La turra que los políticos dan a los estudiantes es de las que no se olvidan. Cada vez que hay un cambio de Gobierno, toca sacar adelante una nueva ley de educación. Los libros de texto cambian con frecuencia cada pocos años sin que esté muy justificado, suponiendo además un alto desembolso económico para las familias. Las asignaturas entran y salen. Los partidos siempre están interesados en incluir nuevas temáticas que se presentan como absolutamente imprescindibles. De vez en cuando, algunos exigen que haya clases de educación financiera con la que formar a los ciudadanos del futuro. Parece una broma –¿qué recordarán esos alumnos de todo eso cuando reciban su primera nómina?–, pero nunca es demasiado pronto para que los chicos aprendan a nadar en las aguas traicioneras del capitalismo.
Quizá haya que aceptar que si los modelos educativos del PSOE y del PP han sido tan diferentes desde los años ochenta, entonces es inevitable que aprueben leyes diferentes al llegar al poder. Lo malo es que las guerras educativas son interminables. Hubo un intenso y lógico debate en el Parlamento cuando se aprobó la ley Celaá. Las trincheras siguen en llamas y, como suele ser habitual, los nuevos disparos han partido del PP de Madrid con el apoyo previsible de las brigadas mediáticas favorables.
Isabel Díaz Ayuso anunció el lunes los recursos que presentará su Gobierno ante el Tribunal Supremo contra el currículo de bachillerato de la Lomloe. Quizá a Alberto Núñez Feijóo le interese más la economía, pero ella está aquí para salvar a España de sí misma. Algunos contenidos de los libros de texto del próximo curso le han causado tal indignación que teme por el futuro del país. “El Gobierno busca transformar la sociedad y hacerla a su medida”, dijo en rueda de prensa.
No le pareció suficiente, porque siguió hablando y denunció que “esto forma parte de un rediseño de España entera”. La gran conspiración por la que los libros de ciencias sociales de los estudiantes de 15 y 16 años terminarán cambiando el país y convirtiendo a sus habitantes en un rebaño de zombis obedientes por algo que leyeron treinta años atrás. Es como el chip que Bill Gates nos puso a todos en la cabeza y que se recargaba cada vez que reiniciábamos el Windows.
Este es el punto en que la derecha se obsesiona por hablar de la “ingeniería social”, como si la izquierda estuviera a punto de dominar el mundo.
La prioridad es conseguir el titular. Da igual lo que diga la Constitución. Ayuso reclamó que esta reforma educativa se haga con “un gran debate nacional, sereno, plural, transparente y abierto”. Ese debate ya se produjo en el Parlamento, esa institución nacional a la que la Constitución le confiere el poder de aprobar leyes. La ley Celaá fue aprobada por mayoría absoluta con el apoyo de varios grupos parlamentarios. La ley Wert también se aprobó por mayoría sin que el PP la pactara con nadie. Ambas son igualmente legítimas.
¿Qué aparece en esos “borradores de libros de texto” que hacen peligrar la misma existencia de la sociedad española? Varios medios de comunicación han publicado frases y extractos que supuestamente ponen en evidencia esa contaminación ideológica. La Razón, que dice que las frases seleccionadas del currículo figurarán en el recurso que presente el Gobierno de Madrid, destaca como muestra de adoctrinamiento la frase: “La dinastía de Borbón implantó el centralismo administrativo”. Eso es un hecho conocido que aparece en los libros de historia de España de los siglos XVIII y XIX. Es lo que también ocurrió en Francia y formó parte del proceso de modernización del Estado, que obviamente no careció de consecuencias políticas.
También se queja el diario de que el currículo plantee como objetivo “estudiar de forma diacrónica el papel que ha tenido la mujer”, lo que debe de ser un crimen nefando, ya que las referencias a las mujeres siempre son peligrosas. Todo era más saludable cuando sólo se hablaba de los hombres en los libros de texto.
La obsesión por los contenidos en los que se pueda sospechar una intención feminista aparece del mismo modo en una selección publicada por ABC. Y eso que no tiene nada que ver con España. “En Grecia las mujeres estaban en clara desventaja respecto a los hombres. Sin voz política, nunca pudieron votar, ni ocupar cargos políticos, y su papel quedó relegado al hogar”. Es un hecho irrebatible sobre la antigua Grecia y lo mismo se podría decir de Roma. Ocurrió hace veinte siglos, así que no es culpa del capitalismo, pero les molesta que se hable de ello.
Hay gente que descubre la palabra ‘mujer’ en un libro de texto y ya empieza a hiperventilar.
¿Habrá padres de alumnos a los que les moleste que se hable de los derechos de la mujer y del medio ambiente o que salga en un libro una foto de Greta Thunberg? Seguro que sí. ¿Pueden legalmente vetar que sus hijos reciban esa formación? Claro que no. Por mucho que Vox quería en 2020 que existiera el veto parental a ciertas actividades escolares y que Pablo Casado dijera que no permitiría que el Gobierno “imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños”, el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2009 que no existe un derecho constitucional a la objeción de conciencia, y tampoco en la educación.
Hace unos días, Ayuso amenazó con enviar a inspectores para censurar los libros de texto que le parecieran inapropiados. Censura de libros o comunismo. Esto lo que hay. Ella lo llamó retirar contenidos sectarios. Todos los que han quemado o prohibido libros a lo largo de la historia han alegado que su lectura era perniciosa para la mente o el alma.
La ministra de Educación lo aprovechó el lunes cuando le preguntaron por el recurso del Gobierno de Madrid. “Parece curioso que la que se presentó como reina de la libertad ahora quiera censurarlo todo. No podemos pasar en un día de ser la lideresa de la libertad a querer censurar lo que es propio de una elección autónoma de los profesores de este país”, dijo Pilar Alegría al referirse al proceso de elaboración de los currículos en los que participan muchos profesores.
