Acabar con la privatización sanitaria: el muro al que se enfrenta Mónica García

De activista de la Marea Blanca a nueva ministra de Sanidad, García debe encarar un reto: acabar con las colaboraciones público-privadas, aunque no se haga alusión a ello en el pacto de Gobierno

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“La rentabilidad en sanidad es un concepto peligroso. Solo puedes aumentar en rentabilidad si disminuyes en dar salud, no hay otra fórmula”. Hace diez años la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, hablaba así como portavoz de Afem, unas de las organizaciones médicas que se pusieron al frente de la Marea Blanca contra los planes privatizadores de la Comunidad de Madrid. Eran tiempos de lucha, de grandes movilizaciones en las que se mezclaban pacientes y profesionales. Y tiempo de victoria: finalmente la Comunidad de Madrid retiró su plan para privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. Plan que antes de esto fue paralizado por la Justicia. En medio de estos acontecimientos estaba García, por aquel entonces médica anestesista en el Hospital Doce de Octubre.

Tiempo después vino su designación como diputada en la Asamblea de Madrid. Primero con Podemos, luego con Más Madrid. En 2023 fue candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras denunciaba la irregularidad en los contratos que Ayuso adjudicaba al Hospital Enfermera Isabel Zendal. Y hoy se sienta en el Ministerio de Sanidad con toda una tarea por delante: derogar las leyes que permiten seguir privatizando la sanidad.

En el vídeo en el que García confirma su nuevo cargo, grabado con un cartel que reclama sanidad pública a sus espaldas, insiste en que para su partido la sanidad no es “un servicio público más” sino el “buque insignia de nuestro estado de bienestar”. Y como tal, la defensa de la sanidad pública debiera estar en el centro, insisten expertas y expertos consultados para este reportaje. El 24 de octubre, y antes de la formación de gobierno, Sumar y PSOE mostraban su acuerdo programático. En el apartado sanitario, no se hace alusión a frenar la privatización ni a revertir los contratos existentes. Reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria o expandir la cobertura en salud mental o con atención bucodental sí se reflejan en lo acordado.

En el vídeo en el que García confirma su nuevo cargo, grabado con un cartel que reclama sanidad pública a sus espaldas, insiste en que para su partido la sanidad no es “un servicio público más” sino el “buque insignia de nuestro estado de bienestar”. Y como tal, la defensa de la sanidad pública debiera estar en el centro, insisten expertas y expertos consultados para este reportaje. El 24 de octubre, y antes de la formación de gobierno, Sumar y PSOE mostraban su acuerdo programático. En el apartado sanitario, no se hace alusión a frenar la privatización ni a revertir los contratos existentes. Reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria o expandir la cobertura en salud mental o con atención bucodental sí se reflejan en lo acordado.

En 2019, el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en su punto 2.2.9 decía  específicamente: “Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”. ¿Por qué se ha perdido esta propuesta por el camino?

Choque de trenes

Este punto supuso un choque de trenes en el Gobierno de coalición, y así lo explican desde Podemos. Este partido puso sobre la mesa la derogación de la ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión, la norma de Aznar que abrió la puerta a la entrada de empresas en la sanidad pública con el beneplácito de todos los grupos políticos excepto IU y BNG. Propuesta que no consiguió prosperar, explica Amparo Botejara, responsable del área de sanidad de Podemos, médica de familia y exvocal de Podemos en la Comisión de Sanidad en el Congreso.

“El blindaje de la sanidad pública quedó en un desencuentro total. El objetivo de Podemos era abolir la ley 15/97 y la ministra Darias plasmó su espíritu en su supuesta ley”

“El blindaje de la sanidad pública quedó en un desencuentro total. Nuestro objetivo era abolir la ley 15/97 y la ministra Darias plasmó su espíritu en su supuesta ley de equidad para el sistema sanitario, que era más bien una ley de inequidad”, explica Botejara. Se refiere al Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que entró en el Congreso en junio de 2022, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros. Una ley “Frankestein” que contenía muchos aspectos, entre ellos, la privatización sanitaria. En su artículo 47, el texto refleja que de forma “excepcional, justificada y motivada”, y “solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud”, las administraciones podrán establecer conciertos con empresas privadas. Desde Unidas Podemos denunciaban que esa “excepcionalidad” establecida de manera ambigua podría convertirse en norma en comunidades de tendencia privatizadora como Madrid o Catalunya.

Informan también desde Podemos que quisieron introducir una regulación para la reversión a lo público de los servicios privatizados, siguiendo el camino de desprivatización de Alzira o del Hospital de Torrevieja en la Generalitat Valenciana. El PSOE tampoco habría aceptado esta posibilidad. “Cuando el Hospital de Alzira volvió a ser público,  la Administración tuvo que contratar a 400 profesionales. El hospital estaba trabajando con un gran déficit de personal. Todo eso hay que inspeccionarlo e intentar revertirlo”, expresa Botejara.

