Ayuso, cronología de una pandemia (o los 1.001 motivos para echarla y juzgarla)

Constitución española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 43:

  • Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  • Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas. Artículo 148. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

  • 21.ª Sanidad e higiene.

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, TÍTULO 2, De las competencias de la Comunidad, Artículo 26:

  • 1.23. Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

Boletín Oficial del Estado núm. 299, de 15/12/2006. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema. 1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones:

  • Artículo 15. Catálogo de servicios. 1. El Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos que se especifican en este capítulo, (citaré solo algunos):
    • d) Servicio de Centro de Día y de Noche:
    • (i) Centro de Día para mayores.
    • (iv) Centro de Noche.
    • e) Servicio de Atención Residencial:
    • (i) Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
    • (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.

Soltada la chapa legislativa, que manda cojones que un año después todavía siga la carcunda con el mantra del coletas como responsable de las residencias, haré un resumen del paso de la que dice estar en lado bueno de la historia por la Puerta del Sol.

El 5 de marzo fallecía la primera persona en la residencia La Paz por Covid, a la vez que se detectaban 11 positivos tras realizarse la prueba al resto de residentes y trabajadores.

El 8 de marzo, la Consejería de Sanidad envía una circular a las residencias recomendando de forma imprecisa la restricción de visitas a las residentes.        

Todo esto en un escenario en el que la Covid se planta en la Comunidad de Madrid con una Atención Primaria preocupantemente reducida en plantilla, en Madrid contábamos con un médico por cada 1.500 pacientes y un enfermero por cada 2000, la peor ratio después de Ceuta, Melilla y Baleares.

Los Centros de día adscritos a las residencias, siguen en funcionamiento durante toda esa semana, mezclándose con los residentes en los comedores. Durante 15 días, las trabajadoras continúan con movilidad total entre las distintas plantas sin Equipo de Protección Individual, con el consiguiente riesgo de contagio y de contagiar.

En las residencias de mayores no se facilitaban mascarillas por parte de las empresas gestoras, tampoco les dejaban llevar la suya propia, se las hacían quitar porque “asustaban a los residentes”. Las bajas de las trabajadoras con síntomas Covid empezaban a ser muy numerosas, bajas no reemplazadas. La alarmante escasez de personal hacía imposible la atención y cuidados, culminando con deshidratación, úlceras por presión y desnutrición de los residentes.

El 12 de marzo el Consejero de Sanidad anunciaba la “medicalización de las residencias”, sin saber nadie sabe qué significa ese término exactamente. La del Twitter del perro, despejaba las dudas sobre el alcance de la palabra “medicalizar”: la medida, según dijo, incluía los vitales respiradores que inyectan aire a presión en los pulmones. Pero los residentes enfermos deberían esperar a que ya no los necesitaran en los hospitales, donde les negaban su entrada tal y como más tarde reconocía la propia CAM y más tarde desvelaba Manuel Rico a través del protocolo de la vergüenza.

En dicho protocolo, recibido por hospitales y residencias a partir del 20 de marzo, se hablaba expresamente de “criterios de exclusión” que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales, negándoles así su derecho a la asistencia médica, negándoles así su derecho a la vida, dejando que murieran por miles asfixiados en solitario en habitaciones a veces compartidas con residentes que ni siquiera eran, todavía, positivos por Covid.

El 17 de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirigía Pablo Iglesias se encargaba de coordinar un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar “prestaciones básicas de servicios sociales” (art. 1 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19) durante la crisis de la COVID-19. Madrid recibía 38.755.146 de euros sumados a los casi 3.500 millones de Fondo Covid entregados por el Gobierno.

El 21 de marzo, una Orden del Ministerio de Sanidad, recogía instrucciones para sectorizar en las residencias, tan solo en 24 horas tenían que clasificar a los residentes en cuatro grupos: casos confirmados, casos con síntomas compatibles con la enfermedad provocada por Covid, asintomáticos con contacto estrecho con contagiados, y el resto. Los trabajadores se asignarían a uno de los grupos evitando rotaciones.