Cualquiera diría que todo lo que aparece en los currículos o en los libros de texto acaba implantado en las cabezas de los alumnos como con un láser. La realidad es que los colegios y los profesores deciden cómo utilizarlos en sus clases. A estas alturas, no nos vamos a escandalizar si nos enteramos de que los profesores pasan por encima de contenidos que consideran que están mal explicados en los libros.
El Gobierno de Ayuso no se fía mucho de los profesores. Acaba de encajar una derrota judicial por la decisión del TSJM de aceptar un recurso de CCOO que impide a su Gobierno cercenar las competencias de los centros educativos y profesores a la hora de ordenar los bloques de asignaturas según sus proyectos. Ayuso está a favor del intervencionismo de la Administración cuando lo emplea con la intención de controlar a los profesores de Madrid.
Ningún otro Gobierno autonómico ha anunciado que presentará un recurso en los tribunales por este asunto. Para que no parezca otro ejemplo de ayusismo contra el criterio de Génova, Cuca Gamarra dijo que la dirección nacional comparte “la inquietud” de la madrileña. “El adoctrinamiento debe quedar fuera de las aulas”, comentó.
Si alguien piensa que eso significa que la asignatura de la religión tiene los días contados en los colegios españoles, no ha prestado la atención necesaria en los últimos cuarenta años. El único adoctrinamiento que acepta el PP es el que permite a la Iglesia católica enseñar su doctrina a los alumnos. Todo lo demás, incluidos los derechos de las mujeres, se considera obra del Maligno.
Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es
Libres, pero con censura previa
Ruido. Solo ruido. La bulla como única estrategia política. De nuevo, desde el kilómetro cero. No hay semana en que la campeona de la ligereza no emita algún estruendo. Una frase feliz para hacerse notar. Es el turno de la Educación. Ahora, la adalid de la libertad quiere volver a la “censura previa” de los libros de texto, que suprimió, por cierto en 1998, el gobierno de Aznar siendo ministra Esperanza Aguirre para que los manuales de estudio no tuvieran que pasar el filtro del Ministerio. Pues nada. ¡Que se retiren los libros de texto de Bachillerato! De inmediato. La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Supremo el currículo aprobado por el Gobierno porque Sánchez quiere adoctrinar a los escolares e imbuirles de “sanchismo”.
Mira que se le han atribuido habilidades a este presidente, pero por mucha imaginación que se le ponga cuesta verlo de noche en La Moncloa redactando los contenidos de los libros. Tampoco le pega a la ministra de Educación, Pilar Alegría, por mucho honor que haga a su apellido, llamar a los responsables del grupo Edelvives o de la editorial SM para dictarles palabra por palabra lo que deben aprender los alumnos. El primero es una institución con mas de 130 años al servicio de la comunidad educativa, propiedad del Instituto de los Hermanos Maristas. Y la segunda es de los marianistas. Así que lo de que los curas -por muy empresarios que sean- se sometan al criterio de un gobierno socialcomunista no entra en cabeza sana.
La ignorancia es tan atrevida que Ayuso cree que los textos los redacta el Gobierno, las editoriales cortan y pegan y los maestros luego se dedican a adoctrinar a los niños. Por adoctrinar se entiende, claro, que los adolescentes conozcan que en España existe una ley de eutanasia, que con la exhumación del dictador del Valle de los Caídos se ha empezado la resignificación del mausoleo o que se conozcan algunos de los conceptos del llamado feminismo de la cuarta ola. Luego, está directamente la mentira. “Los niños no estudiarán ni la regla de tres, ni los números romanos, ni harán dictados”, ha dicho el consejero madrileño del ramo. Lo preocupante sería que en Bachiller lo hicieran.
El decreto en cuestión -publicado en el BOE el 5 de abril de 2022- forma parte de los currículos educativos elaborados por cientos de profesores en activo, debatido en varias bilaterales con el consejero de Educación de Madrid, discutido en unas cuantas Conferencias Sectoriales, sometido a exposición pública durante semanas, enmendado por varias organizaciones y aprobado por el Consejo Escolar. Y ahora son los directivos de cada centro educativo quienes eligen los manuales que consideran oportunos. Pero Ayuso ha decidido llevarlo ante el Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya suspendido de manera cautelar un decreto y una instrucción de su gobierno a los centros educativos al entender que la Consejería de Educación había invadido competencias del Estado.
Y he aquí su aplastante argumento: “Las nuevas generaciones no sabrán quiénes son, de dónde vienen y por lo tanto, las deja en un limbo sin futuro. Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de drogas, de adicciones”.
No es la primera vez que la reina de la frivolidad plantea problemas apocalípticos que suscitan debates ideológicos para enmascarar problemas más acuciantes y desviar la conversación pública de cuestiones de fondo. Por ejemplo, que de todas las Autonomías, Madrid está a la cola en gasto público por alumno, con 4.892 euros, según datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, mil euros por debajo de la media nacional y con casi la mitad de inversión que Euskadi (9.417 euros). O que en Educación Primaria la región que preside tiene un nivel de segregación socioeconómica mayor que la media de España y, en la lista de la OCDE, se encuentra en el peor puesto, solo por debajo de Turquía. Con respecto a la Educación Secundaria, también se sitúa como la peor a nivel nacional y de las peores en el ranking de la OCDE.
Pero de eso la inquilina de Sol, que es la máxima responsable, no habla. Tampoco de que Madrid tiene los precios públicos universitarios más altos de España.
Fuente: Esther Palomera en eldiario.es
Foto portada archivo nuevatribuna.es
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