. La idea nos parece bien que se implante en un centro público, siempre que esto no vaya en detrimento para las escuelas infantiles actuales, que haya más inversión y más construcciones de escuelas”, expresa Sandra Villa, profesora y portavoz de Marea Verde. En este sentido, el director general de Educación ha prometido a los sindicatos la construcción de cinco nuevas escuelas infantiles.

Desde el punto de vista de los futuros profesoras y profesores, Villa pide que la Comunidad cumpla con las condiciones laborales y que las nuevas profesionales estén integradas en los claustros. “Deben de participar en la vida de los centros educativos, no las deben situar aparte”. Pero a esta profesional le asaltan muchas dudas al respecto. “Hay muchas dudas y no es un gobierno regional que se caracterice por ser dialogante. Primero lo han sacado en prensa y luego se han visto forzados a reunirse con la comunidad educativa y con la mesa sectorial. Hay mucha preocupación, no lo podemos negar. Pero vamos a estar vigilantes”, insiste.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com

Foto: Álvaro Minguito

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