El 22 de marzo, el ministerio que dirigía Iglesias también se encargaba junto al Ministerio de Sanidad de coordinar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la intervención urgente en los centros que hayan solicitado ayuda para realizar tareas como la desinfección.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales indicaban que son las comunidades autónomas quienes les indican qué residencias necesitan intervención de la UME y ellos lo autorizan. Parece ser que las dos únicas misiones que tenía indicadas el del moño fueron acometidas a la perfección, se dotó económicamente a Madrid y se ayudó a la desinfección de las residencias que Ayuso indicaba.

A todo esto, hay que sumarle que el 22 de marzo, los servicios de urgencias de atención primaria – SUAP- se cerraban a cal y canto, mientras que a la vez los Servicios de Atención Rural (SAR), y con idéntica normativa al SUMMA 112, pero dependientes de atención primaria y ubicados en zonas rurales, siguieron dando servicio.

El 23 de marzo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid envió una normativa a los Centros de Salud, los pacientes de más de 80 años con patología de base y síntomas Covid, no eran susceptibles de traslado a Hospital. Se impidió el traslado de personas con más de 80 años desde las residencias y domicilios, negándoles así el derecho a tratamiento hospitalario.

El escaso número de administrativos para atender llamadas y la necesidad de asegurar que nadie con síntomas de coronavirus acceda al circuito limpio, se traducía en colas de ciudadanos a las puertas de los Centros de Salud, aguantando frío y calor, y con dificultades para guardar las medidas de seguridad en las mismas.

Se aconsejó a los profesionales acudir a sus casas para sedación, para ayudarles a morir si no mejoraban con el tratamiento médico.

Ese mismo día, en menos de 24 horas, el recinto ferial de IFEMA en Madrid se ha adaptaba para poder habilitar 1.396 camas, en ese momento Madrid contaba con más de 3.000 camas hospitalarias cerradas repartidas en distintos hospitales. Ifema cubrió su plantilla con personal de Atención Primaria. Esto redujo la capacidad de atención a los ciudadanos. En ningún momento el personal trasladado a Ifema fue repuesto.

Los Centros de Salud se vieron obligados a crear dos circuitos: un circuito ” limpio” para pacientes sin síntomas Covid y un circuito “sucio”, con entrada separada y totalmente aislado, para tratar a los pacientes con síntomas compatibles con Covid y donde realizar los test para su diagnóstico. Algunos centros no tenían infraestructura para ello y cerraron temporalmente.

El 26 de marzo, las residencias aún no estaban preparadas, y las direcciones no sabían cómo sectorizar a los residentes, en su mayoría, carecían de espacio para ello, y con infraestructuras obsoletas, se optó por confinar a residentes en sus propias habitaciones, en algunos casos obligados a compartir habitación con su compañero o compañera contagiada.

En mayo terminaban su especialidad 200 médicos de familia en Madrid. Los contratos que les ofrecieron eran de 6 meses y de área, lo cual quiere decir que podían ser destinados cada día a un centro de salud diferente del área. Perdimos 200 profesionales en primaria que se fueron, algunos a urgencias de Hospitales y la mayoría fuera de la Comunidad de Madrid. Justificaban la falta de refuerzo diciendo que no había profesionales, la realidad es que los estaban echando de la capital por el maltrato sistemático desde la Gerencia de Atención Primaria. Después de un año de pandemia, la Atención Primaria sigue colapsada y esperando refuerzos. 

En agosto de 2020, Médicos Sin Fronteras emitía un duro informe, su experiencia durante los primeros meses de pandemia en 486 centros geriátricos, fundamentalmente de seis comunidades autónomas, con intervenciones puntuales hasta en 10. Los geriátricos son centros sociales, no sanitarios, no estaban preparados para la epidemia.

“La descoordinación institucional y la falta de liderazgo” de las Administraciones en las Comunidades Autónomas olvidaron a los mayores: “Falló la efectiva asistencia desde el sistema de salud”. “Mantener a los enfermos en espacios cerrados y sin atención médica adecuada multiplicó los contagios, aceleró la mortalidad y produjo situaciones indignas e inhumanas”.

Soportaron la terrible angustia de no tener ninguna información de la situación de la puerta de su habitación hacia afuera, del mismo modo que los de afuera desconocían que ocurría de puertas para dentro. Familiares sin noticias, sin videollamadas, ni información por email, mientras se veía en informativos como fallecían por miles sin recibir asistencia médica, sus cadáveres eran amontonados en cuartos trasteros.