“Mónica Díaz ha defendido la sanidad pública por encima de todo y esto pasa por decir no a la privatización. Sin la presión de la sociedad en política es difícil modificar las cosas”

Los planes de Unidas Podemos era ganar sus propuestas en el trámite de enmiendas. Pero ahí se quedó varada esta norma que, antes del adelanto electoral, no superó el escollo del desencuentro. “Mónica García ha defendido la sanidad pública por encima de todo y esto pasa por decir no a la privatización. Sin la presión de la sociedad en política es difícil modificar las cosas, pero si hay una presión importante y un compromiso político de que esto hay que llevarlo a cabo, se puede hacer. Fácil no es, a Carmen Montón —cuando fue consejera de sanidad en la Generalitat— le costó mucho revertir Alzira, pero para eso se están política”, sentencia la responsable del área de sanidad de Podemos.

Herencia de Aznar

Para deshacer el nudo de la privatización sanitaria hay que remontarse a finales de los 80, cuando la ley General de Sanidad 14/1986 del PSOE estableció en sus artículos 66, 67 y 90 las bases para que los hospitales privados fueran vinculados al Sistema Nacional de Salud “cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen”. Luego llegaría la Ley 15/1997 que directamente establece nuevos modelos de gestión entre los que estarían las concesiones público-privadas.

Ángeles Maestro, médica, técnica superior de salud pública y exdiputada de IU en el Congreso asistió a la aprobación de esta ley que contó con el beneplácito de todo el arco parlamentario excepto su partido y el BNG. “IU junto a BNG fuimos los únicos que votamos en contra. El PP podía haber sacado la ley solo pero el plus de legitimación que le dio el PSOE fue enorme”, expresa Maestro, para quien blindar la sanidad pública es un “asunto de primer orden”. “Hay un binomio que funciona uno con otro: deterioro de la sanidad y privatización. La participación cada vez mayor de la empresa privada en el presupuesto sanitario tiene como condición que la sanidad no funcione”, expresa Maestro.

“El gasto en conciertos ha aumentado en todo el país un 8,98% en 2021 respecto a 2019 cuando el presupuesto lo hizo solo un 7,78%”, alertan desde FADSP

Una tendencia que habría que revertir. El último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) indica que la pandemia ha sido aprovechada por varias comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, en lugar de para reforzar la sanidad pública, para profundizar esta deriva privatizadora del sistema sanitario. “Un buen ejemplo es el gasto en conciertos, que ha aumentado en todo el país un 8,98% en 2021 respecto a 2019, cuando el presupuesto lo hizo solo un 7,78%”, alertan.

“Desde la Consejería de Sanidad de todo signo político se planifica el desmantelamiento de la sanidad pública. No solamente no se ha invertido la tendencia tras la pandemia, sino que se ha intensificado”, expresa Maestro, quien recuerda como el exministro de Sanidad Salvador Illa celebró unas jornadas sobre la sanidad del futuro hablando de la colaboración público-privada con la presencia de Ribera Salud entre los organizadores del evento. 

Hasta un 360% más caro

Un informe de Audita Sanidad sobre la Fundación Jiménez Díaz, la entidad gestionada por Quirónsalud que se lleva el grueso de las derivaciones en la Comunidad de Madrid, indica que la externalización de servicios tiene una consecuencia negativa muy importante: los amplios sobrecostes. Así el gasto de un servicio como la cirugía mayor ambulatoria es superior en un 390% al coste medio en el resto de hospitales públicos de su tamaño.

“Existen estudios científicos que demuestran que construir un hospital con una colaboración público-privada, supone entre seis o siete veces más que con recursos públicos”, expresa Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad y alerta de una nueva amenaza: el aterrizaje de los fondos de inversión en este negocio, para lo que invita al nuevo ministerio de Sanidad a regular su entrada. “De los siete hospitales que hay en Madrid de modelo PFI (Private Finance Iniciative), hay cinco que el 100% del accionariado de las empresas adjudicatarias lo han vendido a fondos de inversión. Hay que establecer normativa que impida el papel de los fondos de inversión en el ámbito de los sectores básicos para la ciudadanía”.

“Cualquier ley tendrá que pasar por los 179 diputados que han prestado su apoyo. Y no hay que olvidar que PNV, Coalición Canaria y Junts tienen planteamientos privatizadores”

Losada indica que, para acometer estos cambios, la correlación de fuerzas en el arco parlamentario no es la más idónea. “Cualquier ley tendrá que pasar por los 179 diputados que han prestado su apoyo. Y no hay que olvidar que PNV, Coalición Canaria y Junts tienen planteamientos privatizadores. De acuerdo a esta correlación de fuerzas sería difícil eliminar las privatizaciones. Hay 179 votos, pero para conseguir estas cuestiones, hay opciones claramente de derechas que no creemos que admitan la posibilidad de unas normas legales que impidieran la privatización”.

Mientras tanto, advierte Ángeles Maestre, cualquier incremento presupuestario es una “trampa”. “Aumentar la financiación de la sanidad pública es una trampa, porque si la gestión la tiene la empresa privada ellos se frotan las manos. El aumento de la financiación de la sanidad pública manteniendo el control de la sanidad en manos privadas es un brindis al sol que acaba por beneficiar a los que están  parasitándola”, zanja.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Foto portada: Mónica García en una entrevista para El Salto durante la última campaña electoral autonómica | Álvaro MInguito

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