En diciembre del 2020 una moción presentada en la Asamblea de Madrid proponía el paso de los SUAP y las UAD a la gerencia de Atención Primaria (en lugar de la gerencia del SUMMA112), siendo respaldado políticamente por toda la asamblea, por tanto, se podía acometer su reestructuración, sigue sin hacerse.

El 2 de diciembre se inauguraba el hangar Zendal, un día antes, Pablo Casado preguntaba por la ubicación de los quirófanos, se hizo el silencio, el mal llamado hospital de pandemias no cuenta con seguridad, como para contar con quirófanos. Nadie se explicaba que se construyera en la Comunidad de Madrid un nuevo hospital para combatir la pandemia, mientras se mantenían cerradas más de 1.700 camas y 25 UCIs en hospitales públicos.

El Zendal se construía en terrenos de la Ciudad de la Justicia, proyecto de Esperanza Aguirre iniciado en 2004. El resultado de este megaproyecto resultó un fracaso total. En el verano de 2011 se decidió su liquidación. Se perdieron más de 105 millones de euros del erario público. Solo llegó a levantarse el donut, que costó 22 millones de euros y que permanece en desuso y con un coste de 143.000 euros anuales por un servicio de seguridad.

El 16 de diciembre, quince días después de la inauguración del Zendal, Ayuso inaugura el nuevo Instituto de Medicina Legal en el donut, a 100 metros del Zendal, con una de sus famosas frases “es un orgullo para España y Europa”. Los planes de Ayuso y su cohorte pretoriana se veían a kilómetros, y ni siquiera esconden que sus intenciones van por el sendero de sus políticas neoliberales de favorecer a los capitalistas amiguetes de los que se rodean, poniéndoles una alfombra roja de acceso a los pelotazos urbanísticos y a los nichos de los servicios públicos. La salud y la vida de los ciudadanos madrileños, sólo les sirve como método de propaganda. Nuevos ladrillazos están en marcha en los 120.000 metros cuadrados   disponibles de urbanizar en la Ciudad de la Justicia con planes de construcción de nuevas sedes judiciales y viviendas.

En febrero, compareció en la Asamblea de Madrid D. Pablo Busca, gerente del SUMMA 112, su intervención quedará para la historia, declaró: “no tiene mucho sentido plantear la apertura de los SUAP, están reorganizados en el centro coordinador y en las unidades de atención domiciliaria”, reconociendo que no tiene una idea clara de la situación y futuro de estos servicios, y qué duda cabe decir que no hay dispositivos móviles que compensen la atención anual de las 750.000 intervenciones asistenciales por parte de los SUAP.

Actualmente se envían dispositivos de emergencias, como UVI y VIR, sin médico. Se han inventado la figura de los “soporte vital avanzado de enfermería”, que lo único que hacen es comprometer la calidad asistencial del paciente y su seguridad, obligando al trabajador a asumir una responsabilidad que no le corresponde.

El 3 de marzo en plena pandemia, el Supremo tumbaba de forma definitiva el plan de Acciona y OHL empresas adjudicatarias del proyecto que habían interpuesto un proceso jurídico para hacerse con la Ciudad de la Justicia, dejando así vía libre a la Comunidad de Madrid sobre los terrenos de la Ciudad de la Justicia.

A día de hoy, se desconoce en qué ha invertido Isabel Diaz Ayuso los 3.500 millones de fondo Covid no reembolsables, las residencias siguen sin medicalizarse, más de 200 querellas han sido admitidas a trámite en relación con los “fallecimientos” en las residencias de su competencia. Ha sido la única comunidad que ha recortado durante la pandemia en dependencia, ha recortado en educación, y no ha invertido un solo euro en protección a las víctimas de maltrato de género, no ha sido capaz de sacar adelante los presupuestos generales de la comunidad, ha sido la única comunidad que no ha dado ayudas directas a la hostelería, en su mandato, solo ha sacado adelante la una ley en la que da paso a una universidad, por supuesto, privada.

A la hora de votar, es importante recordar.


*Datos obtenidos de dípticos elaborados por JuntasXLPublica y Marea de Residencias.
Fuente: JENNER LÓPEZ ESCUDERO en nuevatribuna.es

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